El caso de Paula Cussi ha venido a terminar de confundir a algunos —no a muchos— para hacer las cosas aún más oscuras. ¿Recuerdan la película Presunto Culpable? ¿Quién detenta el poder judicial? Por favor: que respondan con sinceridad, sin jueguitos tontos: ¿domina el gobierno de Calderón o algún gobernador panista algún conjunto que tenga que ver con el poder judicial?

Entonces, no nos hagamos retrasados mentales: lo que los abogados de colmillo grande logran o no en los juzgados es muy independiente de lo que los gobernantes que respetan la estructura constitucional del poder formal en México pueden hacer.

Ya en varias ocasiones personas sin escrúpulos, sin ganas de razonar con cuidado, buscando solo llevar agua a su molino, tratan de encontrar cualquier decisión de cualquier elemento de poder judicial en el país, como si se tratara de algo que viene "directamente desde arriba", desde la misma presidencia. ¿No se han dado cuenta de que esos tiempos ya se acabaron en México?

¿Por qué creen que la película Presunto Culpable pudo hacerse? A ver, genios, métanle ganas y piensen con el cerebro un ratito —dejando el estómago de lado— y concéntrense en escudriñar la estructura de poder constitucional en México y verán que esa película solo pudo llegar a las salas de cine gracias a que el gobierno federal, en primera instancia, es profundamente respetuoso de la libertad de expresión.

Este "respeto" no es especial desde el punto de vista legal: es la obligación de cualquier autoridad, respetar la ley. Pero desde el punto de vista histórico, ese respeto irrestricto a la libertad de expresión sí es algo muy especial porque jamás se había respetado como hoy se respeta. Nadie, con salud mental mínima, puede afirmar lo contrario. ¿Hace falta que Salinas venga a decirnos que "no nos hagamos bolas"?

Si hoy los medios "gobiernan" México es porque esa libertad de expresión, cuando se respeta hasta sus últimas consecuencias, es realmente muy efectiva para el llamado Cuarto Poder. Es cuando el gobierno tiene que ser transparente y cumplir con la ley; tiene que ser un administrador impecable. Lo injusto es que, aún siendo todo eso, ¡los medios no lo demuestren!

Delito grave debería ser la pretensión de cualquier ámbito de poder —ejecutivo, legislativo o judicial— de establecer trucos legislativos para limitar la libertad de expresión, especialmente de los individuos. Es una grosería política, social e histórica lo que pretenden algunos "legisladores" (parece que son priistas) de encontrar la manera de llamarle "guerra sucia" a todo informe que busque ilustrar la verdad histórica, incómoda para ese partido político.

Mucho demonio del infierno más profundo anda suelto. Cuidémonos.