por Octavio N. Cervantes

Ciudad de México.- El doce de febrero, Enrique Peña Nieto anunció ante un largo puñado de jóvenes, priistas y miembros de su gabinete federal, al que suele adherir en sus múltiples entregas de programas y ejercicio de recursos, la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia.

En esa ocasión, Peña justificó el acompañamiento de todo el equipo federal, pues advertía que formaban partes de dicha Comisión, con la intención de "alinear e integrar los esfuerzos institucionales del Gobierno de la República, para actuar con eficacia y dar mejores resultados".

"La prevención social de la violencia y el delito dejan de ser sólo un propósito, el propósito de una sola institución, y se convierte en una responsabilidad compartida, en un primer orden, por nueve Secretarías del Gobierno de la República", adelantaba en ese encuentro.

Dado que en la actualidad la seguridad es ya uno de los retos mas desafiantes para el gobierno en cualquiera de sus órdenes, es propicio mirar en lo que Peña señaló: "sirva a combatir la delincuencia, la violencia; debe ser rescatado y debemos lograr una articulación, una real articulación a través de una efectiva coordinación de esfuerzos en todos los niveles de Gobierno, y con la sociedad en su conjunto".

Según datos del Tecnológico de Monterrey, las denuncias por delitos de orden común llevadas a cabo por las Procuradurías de Justicia estatales, se incrementaron en la década pasada, especialmente en 2008, cuando en México se registraron 11.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que colocó a México en el lugar 18 de un total de 153 países evaluados.

Dicha cifra, y continuando con las muestras presentadas por el Tec de Monterrey, se elevaron a 17.9 homicidios para 2010, tres años antes de que el presidente Peña reconociera

Pero antes de que el presidente Peña tuviera la ocurrencia de implementar este plan, en enero de 2012, la Cámara de Diputados daba a conocer la ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, documento integrado por 30 artículos y siete capítulos.

En este se hablaba ya de la intersectorialidad y transversalidad, la cual "consiste en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo". Dicha herramienta constitucional, es de la que se está valiendo Peña Nieto para la presentación de su programa de 118 millones de pesos.

Pero de estos 118 mmdp, Presidencia desconoce el gasto segmentado del presupuesto. A través de una solicitud de transparencia, fuentes de la residencia oficial de Los Pinos, aseguran que esto compete a la Secretaría de Hacienda, por lo que el anuncio del uso de un presupuesto millonario, tal vez fue una cifra adelantada del ejecutivo federal, pues de todas las dependencias federales que participaran en el Plan, se desconoce cuál es el presupuesto al que tienen acceso.

"La jefatura de la oficina de la Presidencia no es la unidad administrativa competente para atender dicha solicitud, por lo que se sugiere orientar al solicitante a que acuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como posible fuentes de información", respondió Presidencia a través del oficio OPR-CRAI/074/2013.

Acupuntura social contra la delincuencia Durante la presentación en febrero de las bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se comenzó a hablar de la atención urgente que necesitaban 57 demarcaciones del país (48 municipios, dos delegaciones del D.F. y siete zonas metropolitanas) a través de "acupuntura urbana y focalización".

Dicha propuesta de acupuntura, son calificadas como prioritarias en los municipios donde se aplicará el Plan de prevención. Pero ¿qué es la acupuntura que plantea la Secretaría de Gobernación?

De acuerdo a la secretaría, "la intervención en estos municipios se orientará mediante la estrategia de Acupuntura Socio-Urbana, que tiene por objetivo generar un equilibrio en la ciudad, mediante efectos positivos que se expresan en el equipamiento de edificios, proyectos urbanos y nuevas pautas y hábitos de convivencia, cooperación y solidaridad".

Para el subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Roberto Campa (antes candidato presidencial por Nueva Alianza, ahora integrante de un gabinete priista), dicha acupuntura involucra desde el equipamiento de edificios, hasta el financiamiento de proyectos urbanos; incluso la ejecución de nuevas prácticas y hábitos de convivencia, cooperación y solidaridad en las colonias o polígonos más peligrosos del país.

"Cada demarcación requiere un programa puntual, un traje a la medida, comenzamos con estos trajes", indicó en otra ocasión Campa al tiempo en que reconoció que en la primer etapa del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, "estamos trabajando con distintos niveles de información que tenía el Centro de Prevención del Sistema Nacional de Seguridad Pública con información de delitos, con información de otras secretarías como Desarrollo Social y también () de los gobiernos estatales y municipales".

En este punto es necesario recordar el presupuesto millonario que lanzó al aire el presidente Peña de 118 mmdp, pues sobre la administración de recursos en la implementación de este programa, Campa asegura que con tal de mantener el "programa a salvo", se blindará una bolsa de 2,000 mdp. Cifra por demás inferior a los 118 mmdp planteados por Peña.

57 demarcaciones en estado de emergencia ¿Usted vive en Aguascalientes, Mexicali, Tijuana, La Paz, Campeche, Carmen, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Juárez, Saltillo, Colima, Manzanillo, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Durango, Celaya, León, Acapulco de Juarez, Chilpancingo de los Bravo, Zihuatanejo de Azueta, Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Toluca, Morelia, Uruapan, Cuautla, Zona Metropolitana de Cuernavaca, Tepic, Zona Metropolitana de Monterrey, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec, Puebla, Tehuacán, Zona Metropolitana de Querétaro, Benito Juárez, Othón P. Blanco, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Culiacán, Ahome, Cajeme, Hermosillo, Centro, Nuevo Laredo, Victoria, Tlaxcala, Calpulalpan, Zona metropolitana de Veracruz, Xalapa, Mérida, Zona metropolitana de Zacatecas o Fresnillo? De ser así, su municipio es parte de "los trabajos de los tres órdenes de gobierno, donde se Implementarán los programas en conjunto con las autoridades estatales, municipales, sociedad civil y ciudadanos para la atención de las problemáticas locales".

De acuerdo a las cifras con que el gobierno justifica la selección de estas "demarcaciones", esto se debe a que en todos ellos viven 42 millones de mexicanos, representan el 40% de la población nacional, 33.4% de sus habitantes viven en situación de pobreza y de ellos, 4.4% en condiciones de pobreza extrema.

En estos lugares además, habitan aproximadamente doce millones de jóvenes (15-29 años) y en la última década, tuvieron en conjunto un crecimiento nominal de 18% en el número de homicidios que censa el INEGI como parte de sus tareas.

Entre los únicos que se han mostrado afables al Plan de Prevención Social del Delito, está la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien se jacta de ser el único organismo empresarial invitado a participar en la ejecución del Programa Nacional. Su intención, dicen, es la "de mantener la visión social en la prevención y combate al crimen, especialmente para con los jóvenes y niños, con la siguiente generación de mexicanos".

De acuerdo a la Confederación, el 35% de los delitos en México los cometen jóvenes menores de 25 años. "No podemos seguir manteniendo esta paradoja en la que los jóvenes son víctimas y generadores de violencia".

"Creemos que la mejor contribución del sector empresarial a la prevención del crimen es la creación de más y mejores empleos; generando condiciones de seguridad social para los empleados; realizando inversión comunitaria con responsabilidad social, manteniendo nuestra vocación permanente de formación en valores para todos nuestros trabajadores", aseguran; ahora falta que el gobierno concrete una verdadera estrategia, donde se deje de pluralizar la responsabilidad de las secretarías federales, para lograr la individualización de responsabilidades y la esquematización de resultados.