Stefano Gennarini informó sobre cómo el comité de la CEDAW, que cada vez se extralimita más, lo está haciendo de nuevo. Esta vez, critica a Brasil por una legislación pendiente que, según ellos, altera el goce por las mujeres de la salud sexual y reproductiva y los derechos en ese ámbito. Al parecer, sin el aborto accesible e irrestricto una mujer no lo puede alcanzar.

El Comité de la CEDAW, responsable de supervisar la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) advirtió a Brasil que su proceso democrático de confección de leyes constituye una amenaza para los derechos sexuales y reproductivos y sigue insistiendo en que el aborto ilegal tiene un impacto negativo en la mortalidad materna.

En sus observaciones finales, al término de la consideración del informe brasileño el pasado marzo en Ginebra, el comité dijo que Lamentaba que las mujeres que se someten a abortos ilegales sigan siendo objeto de sanciones penales en el estado parte y que el goce por las mujeres de la salud sexual y reproductiva y los derechos en ese ámbito corra peligro a causa de una serie de proyectos de ley que se están examinando en el Congreso Nacional, como la Ley Nº 478/2008 (Estatuto do Nascituro).

No es la primera vez que este comité dice a las delegaciones que la cultura de su país, sus leyes y procesos de confección no están a la altura de lo que se espera debido a restricciones al aborto. Lo ha hecho más de cien veces. Lo que resulta novedoso es que el comité se esté pronunciando sobre legislación que aún no ha sido aprobada, en un país con un sistema democrático consolidado.

Este órgano insiste en que las mujeres deberían tener acceso al aborto, pese a las medidas implementadas por el gobierno brasileño para reducir la mortalidad materno infantil. En su informe, Brasil mencionó un nuevo programa denominado Rede Cegonha (Red Cigüeña) que apunta a brindar atención materna y neonatal a mujeres de bajos ingresos.

El Comité hizo caso omiso de este esfuerzo porque le preocupa que este programa pueda no ser suficiente para atender todas las causas de mortalidad materna, ya que simplemente se centra en servicios de atención a embarazadas. Evidentemente, se refiere a lo que los defensores del aborto llaman aborto riesgoso. El primer estudio epidemiológico sobre el efecto del aborto ilegal en la mortalidad materna demostró que no existen pruebas de que la legalización del aborto reduzca la mortalidad materna en su conjunto.

El Comité de la CEDAW sigue el ejemplo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, cuya oficina brinda apoyo logístico a todo el sistema de derechos humanos de la ONU. En una charla reciente insinuó llanamente que desde la perspectiva de los derechos humanos, el aborto y la anticoncepción son más importantes que la asistencia médica materna y neonatal.

Mientras que las intervenciones que tratan aspectos de la salud en la mortalidad materna pueden estar centradas en la calidad de la atención de la mujer embarazada, un análisis de derechos humanos exige que examinemos si las mujeres tienen alternativas al decidir quedar embarazadas en primer lugar o la opción de buscar la atención que necesitan sin tener que obtener permiso de parientes masculinos, dijo Pillay.

Otros comentarios del comité durante su última sesión incluyeron referencias a las mujeres y a las adolescentes que son víctimas debido a patrones culturales conservadores, a lagunas legislativas sobre cuestiones como progresos genéticos, avances tecnológicos y orientación sexual y un comentario sobre el poder judicial brasileño que describe cómo este reproduce estereotipos sociales con una asignación de roles sociales predominantemente patriarcales