Austin Ruse, presidente de Catholic Family and Human Rights Institute, explicó cómo aquellos que deberían ser guardianes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que es pro-vida), en su lugar, la están minando al promover el aborto y los derechos sexuales. El tratado explícitamente obliga a las naciones a proteger la vida humana a partir del momento de la concepción, agregó.

Una comisión internacional comprometida con la promoción y la protección de los derechos humanos en las Américas recientemente publicó dos informes que desafían las leyes que amparan la vida desde la concepción en América del Norte y del Sur. Un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos niega a los médicos el derecho a oponerse a conciencia a practicar un aborto, mientras que otro recomienda la demanda judicial nacional para legalizar el aborto.

Los informes fueron elaborados por una de las funcionarias influyentes de la comisión, Luz Patricia Mejía, quien se desempeña como Relatora Especial sobre los Derechos de las Mujeres. Según Ligia de Jesús, profesora auxiliar de la Ave Maria School of Law, la agresiva defensa de intereses en nombre de la legalización del aborto ha sido una característica distintiva de su función como Relatora Especial desde su elección en 2008.

Dentro del sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos están hechas para defender los principios inscritos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Convención es explícitamente pro-vida y establece: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

En vez de defender el derecho humano a la vida garantizado por la Convención, los informes reflejan las opiniones personales y la influencia de la comisionada Mejía, quien ratifica su propia agenda en vez de proteger el propósito original de la Convención.

En un informe titulado Acceso a la información en materia de salud reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos, Mejía vincula el llamado derecho al aborto con el derecho a la información al afirmar que el derecho de una mujer a acceder a información sobre servicios de salud reproductiva peligra cuando un médico deniega los servicios de aborto a una paciente. Para respaldar su afirmación, Mejía cita un caso del Tribunal Constitucional de Colombia, que legalizó el aborto en 2008 y afirma falsamente que este confirma que vedar a las mujeres el acceso al aborto es lo mismo que impedirles obtener información sobre los servicios de salud reproductiva.

Aunque la Comisión es sólo un órgano cuasi-judicial cuyos informes y resoluciones no son vinculantes en el derecho internacional, organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) peticionaron ante ella en el pasado con la esperanza de que esta elaborara un informe que recomendara la inmediata legalización del aborto en Latinoamérica, según la profesora de Jesús.

Uno de estos casos fue presentado por el CDR ante la Comisión en 2002, en representación de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, quien a los 14 años de edad recibió autorización legal para practicarse un aborto en México, debido a que su bebé había sido concebido durante un ataque sexual. El CDR sostuvo, y la Comisión estuvo de acuerdo con ello, que el asesoramiento pro-vida que ella había recibido y que la condujo a conservar a su bebé constituyeron una intromisión indebida en el supuesto derecho de la niña embarazada a abortar.

Informes como aquellos publicados por Mejía intentan propiciar que la Comisión respalde los esfuerzos de agrupaciones como el CDR con el objetivo de sancionar un derecho internacional al aborto donde no lo hay.