El ex alcalde de Progreso, ex diputado y actual coordinador de la campaña de Rolando Zapata Bello, Enrique Magadan Villamil, cometió fraude contra el patrimonio de los progreseños, al vender dos hectáreas de terrenos, en seiscientos mil pesos, cuando el valor comercial de esos terrenos, rebasa los tres millones de pesos.

Acta del cabildo de Progreso

Los documentos certificados demuestran que si se vendió dicho terreno, ubicado en el parque industrial Yucalpetén, que la venta fue aprobada en sesión del cabildo progreseño, que los entonces regidores sabían de que se trataba la operación y al conocer esto, fueron cómplices del entonces alcalde y la operación fue asentada en el catastro, siendo el dueño anterior el Ayuntamiento 2004-2007, habiéndolo vendido a la Sociedad Mercantil VANTECH LTD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que era la encargada de reciclar la basura en Progreso, cosa que nunca hizo. El director general de esta empresa era Jesús Vásquez Chabolla.

El ayuntamiento de Progreso se volvió cómplice de éste (Vázquez Chabolla) al permitir que desbaratara su nave que se encontraba en el predio mencionado y por no fincarle responsabilidades penales por el daño al medio ambiente que heredaron los habitantes del puerto de Progreso.

Denuncia en contra del coordinador de la campaña de Zapata Bello

Magadan uno de los coordinadores de campaña del candidato priista a la gubernatura, Rolando Zapata Bello, podría ser denunciado por enriquecimiento ilícito y delitos contra los servidores públicos, evasión fiscal, despojo, uso indebido de recursos públicos, abuso de confianza y pedirse su inhabilitación, juicio político. Lo mismo podría suceder con los funcionarios que estuvieron en su administración municipal (2004-2007) y que gozan actualmente de buenos puestos públicos en el gobierno del estado de Yucatán.

Acta del cabildo de Progreso que aprueba la venta de dos hectáreas de terreno a un precio menor del real

Los cómplices de Magadan, (actúales funcionarios públicos), porque no actuó solo, son: Luís Enrique Castro Heredia ex tesorero de su administración, que actualmente funge como director de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del gobierno del estado, Emilia Concepción Almeida Estrada, que fuera secretaria del ayuntamiento en el trienio 2004-2007, Ana Laura Rihani González (QEPD) quien fuera regidora de vigilancia y directora del Cobay Chicxulub Pueblo, también con cargo en el PRI estatal, José Manuel Encalada Rodríguez, quien fuera regidor de desarrollo Urbano y Obras Publicas y actualmente se desempeña como jefe de la unidad de calidad de la secretaría de obras publicas, Martín Baltasar Cob Rodríguez, que fuera regidor de administración, José Delfio Ayala Nah, que fuera regidor de participación y Justino Marrufo Tejera, que fuera regidor de seguridad pública.

Los regidores fueron cómplices al avalar la venta de los terrenos

Delito ambiental

Como se recordará organizaciones no gubernamentales acusaron a la Profepa y a su titular, Patricio Patrón Laviada, de complicidad en un caso de ecocidio cometido por una empresa con presunta tecnología rusa, Vantech, que en vez de transformar la basura de la costa de Yucatán en materiales de construcción, la enterró de manera clandestina en la zona de reserva de humedales de la región.

Hace cinco años, se presentó la denuncia por el hallazgo de toneladas y toneladas de basura enterrada en la duna costera del municipio de Progreso, principal puerto de Yucatán, pero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue acusada de retardar el procedimiento administrativo y de no multar y obligar al encargado legal de la empresa Vanguardia Tecnológica (Vantech), José Jesús Vázquez Chaboya, a retirar los desperdicios.

Los regidores no pueden alegar ignorancia de los hechos

Vázquez Chaboya contó con la complicidad y sociedad del entonces alcalde de Progreso y luego diputado, Enrique Antonio de Jesús Magadán Villamil.

Desde julio de 2007 se tuvieron los primeros reportes de las acciones de Profepa en el caso de la empresa que ante el Ayuntamiento de Progreso se denominó Sociedad Mercantil Vantech LTD Sociedad Anónima de Capital Variable, cuando se clausuró el basurero clandestino.

Días después, se descubrió que el encargado legal de la empresa responsable de la recolección y procesamiento de los residuos sólidos generados en Progreso, enterró la basura en tres puntos de la duna costera, a unos metros de los humedales, en el Parque Industrial Pesquero de Yucalpetén.

Apoyo de Conacyt

La molestia de los ambientalistas se renovó luego de que el Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología (Conacyt) consideró a Vantech, la empresa ecocida, para entregar dos millones 469 mil 320 pesos correspondientes a un proyecto ecológico.

