El delicado tema de la tenencia de la tierra no es un juego. Las reformas agrarias a lo largo de los últimos 200 años han sido para asegurar a quienes usan el método de producción agrícola elemental que tendrán un terreno del cual sobrevivir.

Pero la humanidad galopa a pasos grandes en la tecnología industrial. Esto hace que mucha menos tierra sea necesaria para darle de comer a mucha más gente. Eso se conjuga con la oferta industrial de puestos de trabajo y vemos el obligado proceso múltiple de transformación: el campo se mecaniza, la ciudad —grande o pequeña— se industrializa y los asentamiento de vivienda urbana requieren espacio.

Todo eso no es un problema siempre y cuando las leyes de un país se obedezcan y se actúe en forma transparente. La primera acción del gobierno estatal actual fue inventar un delito por "negocios" con la tierra. Al responsable de la extinta Cousey se le encarceló por unas semanas, dándose un golpe mediático que resultó sólo eso. Por desgracia, el golpe dado, "ni un dios lo quita" —dice el dicho— y esto se lo saben a pie puntilla los expertos en imagen del PRI. Así, con golpes falsos y aprovechando divisiones tontas del PAN, ganaron diputaciones federales y alcaldías.

Y la gente sigue sin estar correctamente informada. Ellos saben que los medios que más llegan a los que votan no son los medios que dicen las cosas con exactitud, sino los que ellos mismas pagan —extrayendo ilegalmente dinero del erario— por "nota a modo".

La extracción de más de $300 millones del erario para "pagar" por tierras que no se pueden comprar sí constituye un delito —se llama peculado— y del cual se exige reparación del daño. El golpe mediático contra la Cousey debería incluirse dentro de un "delito electoral", porque sólo sirve para engañar al ciudadano y modificar falsamente preferencias electorales.

¿Cuántos saben hoy que el gobierno del estado de Yucatán se encuentra ante un delito consumado de peculado? Muy pocos: no creas que porque los que están a tu alrededor lo comentan, todo mundo lo sabe. Son muy pocos los enterados, una minoría. Por ello corremos el riesgo de que los que participan en elecciones, vuelvan de nuevo a colocar su sufragio por quienes actúan contra los intereses decentes de nuestra sociedad.

Los pagos a las empresas fantasma son hechos que tampoco están ni claros ni bien conocidos. La parte de la población que ha captado el tamaño del problema se confunde con los baños de Hunucmá, un delito estúpido perpetrado por alguien que, además, se mantiene en un silencio cuyo calificativo me abstengo de lanzar.

Claro que el tamaño del peculado de unos y otros no es comparable. La traición de los principios de quien emana de los que parecían buscar decencia, transparencia, honestidad y similares es mucho más grave moralmente, aunque legalmente los otros se lleven el premio del delito mayor. Pero esto, a nivel de información colectiva, se queda a nivel de la estúpida expresión todos son iguales.