CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 11 de mayo.- El Ministerio Público (MP) de Guatemala debe investigar la declaración de un testigo que incriminó al actual Presidente, Otto Pérez, en el genocidio de indígenas ixiles durante el juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, dijo Carmen Ibarra, directora del Movimiento pro Justicia.

"El Ministerio Público recibió un mandato del tribunal para continuar con las investigaciones por genocidio, y el actual presidente de Guatemala es un primer mencionado", señaló la representante de la organización de Derechos Humanos, informó DPA.

Pérez, quien es General del Ejército de Guatemala en condición de retiro, fue mencionado por un testigo protegido del Ministerio Público en una de las audiencias y señalado de haber participado en las matanzas de los habitantes de comunidades ixiles de Quiché, bajo el seudónimo de Mayor Tito Arias.

Otto Pérez, actual Mandatario guatemalteco, fue mencionado por un testigo protegido en una de las audiencias y señalado de haber participado en las matanzas de los habitantes de comunidades ixiles de Quiché.

El Mandatario, que sostiene que en Guatemala "no hubo genocidio", ha reconocido el uso de ese nombre en clave, pero alega que el testigo es "falso" y niega su participación en los hechos.

El viernes, cuando la presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, leyó la sentencia de 80 años contra Ríos Montt, estableció en un apartado la continuación de la investigación.

"El tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de las demás personas que pudieron haber participado en los hechos que se juzgaron", señaló.

Ibarra recordó que Pérez, tal como lo reconoció el propio mandatario guatemalteco, "actuó en el terreno ixil".

"¿Cuáles tareas cumplía? No lo sé, por lo que el Ministerio Público deberá investigar con las evidencias a su alcance y si existe prueba documental, como libros, documentos, videos o fotos", dijo.

La analista no dudó en la garantía que para ello representa la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, Claudia Paz, cuya gestión concluye en diciembre de 2014.

Precisamente, de acuerdo con una crónica publicada hoy por el matutino El Periódico, Pérez pasó un "incómodo momento" la noche del viernes, después de haberse conocido la sentencia, cuando fue entrevistado por el periodista Fernando Rincón de la cadena CNN.

Según el diario, "la entrevista se tornó más incómoda para Pérez cuando el entrevistador le cuestionó sobre el documental del periodista estadounidense Allan Nairn, en septiembre de 1982, en donde declara que 'todas las familias (en las comunidades de Quiché) están con la guerrilla'".

Rincón le pregunta si, en el caso de que se llegara a determinar que hubo genocidio, Pérez "estaría dentro del conjunto de fuerzas armadas que pudieron haber participado" y si ese es el motivo por el cual Pérez niega el genocidio.

"Cuando dije que aquí en Guatemala no existió genocidio lo estoy diciendo por la experiencia que a mí me tocó vivir, como a muchos oficiales, fue un conflicto armado interno, no fue el ejército el que provocó este enfrentamiento armado interno, no fue el ejército el que llevó la guerra a los lugares como los ixiles, fue la guerrilla", se defendió Pérez.

La jueza Jazmin Barrios (2-d, de blanco), flanqueada por dos secretarias del Tribunal, en la Ciudad de Guatemala, el 15 mayo del 2001 (AFP/Fernando Morales)

Ibarra subrayó que el mandato hecho por el Tribunal al Ministerio Público no sólo abarcaría al presidente y a los comandantes en la zona ixil de Guatemala, sino que "el MP debe evaluar qué otros actores deben ser investigados".

"Las matanzas contra la población civil eran parte de una política contrinsurgente que se desarrollaba con el control desde la Presidencia o de la Jefatura de Estado, pero en la que también hubo sectores que la validaron política o financieramente", dijo.

Un apoyo que incluso pudo involucrar a actores internacionales, subrayó Ibarra. El propio Ríos Montt vinculó en su declaración el jueves a Estados Unidos al señalar que Washington "sabía más que yo", exponer que su función como jefe de Estado era limitada y alegar que no le correspondía la cadena de mando sobre los comandantes regionales de las fuerzas armadas.

Ríos Montt, de 86 años y jefe de un gobierno de facto entre 1982 y 1983, fue condenado el viernes a 80 años de prisión por su responsabilidad por haber ordenado, autorizado e implementado un genocidio y delitos contra la humanidad, aunque se espera que el fallo sea apelado por la defensa. El Ministerio Público lo acusó por el asesinato de 1.771 indígenas ixiles en Quiché.

Por estos delitos también estaba acusado el ex general José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de los servicios de inteligencia durante su mandato, quien fue absuelto. (El Universal de Venezuela)