Reconociendo entre líneas su incapacidad para dirigir los destinos de Mérida y para buscar el bienestar de los habitantes de esta ciudad, violando todos los preceptos legales aplicables, haciendo gala de cerrazón e intransigencia, Angélica Araujo y los regidores priistas del ayuntamiento aprobaron contra todo lo sugerido por el sentido común, entregar a una empresa de Jalisco, la responsabilidad de cobrar los rezagos existentes en el pago del impuesto predial.

Angélica Araujo, muy atenta a la sesión de cabildo

La sesión de cabildo que por cierto inició con más de cuarenta minutos de atraso gracias a la impuntualidad de la tixkokobense, era totalmente desabrida y solo tuvo como nota destacable, que gracias a la decidida postura de los ediles de Acción Nacional, se evitó la aprobación a rajatabla de gran cantidad de expendios de cerveza y licorerías, planteados por los priistas y que el coordinador de los regidores tricolores Alvaro Omar Lara solicitó se sometiera a votación por bloques.

La regidora Lizette Mimenza

Pero debido a que por ley era necesaria para su aprobación la mayoría calificada del cabildo (dos terceras partes), nada pasó, nada fue aprobado, ante la frustración y el nerviosismo de Angélica Araujo y sus secuaces, que se concretaban a frases y risillas irónicas.

Todo resultaba francamente insustancial, con una Angélica Araujo, reacia a leer, cediendo a otros regidores este encargo, hasta que se llegó al punto en la orden del día, que señalaba la posibilidad de ceder a la empresa Hermes, de Jalisco, la facultad de efectuar los cobros del rezago existente en el pago del impuesto predial.

Luis Canto intentó inútilmente convencer a Angélica de su conducta ilegal e indebida

El regidor Luis Canto comentó que desde que Angélica Araujo propuso que un particular realizara el cobro del rezago del predial, se le advirtió de la gravedad del precedente que se sentaría, ante lo cual hubo la contrapropuesta de analizar y revisar este punto, pero nunca a se les invitó al análisis de los pros y los contras.

Destacó que conforme al artículo 85 de la ley de gobierno del municipio, solo ella y el tesorero eran los responsables de administrar los recursos públicos municipales, lo que implicaba que todo lo referente a impuestos, derechos y participaciones, formaba parte del patrimonio municipal y ambos funcionarios ya mencionados, eran los responsables de administrarlo.

La regidora Claudia Canto, reiteró que el cobro del predial era atribución del tesorero municipal

Indicó que el artículo 88 del mismo ordenamiento establecia claramente que el único facultado para recaudar impuestos municipales, era solo el tesorero. Agregó que los regidores de Acción Nacional estaban a favor de encontrar mecanismos para robustecer la parte correspondiente a los ingresos, pero que no veia la necesidad de compartir con un particular los ingresos que solo correspondían al municipio.

Subrayó que los ciudadanos estaban acostumbrados a pagar el predial y que la dirección de finanzas contaba con todo el material técnico y humano para realizar la tarea de realizar los cobros, contando además con la ventaja de los mecanismos e incentivos para el contribuyente.

Humberto Hevia, pendenciera actitud

Consideró que al no tratarse de una deuda entre particulares, era ilegal entregar a una empresa la tarea de realizar los cobros, como se estila en los casos de cobranza extrajudicial y añadió que consideraba excesivo el porcentaje de veintiseis por ciento que cobraría la empresa jalisciense por hacer esta tarea, siendo que muchísima gente de esta ciudad sin empleo, haría el mismo trabajo, a un costo menor, independientemente que no se licitó la actividad y que no se contaba con información precisa de la empresa favorecida, lo que llevaba a suponer la existencia de intereses en favorecerla.

Regidor Manuel Ávila Noh, tránsfuga de todas partes

Los regidores priistas, principalmente Humberto Hevia Jiménez y Jorge Sobrino Argáez, defendieron la postura oficial, reiterando en numerosas ocasiones que la empresa jalisciense no cobraría sino por los casos en que acreditara fehacientemente haber provocado el pago y subrayando que no causaría molestias a los meridanos, pues desarrollaría su tarea a través de la persuasión sutil y no de la intimidación. Insistieron en que no veían inconveniente en dar la oportunidad a particulares de intentar recuperar cantidades que consideraban inexistentes y perdidas y que toda vez que los empleados de la empresa cobrataria, no recibirían dinero del ayuntamiento, pues no serían considerados como empleados, era justo que tuviera alguna retribución por su tarea.

Regidor Mario Aragón, sus dudas nunca tuvieron respuesta

La regidora Claudia Canto expresó que lo peligroso de este asunto, amén de las consideraciones de la ilegalidad era que se pondría en manos de particulares, datos confidenciales de los habitantes de esta ciudad, además de que era harto conocida la agresividad de los métodos utilizados por las empresas de gestoría y cobranza, precisamente porque cobraban porcentajes, a raíz de lo recuperado.

