1793 palabras
Hace casi un año la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOGEY) respondió lacónicamente a una solicitud de información pública que aún se encontraba evaluando la procedencia de una denuncia que, con motivo de millonarios pagos presuntamente indebidos realizados por la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) al periódico Por Esto!, habíamos interpuesto ante dicha dependencia el 17 de marzo del 2010 las personas que integramos el Consejo Editorial de este semanario. Ahora, en respuesta a una nueva solicitud de información, nos informa que el seguimiento de esa denuncia está detenida desde mayo del año pasado por una auditoría que su titular José Luis Peniche Patrón no ha instruido llevar a cabo no obstante la solicitud que al efecto le efectuara desde esa fecha la Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades adscrita a la dependencia a su cargo.
Situación parecida ha sufrido la denuncia que al respecto interpusimos las mismas personas ante la Auditoría Superior del Estado el 24 de marzo del 2010. Su titular, René Márquez Arcila, quizá agobiado por las constantes auditorías practicadas a los ayuntamientos de extracción no tricolor, no ha ordenado la práctica de ninguna auditoría a la CGCS que esclarezca los hechos.
Esta es la crónica de sendas denuncias "congeladas" por las autoridades estatales supuestamente encargadas de la fiscalización de los recursos públicos, en aparente protección al titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Jesús Rivero Covarrubias.
Como Usted recordará, hace casi dos años Artículo 7 dio a conocer que durante el 2008 la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) pagó al periódico Por Esto! 23 millones de pesos por "cobertura informativa" —el mismo concepto que obra en las supuestas "facturas fantasma" que en últimas fechas se hicieron públicas—, cuya efectiva prestación del servicio no pudo comprobarnos con los "testigos" correspondientes (copias fotostáticas de las inserciones o anuncios) el director de Administración y Finanzas de dicha Coordinación, quien reconoció en su respuesta a nuestra solicitud de información pública no poseer dicha documentación considerada indispensable para justificar el pago de este tipo de gastos de información y publicidad.
13 facturas como la que se enseña y que en total importan 23 millones de pesos fueron pagadas al Por Esto! por un supuesto "servicio" cuya evidencia documental que acredite su prestación es inexistente según reconoció el director de Administración y Finanzas de la CGCS. Habría que preguntarle al Auditor Superior del Estado si es comparable esta "irregularidad" con los 562 pesos en juguetes comprados por la anterior administración municipal de Mérida por los cuales no hay una fotografía que demuestre su entrega, tal y como él señala. |
En la publicación, hicimos una invitación a políticos de oposición, líderes sociales y ciudadanos en general, para que interpusieran la denuncia correspondiente ante las instancias correspondientes, para lo cual poníamos a su disposición la documentación obtenida por nosotros a través de información pública.
No habiendo aceptado nadie nuestra invitación durante 9 meses, el 17 de marzo de 2010, los que integramos el Consejo Editorial de Artículo 7 presentamos formal denuncia ante la Oficialía de Partes de la Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades de la SECOGEY en contra de diversos funcionarios del gobierno estatal, por las irregularidades presuntamente cometidas. Asimismo, sabedores de las nulas autonomía e independencia que dicha secretaría tiene del Poder Ejecutivo —cuya titular está entre los denunciados—, el 24 de marzo de 2010 hicimos lo propio ante la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado —hoy Auditoría Superior del Estado.
Cabe recordar que tanto en la SECOGEY como en la Contaduría Mayor de Hacienda, la presentación de la denuncia no fue algo sencillo, pues además del ambiente claramente hostil hacia nuestras personas especialmente acentuado en la instancia dependiente del Congreso del Estado, el personal de ambas desconocía el procedimiento para recepcionar la misma. Así, por ejemplo, en aparente violación a su Reglamento Interior, la SECOGEY no nos solicitó la ratificación de la denuncia como establece la fracción tercera del Artículo 15 de dicho ordenamiento legal.
