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CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a Jueves 23 de Mayo de 2013.- (Agencias).- El gobierno de Felipe Calderón (presidente mexicano de 2006 a 2012) hizo caso omiso de los indicios de violaciones generalizadas de derechos humanos, denunció Amnistía Internacional (AI) en su Informe Mundial Anual 2013.
De acuerdo a lo que publica la web Animal Político, en el pasado gobierno mexicano se ignoraron también las detenciones arbitrarias, las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales “cometidas por fuerzas policiales y de seguridad”.
Más de 60 mil personas murieron y 150 mil se convirtieron en desplazadas por consecuencia de la violencia asociada a las drogas durante el sexenio de Felipe Calderón, recordó Amnistía Internacional.
“Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas fueron responsables de la gran mayoría de homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en connivencia con funcionarios públicos”, citó el medio la denuncia de AI en su informe en lo que se refiere a México, donde además acota que el sistema de justicia penal durante el gobierno de Calderón seguía adoleciendo de “graves deficiencias” que generaban que el 98 por ciento de los delitos quedara impune.
Más de 60 mil personas murieron y 150 mil se convirtieron en desplazadas por consecuencia de la violencia asociada a las drogas durante el sexenio de Felipe Calderón, recordó Amnistía Internacional.
Sobre Seguridad Pública, “el gobierno se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales”, señaló la ONG, que acotó que además, en el último año del gobierno de Calderón “se recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios”, citó Animal Político.
En ese tiempo, además, de acuerdo a AI, la población indígena “corría un especial peligro de ser sometida a procedimientos penales injustos”, además de que los migrantes que transitaban por México en su paso a Estados Unidos “fueron víctimas de ataques tales como secuestros, violaciones y trata de personas”.
Otra mención se hizo sobre los ataques y asesinatos contra periodistas y activistas de derechos humanos durante la gestión pasada.
Por otro lado, la versión digital del periódico mexicano Excélsior informó que el ex presidente mexicano se incorporó al Consejo de Administración del World Resources Institute (WRI), Instituto Mundial dedicado al medio ambiente y sustentabilidad.
“Es un honor unirme al consejo del World Resources Institute, que busca conciliar el desarrollo y el medio ambiente”, dijo el exmandatario mexicano a través de su cuenta de Twitter.
La organización sin fines de lucro, fundada en 1982, destacó de Calderón el ejemplo en materia de sustentabilidad durante su gestión, enmarcado en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y el desarrollo de programas de ahorro de energía, apuntó
Amnistía Internacional (AI) denunció en su informe sobre Derechos Humanos en 2013 que las autoridades de México siguieron ignorando "indicios fehacientes" de "violaciones generalizadas" de esos derechos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad.
Al precisar tales excesos AI cita "detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas".
Según el informe, "durante los seis años de (Felipe) Calderón en la presidencia más de 60 mil personas murieron y 150 mil se convirtieron en desplazadas por la violencia asociada a las drogas".
Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas, agrega, "fueron responsables de la mayoría de homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en connivencia con funcionarios públicos".
Respecto a la administración de justicia añade que el "sistema de justicia penal seguía adoleciendo de graves deficiencias y el 98 por ciento de los delitos quedaban impunes".
No obstante, la Suprema Corte de Justicia "dictó fallos innovadores que incorporaban obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas restricciones a la jurisdicción militar".
El Gobierno anterior "se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales. La impunidad era generalizada por lo que el resarcimiento" a las víctimas "era escaso o inexistente".
Amnistía Internacional presentó su Informa Mundial Anual 2013 de las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "recibió mil 921 denuncias contra las Fuerzas Armadas y 802 contra la Policía Federal".
Además, "se recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, tortura y malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios". La CNDH recibió mil 662 denuncias de este tipo durante el año.
El texto cita detalladamente casos de excesos por parte de los agentes públicos.
Amnistía cita un informe de la Procuraduría General de la República que indicó que durante el Gobierno anterior "se había tenido noticia de al menos 25 mil secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido en todo el país".