Regidor Jaime Casanova Martínez

Los regidores priistas tomaron una actitud muy agresiva, particularmente pendenciera fue la conducta de Luis Hevia, quien aseveró que los regidores del PRI se pondrían siempre del lado de los ciudadanos, pero no de entidades como el INFONAVIT y el PAN, que según pudieron averiguar adeudaban importantes cantidades por concepto de predial.

La regidora Lizette Mimenza le recriminó por revelar información confidencial y comentó que su actitud era inconveniente al dirigirse a una dama, por lo que debía conducirse con respeto.

Santiago Altamirano, secretario municipal, sufriendo ante lo ríspido del debate

El secretario Santiago Altamirano ante lo ríspido del debate, pasó verdaderos apuros, imponiendo mociones de orden a panistas y priistas, como fue el caso de Luis Canto, Kirbey Herrera, Claudia Canto, Jorge Sobrino y Luis Hevia.

El regidor Kirbey Herrera recriminó a Hevia Jiménez su conducta y le recordó que no estaban en la FEY, por lo que le pedía moderación, a lo que el priista respondió que en la citada agrupación estudiantil, si habían hombres que se portaban como tales.

Julian Colonia, jefe de prensa del ayuntamiento, decidió aprovechar el tiempo mientras los demás discutían

El regidor Luis Canto, comentó que se sentaría un pésimo precedente con el otorgamiento de la facultad de cobro a un particular, cuando el código fiscal del estado precisaba que los encargados de esta tarea debían estar perfectamente acreditados y que no siendo este el caso, los ciudadanos podrían ignorar olímpicamente a quienes enviara la empresa a requerirlos de pago, en cuyo caso, se estaría pagando únicamente por repartir volantes a domicilio, sin ninguna validez, lo que era inconcebible.

Jorge Sobrino, esgrimió argumentos contradictorios

El regidor Mario Aragón Castillo solicitó se precisara como se distinguiría si un contribuyente acudió a pagar por su propia voluntad o como resultado de las instancias de la empresa y requirió se hiciera comparecer al tesorero municipal para explicar el tema, postura a la que se adhirió en uso de la voz, Lizette Mimenza y el resto de los panistas.

El regidor Manuel Ávila Noh propuso que para este efecto, el ciudadano emplazado a pago y que se aviniera a cumplir su responsabilidad, firmara una especie de convenio donde se comprometiera a cumplir, lo que contribuiría, a su juicio, a dar certeza a quienes concurrirían a pagar gracias al esfuerzo de los gestores.

Los regidores priistas Hevia y Sobrino destacaron que la empresa no haría ningún cobro, sino que solo motivaría a los ciudadanos a pagar y que sería la tesorería municipal la que recaudaría los fondos.

Se impuso siempre el mayoriteo

Luis Canto señaló que no existía en el país otro caso similar al que hoy se planteaba, salvo en Arandas, Jalisco, donde se planeó algo similar, estando la misma empresa involucrada y que se desechó ante las constantes quejas por la incisividad externada por sus empleados.

Reiteró que estaba por suceder algo histórico, pero en sentido negativo, porque el ayuntamiento estaba cediendo sus facultades, declarando tácitamente su incapacidad para velar por el bien de los ciudadanos, amén de que éstos podían inconformarse legalmente y salir baneficiados de la falta de personalidad, reiterando que el predial era un impuesto muy noble, que la gente generalmente pagaba siempre y expresando que no existe un solo municipio en el país que no reporte algún atraso en el pago de este impuesto e indicando que los asesores de Angélica Araujo la estaban engañando.

Angélica Araujo, su incapacidad e ineptitud son manifiestas

Angélica Araujo comentó que no veía inconveniente en dar oportunidad a una empresa en ayudar al ayuntamiento a cumplir sus funciones, subrayando que habían empresas que lo hacían en el caso de la limpieza, el cuidado de parques y jardines y muchos otros aspectos. Añadió que el dinero era necesario para hacer obra en beneficio de los meridanos y que no dudaba que el tesorero actual y los pasados hubieran hecho su trabajo, pero que ante la existencia del adeudo, bien valía la pena tratar de intentar el cobro por esta vía.

La regidora Claudia Canto le subrayó que su enfoque era erróneo y le ennumeró los mecanismos para posibilitar el pago del predial y le sugirió que si el tesorero no era capaz de cumplir sus funciones, le pidiera que renunciara.

El regidor Manuel Ávila solicitó que lo que se recuperara por la empresa fuera destinado a gasto social.

El regidor Luis Hevia consideró que el asunto estaba suficientemente debatido y expresó que cargaban con las consecuencias legales de sus actos y asumían su responsabilidad.

Al llevarse el punto a votación, se impuso el mayoriteo priista. Al final de la sesión, Luis Canto García, coordinador del grupo de Acción Nacional expresó que analizarán la posibilidad de encauzar un juicio político contra Angélica Araujo por haber tomado una decisión semejante, que no solo vulnera la legalidad, sino que ofende la autonomía municipal y pone de manifiesto la ineptitud del ayuntamiento para cumplir su tarea de velar por el bienestar de los habitantes de Mérida.