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Por Luciano Núñez / Luces del Siglo (*)
Cancún, Quintana Roo, 28 de febrero de 2012.- No hay túneles. No hay pasadizos secretos. No hay hombres que, cuchara en mano, punzan las paredes arañando la libertad. Que se hayan escapado 30 reos del penal de Apodaca. Que el "Chapo" Guzmán haya salido de una cárcel de máxima seguridad no es casual: una vez más quedó en evidencia que la complicidad de elementos de la misma corporación es factor clave para que existan las fugas de reos de alta peligrosidad.
Penal de Cancún, Quintana Roo.
Es decir: quienes abren las rejas a los delincuentes son los propios encargados de mantenerlos privados de su libertad, todo un sinsentido. El caso Apodaca involucra a 29 custodios, nueve de ellos confesos autores, según las autoridades, y deja en claro que el programa de Confiabilidad no ha dado los resultados esperados.
Según se desprende de un reciente estudio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los números de evaluación de control de confianza de las instituciones relacionadas con la seguridad e impartición de justicia en el ámbito estatal, arroja resultados dramáticos. De un universo de 458 mil 816 elementos, sólo 71 mil 079 han sido evaluados, es decir, 15.49 por ciento. El futuro no es nada alentador: para enero de 2013 el pronóstico dice que más de 25 mil elementos ya desaprobaron o podrían desaprobar el examen. De los primeros mandos de la policía de Quintana Roo, el 100 por ciento no ha sido valorado por los exámenes de confiabilidad.
Las cifras equivalen a decir que prácticamente quienes están encargados de resguardarnos física y patrimonialmente, no han sido sometidos a los exámenes de confiabilidad que aseguren su calificación para tamaña encomienda social. Además, la fuga masiva generó un efecto multiplicador: a pocos días se produjo un incidente en la cárcel de Cancún, donde resultaron heridos el subdirector del centro penitenciario y dos reclusos. Los motivos, según las autoridades, disputas entre dos bandos internos.
La fuga y motín en Nuevo León dejó un saldo final de 44 muertos y 29 fugados; pero lo más grave, son los 26 custodios y tres mandos arraigados, dado que según las autoridades del Centro de Readaptación Social (CERESO) facilitaron la fuga; nueve ya fueron retenidos en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), entre ellos, el director del penal, Gerónimo Miguel Andrés Martínez.
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, informó que los 30 "zetas" fugados del centro penitenciario lo hicieron antes de la riña que dejó 44 miembros del cártel del Golfo muertos. Medina dijo que no tenía ninguna duda: "sin la ayuda de funcionarios del penal, hubiera sido muy difícil que los reos lograran escapar".
Pero las luces rojas se habían encendido hacía tiempo. Durante el VII Congreso Nacional Extraordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, celebrado en 2006, se aprobó el proyecto para la Supervisión Nacional Penitenciaria. Dicha medición se aplicó en 191 centros, cifra que representa el 76 por ciento de la totalidad de los centros estatales de readaptación social (CERESOS) que existen en México.
La evaluación tiene la calificación de 10 como la situación óptima, el resultado alcanzado: 5.92, que reveló desde entonces una grave violación de los Derechos Humanos de las personas en reclusión, prácticamente en todos los rubros evaluados y, de manera muy especial, en relación con los derechos humanos vinculados con la situación jurídica de los internos en que apenas se alcanzó un 4.57.
El episodio más grave registrado en los últimos cinco años en cárceles de México se produjo en el paradisíaco polo turístico. Concluyó con un saldo de tres muertos (versiones extraoficiales hablaron de más), 21 heridos y 17 prófugos. Durante esa batalla entre policías y enardecidos convictos, los elementos lograron recapturar a 63 de los presos que habían escapado.
La cárcel de Cancún, en realidad, era un centro de faltas administrativas para 300 reclusos que fue concluida en 1982. Por esos años, Cancún sólo tenía 33 mil 273 habitantes, 41 hoteles y 2 mil 923 cuartos. Eran años en los que, recuerdan los pioneros, los elementos de la policía llevaban hasta sus hogares a quienes, en el fragor de las fiestas, se quedaban sin dinero para taxi. Los tiempos han cambiado.
Con más de 650 mil habitantes, Cancún tiene una cárcel saturada con más de mil 343 reos, de los cuales, 212 son de delitos del ámbito federal y mil 131 de competencia común. Aunque las remodelaciones (una ampliación que se terminó hace dos años) permitieron que de 300 espacios pasaran a 800, el hacinamiento provocó álgidos y frecuentes reclamos de los presos y sus familiares.
Justamente, el responsable de las remodelaciones, fue el malogrado Luis Carlos Carrillo Cano, a quien el gobierno estatal anterior le entregó de manera poco clara dichas obras. En octubre del año pasado, Carrillo Cano fue ejecutado frente a un negocio de la avenida Andrés Quintana Roo.
