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MÉRIDA, Yucatán, 11 de mayo.- A casi seis años de que la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) desapareció para dar paso a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, las violaciones a los derechos humanos se han vuelto la norma en la entidad.
El caso más destacado es la reciente recomendación de la Codhey emitida contra la SSP por violentar los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, trato digno, legalidad y seguridad jurídica en agravio de José Alberto Novelo Hernández, a quien los oficiales detuvieron arbitraria e ilegalmente y torturaron para que confesara por un delito que no cometió.
El caso fue publicado ayer en el portal del Diario de Yucatán, pero no fue incluido en su edición impresa del día de hoy, en ninguna de sus secciones.
El Diario de Yucatán, ejerciendo su prerrogativa editorial, decidió que el calor era, de nuevo, la principal noticia del día, y que el que la SSP torturara a un ciudadano y Derechos Humanos reconociera ese hecho no era digno de ser mencionado, al menos no al día siguiente, en la edición impresa.
Esto no se debe a que llegara demasiado tarde la noticia (fue publicada a las 3:48 pm) y es improbable que se haya debido a falta de espacio ya que la primera noticia fue sobre el calor (clásica nota de relleno). Sólo se puede especular sobre los motivos por los cuales un tema tan importante como éste no fue incorporado en el impreso.
No se puede saber, a ciencia cierta, el motivo por el cual el Diario de Yucatán eligió no imprimir la mencionada noticia. Sobre estas líneas, una foto de un desplegado de dos planas a todo color pagado por el Gobierno del Estado y publicado el 5 de mayo, promoviendo las supuestas bondades de sus cuerpos policíacos.
Por desgracia, ha habido más casos recientes donde la policía de Yucatán atenta activamente contra los derechos, la dignidad y la seguridad de los ciudadanos.
El jueves 9 de mayo, el Diario de Yucatán publicó en su edición impresa cómo agentes de la SSP encañonaron a una niña de 9 años y despojaron a su mamá de $2,000 que ganó vendiendo los pocos pepinos de mar que obtuvo como pago por ayudar a descargar y seleccionarlos.
Ulises de Jesús Rosado Sosa y su esposa Lourdes Rubí Blanco Góngora denunciaron, en escrito publicado el 5 de abril en Yucatán al Minuto, haber sido víctimas de una detención arbitraria y calumnias al haber sido presentados ante los medios, injustamente, como ladrones de autos.
El 24 de enero, se informó que una familia del sur de Mérida denunció ante la Codhey y la FGE a la Secretaría de Seguridad Pública por detención ilegal, robo y daño en propiedad ajena. Los agentes de la SSP entraron, con sus rostros cubiertos, a su domicilio, se llevaron detenidos a 8 integrantes de la familia y robaron dinero, un televisor de plasma y otros artículos.
Éstos son algunos de los muchos casos donde la corporación, a cargo del Comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, ha sido acusada de graves violaciones a los derechos humanos.
De todas las entidades que podrían generar quejas ante la Comisión de derechos humanos del Estado de Yucatán (Codhey), la que está en primer lugar al menos en hechos violatorios denunciados por jóvenes, es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), según informó UN1ÓN Yucatán en abril del presente año.
Sigue sin resolverse la desaparición de José David Escárcega Montalvo alias "El Pistón". Lo último que se supo, en marzo de 2010, fue que la policía Gloria Escalante Cabrera fue usada como señuelo para atraparlo.
En febrero del mismo, año Marissa Noemí Tilán Pool denunció que la SSP entró ilegalmente a su morada, en la colonia Salvador Alvarado Oriente, para detener a su esposo sin orden de aprehensión. Además dañaron sus pertenencias, los amenazaron cor armas y los agredieron físicamente.
El mismo mes, la empresa Mayan Xic comenzó a vender camisetas con el lema “Yo chiflé a Ibom”. Tras recibir amenazas, dejaron de imprimirlas. El joven Víctor Manuel Canché Manzanero comenzó a vender camisetas similares en el entronque del Periférico y la salida a Tixkokob, y fue arrestado por la SSP junto con Steve Alejandro Rizos Vázquez, por una supuesta denuncia de José Claudio Campos Pech, quien declaró que le pagaron con un billete falso. Pasaron varias horas incomunicados, lo cual es violatorio de sus derechos, y la SSP negó tenerlos en un principio. Fueron remitidos al Ministerio Público, acusados de fraude, pero obviamente la acusación no prosperó y se les liberó por falta de elementos.
En enero de 2010, destacó que agentes de la SSP conocidos como “Dorados” (a cargo de José Cocom Pat y Jorge Cen Cordero) fueron acusados de cometer un gran número de abusos contra los habitantes de Progreso. Los dormitorios de la Base Pescador de la SSP eran, al menos entonces, usados para torturar a menores de edad.
¿Se puede decir que seamos el "Estado más seguro" cuando estamos en peligro de ser detenidos arbitrariamente, encañonados, torturados y asaltados por los policías de la SSP Yucatán, quienes impunemente y por años han atentado contra las garantías individuales de la población? En el menos malo de los casos, seríamos el "estado menos inseguro".