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WASHINGTON D. C., 20 de junio.- El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy que el presidente Barack Obama, acogiéndose a su “privilegio ejecutivo”, no entregará al Congreso los documentos requeridos acerca de la operación secreta conocida como “Rápido y furioso” que permitió el trasvase de armas a México en 2009.
El anuncio se hizo mientras el comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes se apresta a votar si reprueba por desacato al secretario de Justicia, Eric Holder, porque no ha entregado los documentos requeridos.
La operación clandestina del Departamento de Justicia permitió el traspaso de unas dos mil armas de fuego hacia México, con la intención de seguirlas para identificar a los traficantes de droga y otros criminales que las usaran.
El Departamento de Justicia, en una carta enviada al presidente del subcomité, el republicano Darrell Issa, indicó que el privilegio ejecutivo del presidente se aplica a los documentos que explican la forma en que el gobierno se enteró de que había problemas con la operación “Rápido y Furioso”.
En el operativo 'Rápido y Furioso' el gobierno de Washington permitió el ingreso ilegal de miles de armas a México. Obama invocó ayer su "privilegio ejecutivo" para impedir la entrega de información confidencial en poder del Departamento de Justicia.
Desde el inicio de las pesquisas legislativas encabezadas por Issa pudo conocerse que los más altos mandos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego recibían informes semanales del desarrollo del referido operativo y que en éste participaron, también, funcionarios de la FBI y de la DEA. A la luz de tales precedentes, resulta poco verosímil que otros encumbrados integrantes de la administración federal estadunidense, empezando por el propio Eric Holder, no hayan estado al tanto de la participación de tres dependencias policiales y de seguridad tan importantes de Washington en el fallido plan de trasiego y rastreo de armas, como ha insistido sistemáticamente el mandatario estadunidense.
Ahora, la afirmación del propio Eric Holder de que "cualquier acusación de que el Departamento de Justicia no ha respondido a las peticiones de información es falsa" contrasta con la pretensión de su jefe de mantener en secreto esa misma información. Semejante actitud no sólo gravita en contra de la credibilidad de la actual administración estadunidense ante sus ciudadanos y ante la opinión pública mundial, sino que la coloca, además, en el umbral de una confrontación institucional y política que podría tener un alto costo para el actual mandatario y minar sus pretensiones de relegirse.
Fiscal general de EE. UU., Eric Holder. En desacato.
Por lo demás, es significativo y preocupante que mientras las pesquisas referidas generan un gran revuelo político y mediático en Washington y abren la perspectiva de un juicio por desacato en contra de uno de los más altos funcionarios de ese gobierno, en México el asunto no haya generado hasta ahora mayor ruido, a pesar de los indicios de que funcionarios mexicanos también tuvieron conocimiento de Rápido y Furioso desde tiempo antes de su salida a la luz pública.
La circunstancia descrita constituye, en suma, una razón adicional para que el próximo gobierno del país emplee todos los recursos a su alcance para llegar al fondo del asunto, y analice seriamente la pertinencia de continuar con una estrategia de seguridad promovida por Estados Unidos que no sólo ha sido ineficaz en su objetivo y ha generado efectos contraproducentes para el país; también ha implicado claudicaciones inaceptables a la soberanía nacional y ha puesto de manifiesto el doble discurso de Washington en su supuesto compromiso por combatir al narco y erradicar la violencia. (EFE / LA JORNADA)