Discriminación, es la característica que marca los procesos de elección de autoridades en los pueblos mayas de Yucatán que una ley sobre municipios denomina comisarías y subcomisarías.

El pueblo maya, sin derechos: Informe de Indignación

Eso concluye el informe Sin derechos: Informe y análisis sobre las violaciones al derecho del pueblo maya a elegir autoridades en las comisarías de Yucatán, elaborado por el equipo Indignación y que hace público precisamente hoy, día en el que se conmemora la declaración universal de los derechos humanos.

El informe da cuenta de los vacíos legales, las contradicciones, las ausencias legislativas y la deficiente normatividad que se niega a reconocer cabalmente los derechos del pueblo maya.

La disposición regulatoria de las elecciones en las comisarías tiene serias limitaciones: no se inscribe dentro de los derechos del pueblo maya, no reconoce otras formas de elección y llama a las autoridades auxiliares de los ayuntamientos, desdeñándolas y sin reconocer el carácter de representantes de sus propios pueblos, además de la inconveniencia de que sea un ejecutivo, en este caso el alcalde, quien organice un proceso electoral, sostiene Indignación.

La normatividad en la que se basa la elección de comisarios es la ley de gobierno de los municipios.

La ley en materia indígena, por su parte, representa un verdadero sabotaje a los derechos del pueblo maya pues no se atreve siquiera a nombrarlo pueblo. Los legisladores optaron por llamarla ley para la protección de los derechos de la comunidad maya, como si se refiriera a la comunidad científica o estudiantil.

No protege derechos esa ley, aprobada en mayo de 2011 y que entró en vigor el primero de enero de 2012. Justo en el límite, el 30 de diciembre del año pasado, el ejecutivo del estado publicó el reglamento de esa ley pues tenía que estar publicado el reglamento al entrar en vigor la ley, es decir, al iniciar el año.

El informe de Indignación también da cuenta de que la deficiente ley de gobierno de los municipios llama autoridades auxiliares del ayuntamiento a los comisarios, con lo que también vulnera el carácter de autoridad que tienen ante sus propios pueblos, a los cuales representan, y perpetúa una relación de subordinación de los pueblos con las cabeceras municipales.

La elección de autoridades exhibe esa relación asimétrica, pero no sólo en ella se expresa.

Los ayuntamientos mantienen el control de los recursos, los escatiman a las comisarías y no deciden junto con sus habitantes el uso de dichos recursos.

Los procesos de elección de comisarios muestran quizá de manera más grotesca la relación de subordinación pues continúan los intentos de alcaldes por imponer comisarios.

Indignación observó que en algunas comisarías no se realizó la elección con el pretexto de que sólo se presentó un candidato o candidata. Aun cuando sólo fuera un candidato tiene que ser sometido a consulta para que la población lo acepte como su autoridad.

Las deficiencias de la legislación, además, dejan las elecciones en manos de los ejecutivos municipales, omiten establecer mecanismos de impugnación y no reconocen las formas de elección propias de las comunidades.

El informe también documenta elecciones realizadas mediante asamblea, como en Kambul, municipio de Peto, que muestra la resistencia del pueblo maya y la persistencia de sus propias formas de elección, a pesar de los intentos de tutelaje y de la discriminación de los gobiernos.

El informe se basa en información proporcionada por colaboradores y observadores del pueblo maya, así como en lo documentado durante la campaña En mi pueblo manda el pueblo, que realizó Indignación en diversos municipios.

Impedir a los pueblos algo tan imprescindible como su organización política, lo que por supuesto incluye la elección de sus propias autoridades; obstaculizar el reconocimiento pleno de los derechos; gobernarlos como si continuara una ocupación extranjera, como si la colonia no hubiese concluido; escatimarles recursos, decidir por ellos constituye, no sólo una forma de discriminación, sino uno de los ataques que enfrenta el pueblo maya, en sus espacios comunitarios más inmediatos.

Esta es una de las conclusiones que sugiere Indignación e interpreta estas violaciones como parte de los intentos de dominio para someter al pueblo maya.

El informe reitera los incumplimientos del Congreso de Yucatán y de los ayuntamientos en esta materia y denuncia que es obligación del estado mexicano reconocer cabalmente el derecho a la autonomía del pueblo maya, reconocer sus propias formas de organización y de elección de autoridades.

El informe concluye con una carta dirigida a las mujeres a las que no se les impidió ejercer su derecho al voto en una de las comisarías de Valladolid y termina con una cita del subcomandante Marcos:
No, la clase política de arriba no entiende nada. Pero sobre todo no entiende lo fundamental: su tiempo se ha terminado.