El diputado del PAN Óscar Arce Paniagua calificó como "un error jurídico", la toma de protesta a Julio César Godoy Toscano como diputado federal, de parte del presidente de la mesa directiva de San Lázaro, el diputado federal priista por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Indicó que el hecho constituye el primer error en la conducción de la mesa directiva a cargo de Ramírez Marín. Es un resbalón jurídico y político, pues Godoy Toscano tiene vigente una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.

El legislador, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, argumentó que "no comparte la decisión tomada por el presidente de la cámara", porque Godoy es un hombre que tiene pendientes con la justicia, a la cual deberá rendir cuentas.

Agregó que la actuación de Ramírez Marín pone en duda la reforma constitucional que nos llevó décadas conseguir a los mexicanos y que contempla, en su artículo 99, que la institución que resolverá los conflictos en torno a los derechos políticos de los ciudadanos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Mencionó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), previamente en sentencia firme, le negó a Godoy Toscano la toma de protesta, en virtud de que tenía pendiente de ejecutarse una orden de aprehensión por un ilícito calificado como delito grave.

"Una suspensión dictada por un juez de distrito, curiosamente de Michoacán, fue suficiente para que se procediera a tomarle protesta", criticó Arce Paniagua, vicecoordinador jurídico de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Aclaró que dicha suspensión corresponde sólo a sus derechos políticos y no al fondo del asunto por el cual se le acusa, que es delincuencia organizada.

Por ello, dijo, se revisarán las reformas, especialmente las del fuero, tema del cual presentó una iniciativa al inicio de la Legislatura y que indica precisamente que en delitos graves u órdenes de aprehensión, se tendrá que poner a disposición del juez a diputados sin que exista Juicio de Procedencia.

Arce Paniagua consideró que este tema va a lastimar aún más la credibilidad de la Cámara de Diputados, ya que es difícil que la ciudadanía acepte que funja como su representante una persona acusada de delincuencia organizada, precisamente por los daños causados al tejido social.