La "mayoría de esos secuestros era obra de bandas delictivas", agrega.
Ante la presentación del Informa Mundial Anual 2013 de las violaciones a los derechos humanos, en el capítulo sobre México, Amnistía Internacional detalló que durante el sexenio del expresiente Felipe Calderón más de 60 mil personas murieron y 150 mil se convirtieron es desplazadas a causa de la violencia asociada a las drogas.
Ante la presentación del Informa Mundial Anual 2013 de las violaciones a los derechos humanos, en el capítulo sobre México, Amnistía Internacional detalló que durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón más de 60 mil personas murieron y 150 mil se convirtieron es desplazadas a causa de la violencia asociada a las drogas.
Asimismo, el gobierno de Felipe Calderón continuó haciendo caso omiso de los indicios a violaciones de derechos humanos generalizadas, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad.
De acuerdo con AI, los cárteles de la droga y otras bandas delictivas fueron responsables de la gran mayoría de los homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en connivencia con funcionarios públicos.
El sistema de justicia penal seguía adoleciendo de graves deficiencias, y el 98 por ciento de los delitos quedaban impunes. La población indígena corría un especial peligro de ser sometida a procedimientos penales injustos.
Los migrantes en tránsito fueron víctimas de ataques tales como secuestros, violaciones y trata de personas. Varios periodistas y activistas de derechos humanos fueron asesinados, atacados o amenazados. Se estableció por ley un mecanismo de protección para periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
La violencia contra mujeres y niñas era generalizada. Persistió la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó fallos innovadores que incorporaban obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas restricciones a la jurisdicción militar.
El nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto firmó un pacto con otros partidos políticos, que incluía algunos compromisos en materia de derechos humanos, y se comprometió a luchar contra los índices persistentemente altos de pobreza.
En cuanto a Detención arbitraria y tortura, AI informó que se recurrió de forma generalizada a estos actos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló haber recibido mil 662 denuncias de tortura y malos tratos durante el año; no se impusieron condenas por tortura durante 2012.
Asimismo la CNDH registró al menos 25 asesinatos de transeúntes en enfrentamientos armados entre bandas delictivas y las fuerzas de seguridad. No se llevaron a cabo investigaciones completas sobre la gran mayoría de ellos, lo que impidió que se identificara a numerosas víctimas, que se aclararan las circunstancias en que se produjeron los asesinatos y que se procesara a los autores.
En diciembre, un informe filtrado de la Procuraduría General de la República indicó que durante el gobierno del presidente Calderón se había tenido noticia de al menos 25 mil secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido en todo el país.
La mayoría de los secuestros eran obra de bandas delictivas, pero en algunos casos también estaban implicados funcionarios públicos. La CNDH estaba investigando dos mil 126 casos de presunta desaparición forzada.
Según la CNDH, había al menos 15 mil 921 cadáveres sin identificar y se habían exhumado más de mil 400 restos de fosas comunes clandestinas.
En lo referente a los pueblos indígenas, AI puntualizó que estos continuaron sufriendo un alto grado de exclusión y discriminación, y su acceso a numerosos servicios básicos era limitado.
La violencia contra las mujeres y las niñas, que incluía palizas, violaciones, secuestros y asesinatos, era generalizada en numerosos estados. La legislación para prevenir y castigar la violencia no se aplicó de forma efectiva, y la formación que recibían los funcionarios sobre el modo apropiado de abordar los delitos por motivos de género tampoco se supervisó adecuadamente para garantizar el cumplimiento de dicha legislación.
Finalmente, de acuerdo con AI, en agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó una serie de casos para determinar los límites del sistema de justicia militar.
Previamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado cuatro sentencias sobre esta cuestión, y en julio de 2011 habían entrado en vigor reformas constitucionales en materia de derechos humanos que establecían la obligación de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos.
La SCJN falló que el sistema federal de justicia civil debía ocuparse de los casos de militares implicados en delitos comunes, incluidas violaciones de derechos humanos, que no estuviesen relacionados específicamente con la disciplina militar.