Por no haber recibido hasta esa fecha información alguna sobre la denuncia interpuesta, el 12 de mayo del 2010 requerimos a la SECOGEY mediante solicitud de acceso a la información pública el estatus que guardaba la misma. Tras quince días de "sesuda" preparación, el 27 de ese mismo mes la Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades nos comunicó en una respuesta que no ocupó ni siquiera una línea completa y que prácticamente nos dejó en estado de indefensión, que el asunto se encontraba "en análisis y estudio de dictaminación de procedencia".
Pensando que casi un año era tiempo suficiente para haber concluido el dictamen de procedencia, el 15 de abril pasado nuevamente elaboramos una solicitud de acceso a la información pública para conocer el estatus de nuestra denuncia ante la SECOGEY.
El 2 de mayo pasado recibimos la respuesta en donde se nos informó que la Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades —adscrita a la Subcontraloría de Programas Federales— había emitido el dictamen correspondiente en donde se determinó:
1) Que para dictaminar sobre la existencia o no de responsabilidades, se requería de una auditoría que practicara la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado adscrita a la Subcontraloría del Sector Estatal y Paraestatal y que le fuera turnada en su oportunidad.
2) Hacer del conocimiento el dictamen emitido al C. Secretario de la Contraloría General para que "de considerarlo procedente", instruyera la realización de la referida auditoría.
3) Hacer del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno la denuncia, toda vez que la misma "pretende involucrar al Ejecutivo del Estado", amén de que la auditoría a realizarse involucraría a varias dependencias.
Asimismo, se nos comunicó que el dictamen emitido por la Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades, fue remitido al C. Secretario de la Contraloría General al menos en tres ocasiones entre el 26 de mayo del 2010 y el 28 de junio de ese año.
Cabe mencionar que a la respuesta de la SECOGEY se adjuntó un memorándum de fecha 26 de abril de este año suscrito por el Lic. Héctor Manuel Rodríguez Hernández, Director de Normatividad, Quejas y Responsabilidades, prácticamente transcrito en su totalidad en la respuesta, salvo por el último párrafo que a la letra dice: "Por lo expuesto, esta Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades no tiene a su cargo el seguimiento del asunto que nos ocupa".
La Dirección de Normatividad, Quejas y Resposabilidades de la SECOGEY dictaminó desde hace casi un año la necesidad de una auditoría para esclarecer los hechos denunciados. Desde esa fecha el titular de dicha dependencia no ha querido instruir la práctica de dicha revisión, protegiendo —y haciéndose cómplice— de esa manera al titular de la CGCS. |
Y no le faltó la razón al Lic. Rodríguez Hernández, pues la "papa caliente" se la había dejado al titular de su dependencia desde hacía 11 meses exactos (fecha del primer memorándum en donde remitió el dictamen realizado por esa dirección), tiempo suficiente para que José Luis Peniche Patrón hubiera instruído la práctica de la auditoría solicitada, siempre, claro, que la hubiera "considerado procedente" y tuviera la voluntad de esclarecer el asunto.
Por lo que toca a la denuncia ante la hoy llamada Auditoría Superior del Estado, no obstante numerosas gestiones extraoficiales realizadas los últimos doce meses para conocer su estatus , no nos fue posible averiguarlo, por lo que recientemente solicitamos ante el Sistema de Acceso a la Información del INAIP se nos indique su situación actual, sobre todo ahora en que se dieron a conocer detalles de la auditoría que dicho órgano de fiscalización del Congreso practicara a la anterior administración municipal de Mérida, entre los que sobresale una "presunta irregularidad" por $562 pesos erogados en juguetes por los que no se cuenta con fotografía que acredite fehacientemente su entrega a los niños supuestamente beneficiados con los mismos.
En el caso que nos ocupa, hay que recordarle al C.P. René Márquez Arcila, quien fuera denunciado recientemente ante la PGR por la defensa del ex alcalde César Bojórquez Zapata, que por los $23 millones pagados por la CGCS al Por Esto!, no sólo no hay fotografías, sino tampoco "testigos" ni alguna fotocopia o documento con el que se demuestre fehacientemente el "servicio" supuestamente prestado —tal y como reconoció el director de Administración y Finanzas de dicha dependencia... ¿Hay siquiera comparación entre ambas "irregularidades"? JECM