Certificación de la compraventa de los terrenos

Curiosamente, el proyecto se denominó Desarrollo e implementación de tecnología limpia y demostración de la inocuidad de los productos generados a través de la puesta en marcha de una planta piloto y prototipo experimental para el tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos, con duración de 16 meses.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se deslindó del polémico caso de la empresa Vanguardia Tecnológica (Vantech LTD), a la que se entregarían 2.5 millones de pesos para el desarrollo de un proyecto de innovación tecnológica que fracasó en 2007.

La entonces delegada de la región Sureste del Conacyt, María Antonieta Saldívar Chávez, se hizo a la desentendida sobre el presunto fraude que se dijo pretendieron cometer el director de la Coordinación Metropolitana (Comey) y el encargado legal Vantech, José Luis Blanco Pajón y José Jesús Vázquez Chabolla, respectivamente.

Cédula catastral que acreditaba la propiedad de los terrenos de parte del municipio de Progreso

La funcionaria se puso nerviosa al ser cuestionada pues tras tropezar con el micrófono de una televisora durante una rueda de prensa, en numerosas ocasiones tartamudeó hasta que finalmente dijo desconocer lo referente al caso.

Con su actitud la funcionaria se negó a recordar que desde un principio reprobó la actitud de Vantech y que el propio Conacyt se comprometió a que se encargaría de impedir la entrega de dos millones 469 mil 320 pesos a la empresa ecocida, cifra destinada para el desarrollo del proyecto Desarrollo e implementación de tecnología limpia y demostración de la inocuidad de los productos generados a través de la puesta en marcha de una planta piloto y prototipo experimental para el tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos.

La operación se registró ante el catastro progreseño

Ivonne preside la entrega de apoyos

El 10 de abril de 2010, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco presidió la firma de Convenios para la Ejecución de Estudios Metropolitanos, y se entregaron 27 millones de pesos a los 12 proyectos que aprobó el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación del Conacyt, entre ellos el de la empresa Vantech.

Días después, el secretario administrativo de Fomix, Tomás González Estrada, afirmó que el proyecto estaba autorizado, pero aún no se entregaba el dinero correspondiente, por lo que se podía cancelar en dado caso de detectar anomalías.

El también director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado (Concytey) aclaró que la Comisión de Evaluación (Comeval) del Fomix es la única institución que determinará la continuidad del proyecto ya aprobado o su cancelación, puesto que hasta el momento no se liberaba el respectivo recurso.

Plano de los terrenos, ubicados en el parque industrial Yukalpetén

Durante 2006, Vantech enterró toneladas de basura en la duna costera de Progreso, anomalía que fue detectada al año siguiente, motivo por el cual, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le impuso una multa que hasta hoy se niega a pagar.

Lo peor del caso es que la basura sigue enterrada en la duna costera afectando gravemente los humedales y la costa de Progreso, y hasta el momento, Vantech también se niega a sacarla.

Más aún, Vantech es una empresa fraudulenta que con la complicidad del entonces alcalde y luego diputado Enrique Magadán Villamil, se apropió de un predio municipal el cual pagó con un cheque de hule, carente de fondos, sin que el Cabildo reclamase la reincorporación del mismo.

Alcaldesa de Progreso evade a la justicia federal

La alcaldesa de Progreso, Reina Quintal Recio, fue citada a declarar por la Procuraduría General de la República, pero no hizo acto de presencia ni en las instalaciones centrales en la ciudad de Mérida ni ante el Ministerio Público Federal en el principal puerto de Yucatán.

La operación causó un quebranto patrimonial al municipio de Progreso

Reina Quintal dejó sin respuesta las investigaciones en torno a la apertura clandestina del basurero municipal, clausurado en 2007 por la Profepa, pero reabierto en varias ocasiones por órdenes de la munícipe, incluso para el quemado de basura a cielo abierto.

Adicionalmente, ordenó llevar los desperdicios de la ciudad a las instalaciones de lo que debió ser la Planta de Tratamientos de Aguas Negras, lo que se convirtió en un embudo directo de putrefacción hacia el manto fréatico.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Progreso tenía convenio con el Ayuntamiento de Mérida para que se aceptara la basura costeña en el relleno sanitario de la ciudad capital, pero por no pagar la cuota correspondiente por vehículo, Reina Quintal permitió diversas irregularidades.

En el terreno adjudicado ilegalmente a Vantech durante el trienio de Magadán Villamil fueron descubiertas toneladas de basura enterradas, sin que el ayuntamiento interpusiera la queja correspondiente.

Incluso, el terreno no fue reclamado por el ayuntamiento, pese a que el cheque depositado por Vázquez Chabolla resultó igual que su empresa, simple ilusión fomentada por el entonces alcalde Magadán Villamil, pues nunca tuvo fondos bancarios para su canje.