Con un rezago de años en materia de confiabilidad de servidores públicos encargados del orden, los ejemplos sobran. Marco Antonio Mejía, ex director de la cárcel de Cancún, fue detenido en febrero de 2009 bajo la sospecha de haber facilitado la fuga de Harry Walter Pfeil, un alemán acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y pedofilia.
Sin ir más lejos, el año pasado se registró un motín que dejó como saldo varios lesionados y un muerto. La alerta motivó el pánico en las inmediaciones del reclusorio: los avisos se dieron en las escuelas y colonias que están a pocos metros de áreas pobladas.
La plaza no es nada fácil. De hecho, la designación del actual director del reclusorio, Higinio Sánchez Baltazar, capitán primero de infantería, se produjo tras la negativa de varios convocados a la misión. Su ingreso fue en sustitución de Jorge Mendoza Argüelles, quien fue aprehendido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta vinculación con la fuga de cinco reos en diciembre del 2010. Provisoriamente fue nombrada Verónica May, entonces directora de los Centros de Readaptación Social (CERESOS), relevada por Jaime Ongay, quien permaneció al frente de la prisión mientras se designaba al actual director.
El año pasado, el procurador estatal, Gaspar Armando García Torres, recomendó la destitución del director luego de las investigaciones en torno a los motines a pocas semanas de haber asumido el cargo. El más reciente incidente se produjo la semana pasada cuando, alentados por la fuga de Apodaca, los reclusos no tardaron en organizarse y emboscar a un camión refresquero que quedó en deplorables condiciones; una muestra más de la facilidad con que se organizan los reos y vulneran las barreras de control.
Ante los hechos registrados, el gobierno federal informó que construye 10 nuevos centros penitenciarios, de los cuales, la mayoría entrarán en operación este mismo año. El presidente Felipe Calderón anunció que los sistemas de reclusorios en varias entidades, entre ellas Nuevo León y Tamaulipas, han "hecho crisis".
Pero fue el mismo secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, el que puso el dedo en la llaga: "el problema que ha llevado a la crisis penitenciaria no es la sobrepoblación, sino la corrupción", señaló.
En un recuento de la situación que guardan los reclusorios, el tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, dijo que en 2011 se reportaron 49 incidentes -riñas, homicidios, intentos de fuga, suicidios e incendios- en penales del país que dejaron saldo de 171 muertos.
"Sin duda, la corrupción es un problema complejo -dijo-, el cual no es desconocido para nadie. Hay un régimen de impunidad. Se sabe que las prisiones funcionan de manera muy ineficiente y que la corrupción es uno de los principales conflictos". Coincidió con García Luna.
En Quintana Roo, el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Bibiano Villa Castillo, prometió hacerse cargo personalmente de la seguridad en el penal de Cancún, y anunció que impondrá la disciplina a como dé lugar. Pero desde que llegó a la entidad los secuestros no han cesado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que Quintana Roo supera la media nacional en secuestros y se encuentra en números rojos en cuanto a extorsiones; fue de los últimos estados en echar a andar el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), en marzo de 2011.
El objetivo de estos centros es incrementar los márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia, competencia, profesionalismo y apego a la legalidad de cada elemento de las corporaciones policíacas, mediante rigurosos mecanismos del control y evaluación, que hasta ahora no parecen haber funcionado.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuyo propósito es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de seguridad pública; por lo tanto es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz públicos.
Según informó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, en México existe sobrepoblación en 204 prisiones, con un total de 43 mil 191 internos, y Nuevo León ocupa el quinto lugar a escala nacional en cuanto a hacinamiento; su capacidad se ha visto superada en 50.44 por ciento.
Concretamente, en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Apodaca, Nuevo León, la sobrepoblación alcanza más de 79 por ciento de la capacidad instalada. De acuerdo al reporte del mes de diciembre de 2011 del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en México existían 230 mil 943 reos, de los cuales 183 mil 127 son juzgados por haber cometido delitos en el fuero común y 47 mil 816 cometieron delitos de orden federal. En ese contexto existen 220 mil 324 hombres y 10 mil 619 mujeres.
La población procesada en el fuero común es de 74 mil 254 personas, que equivalen a 32 por ciento del total, y han sido sentenciados otros 108 mil 873, esto es, 47 por ciento. En el ámbito federal 25 mil 476 se encuentran sujetos a proceso y 22 mil 340 ya han sido sentenciados.
Hasta diciembre pasado, el gobierno federal operaba 12 centros penitenciarios con una población de 17 mil 680 personas, y los gobiernos estatales mantienen una población carcelaria de 142 mil 824 internos. El estado de Nuevo León cuenta con 15 prisiones y una capacidad de 6 mil 317 internos; sin embargo, tiene en sus instalaciones a mil 619 personas más. El número de presos del fuero común asciende a 6 mil 689 casos y 2 mil 024 del fuero federal.
Si Nuevo León es el sexto lugar en número de reos, en sobrepoblación carcelaria sube una posición. Tiene una capacidad para 6 mil 317 reos y hasta diciembre de 2011 se contabilizaban 2 mil 619 más. Esto es una sobrepoblación de 41.46 por ciento.
Fuente: La Jornada, 22/II/12
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