Según el acta de denuncia en contra de Reina Mercedes Quintal Recio, los motivos para considerarla delincuente ambiental son los siguientes:

Autorizó que los desechos de los habitantes del municipio de Progreso fueran depositados en un basurero clausurado, haciendo a todas luces una violación al medio ambiente y leyes federales,
Dicho basurero se clausuró por que se consideró que no era apropiado el almacenamiento de basura, por estar dañando y contaminando la fauna, flora y todo el ecosistema, como también la calidad del agua

En la misma denuncia se señala las toneladas de basura enterradas en los humedales de Yucalpeten y un basurero clandestino ubicado en los manglares de chelem cercanos a la instalación de la empresa Vantech LTD SA de CV.

En ese entonces, fungía como director de Ecología Municipal Ariel Sosa Méndez, polémico representante del IVEY en la zona costera en Progreso, acusado por vecinos del fraccionamiento Ciénaga 2000 Oriente y Brisas del Sol por venta de terrenos que deberían de ser para áreas verdes. Tambien fue señalado por utilización de la dependencia estatal para tramites de terrenos para fines políticos. En los siguientes días fue ratificado como jefe de campaña del PRI para la candidata a la alcaldía de Progreso, siempre bajo el manto de Magadán Villamil.

Adicionalmente, los vehículos de la administración 2007-2010 se utilizaban para recoger la basura que legalmente le correspondía a la empresa Vantech.Para ello buscó socios, entre ellos Rodolfo Rosas Moya, de la PROMotora VIVEYUC S.A. de C.V.

Este proceso inició en 2005 con la venta a VANTECH de más de dos hectáreas que se encuentran en la zona industrial Yucalpeten. Magadán Villamil se propuso comprar terrenos a la CORETT, pensando que nadie se iba a enterar de la compra y venta. El caso del terreno de dos hectáreas de Vantech era otra incógnita sujeta a litigio.

Al parejo de eso, hizo una campaña para que en Progreso se construyera una plataforma de despegue para naves espaciales, así el ayuntamiento tendría que tener terrenos y estos se encontraban ubicados en la comisaría de Chelem Puerto.

De este modo, el Ayuntamiento de Progreso en el periodo 2004-2007 compró los primeros 19 predios que sumaban 12 hectáreas, según la respuesta que dio el director Jurídico del Municipio, Lic. Gustavo Adolfo Gonzalez Rangel, a la Unidad Municipal de Acceso la Información Pública municipal, en el oficio 067/2008 de fecha 13 de mayo del 2008.

Esos predios, según los datos aportados por el propio jurídico de la actual administración del H. Ayuntamiento de Progreso Lic. Gustavo Adolfo González Rangel, pasaron a manos del la PROMOTORA VIVEYUC, que al parecer también participó en la venta y es presunto cómplice de despojo de bienes a Progreso.

Magadán Villamil ha realizando acciones para beneficio personal haciéndolas presentar como si fueran para beneficio colectivo. Habría que preguntarle si se fusiló el proyecto de la plataforma de despegue de naves espaciales.

El despojo de Bienes inmuebles a Progreso no lo hizo solo: tuvo cómplices para este mega proyecto, tales como la ex secretaria de la Comuna Emilia Concepción Almeida Estrada, los ex regidores José Delfio Ayala Nah, José Manuel Encalada Rodríguez, ex alcalde y regidor; Justino Marrufo Tejera y Martín Cob Rodríguez.

Todos ellos se encuentran inmiscuidos en situaciones donde, aparecen como cómplices y podrían ser inhabilitados como servidores públicos, juicio político, así como ser sujetos de proceso penal.

Sin olvidar al mas importante: su ex tesorero Luís Castro Heredia y su pareja de negocios José Manuel Bentata Muñoz. Magadán tiene a gente de confianza para que le administren este y otros proyectos irregulares. Anteriormente, utilizó a su propio hijo como prestanombres al adjudicarle predios de los que se apropió a través de un negocio de agiotismo. Esto le ocasionó problemas familiares al descubrirlo el abuelo materno del joven.

José Manuel Bentata, quien como director de una empresa de turismo cometió fraude al matar a uno de sus empleados para cobrar el seguro de vida, se desempeñó como director de Gobernación en el trienio de Enrique Magadán y está vinculado en un fraude de poco más de 100 mil pesos que se cometió en la tesorería, entonces a cargo de Luís Castro Heredia.

Promotora VIVEYUC S.A. de C.V., en la cual Rodolfo Rosas Moya es socio mayoritario, tiene asuntos pendientes en el estado de Quintana Roo, también relacionados con la compra irregular de terrenos. Al parecer también es socio de dicha empresa el ex oficial mayor del municipio de Mérida Rommel Uribe Capetillo.

Ahora se sabe que Magadán Villamil enajenó esos predios, a una valor menor del que realmente tenían, ocasionando un quebranto patrimonial al municipio de Progreso y representando sin duda esta operación, indebidas ganancias para su peculio.