El intento de albazo legislativo, que pretendió eludir la competencia de las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos en el dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, con base en un documento preeliminar que contenía varios absurdos y auténticas regresiones, fue lo que desató la comprensible y airada protesta de varias organizaciones sociales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

La preocupación no era menor, pero resulta fundamental dotar a los ciudadanos de la información más completa posible para que la retroalimentación resulte efectiva. Primero, es necesario aclarar que La ley de Seguridad Nacional, no es una ley nueva, data del 31 de enero de 2005.

Esta ley sostiene como objetivo en su artículo primero: "Establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional (... y); regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia".

El concepto de Seguridad Nacional se refiere a las medidas que un país adopta para mantener su desarrollo y resolver los problemas que pudieran poner en riesgo la viabilidad de este objetivo; por lo anterior, resulta evidente que el marco legal de la Seguridad Nacional es un tema de primera importancia, pues se trata de salvaguardar la integridad de las instituciones y las personas; como tal, esta ley no tendría porque generar resistencias, siempre que no perdiera de vista su objetivo.

El 23 de abril de 2009, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa para reformar la ley, tenía como finalidad enmarcar jurídicamente la actuación de las fuerzas armadas dentro del combate al crimen organizado. Un papel, que sobra decirlo, ha sido fundamental y valiosísimo en los últimos años.

El Senado dictaminó esta iniciativa logrando un equilibrio entre el concepto de seguridad nacional y los derechos humanos, minuta que fue turnada a 5 comisiones para su dictamen, entre ellas la Comisión de Gobernación. En mi calidad de Presidente de esta Comisión insistí en reiteradas ocasiones que entráramos a la discusión pública y abierta de este tema, que la violenta realidad del país hace urgente y necesario, pero no obtuve la respuesta que yo esperaba pues, al proponer enlistar el asunto en una sesión de la comisión "por lo menos para determinar un método de trabajo y el proceso de su dictamen", el PRI votó en contra de mi propuesta.

Por eso me sorprendió la prisa inusitada que les devino tras semana santa, y su declaración de que estaban listos para votar un documento que no lo conocían ni sus compañeros de bancada, ni había sido procesado en las comisiones dictaminadoras a las que se les había turnado. Era algo realmente inaceptable, no sólo porque el contenido de este proyecto perdía absolutamente el equilibrio que se había logrado en el Senado, sino que introducía ambigüedades que ponían en riesgo las garantías de la población y pretendía pasar por encima del proceso legislativo haciendo que las comisiones "declinaran" su estudio y dictaminación.

Este grupo alterno, encabezado por el Diputado priísta Alfonso Navarrete Prida ex procurador del Estado de México, cometió varios traspiés, entre ellos el error de quitar el candado que había colocado el Senado (como se puede ver en la minuta), de que jamás la declaratoria de afectación a la seguridad interior procedería "por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social".

Esas expresiones en el "proyecto de dictamen" confirmaron de inmediato que los impulsores buscaban congraciarse sin límite con los altos mandos de la SEDENA, de donde presumiblemente surgió el contenido de un "memorandum ciego" que reproduce textualmente el manual de riesgos y desafíos para la acción militar en campo. A través de sus operadores legislativos, Enrique Peña Nieto, quiso hacer de las reformas en materia de seguridad nacional una prenda de confiabilidad ante las fuerzas armadas, no obstante que se arriesgaran derechos fundamentales. Lo cual me pareció deplorable.

Como me parece mezquina su actitud de obstaculizar la Reforma Política por el simple hecho de que entre sus impulsores y como actor central en la construcción del consenso senatorial, aparezca Manlio Fabio Beltrones, el competidor que más le crece cada día en la disputa interna de su partido.

Dos temas tan trascedentes pretenden manejarse entre el juego político, por ello es que me opuse terminantemente a que la Comisión de Gobernación declinara dictaminar. El viernes pasado, la Junta Directiva de la Comisión se reunió para esbozar un plan de trabajo que nos permitiera obtener un producto legislativo reflejo de las diversas voces involucradas.

Hemos propuesto desahogar la discusión en el plazo reglamentario que nos da nuestra propia normatividad, 90 días. En este plazo vamos a desahogar un conjunto de audiencias públicas, el objetivo es hacer una deliberación plural y transparente, ya abrimos una ventana especial en nuestro portal de Internet de la Comisión para poner a disposición del público todos los documentos relacionados (la liga es http://goo.gl/d0Scs), además propondremos un plan de trabajo conjunto entre las comisiones involucradas y un plan de conferencia parlamentaria con el Senado.

Vamos a construir un acuerdo, y un dictamen, que redunde en lograr los objetivos de la seguridad nacional, pero trascendiendo la idea de seguir asociando ésta sólo a la seguridad del Estado, desde la optica del control social; es menester colocar la seguridad de las personas como el objetivo esencial de la seguridad nacional; si esa es la ruta, no habrá contraposición con el sistema de los derechos humanos, sino su absoluta compatibilidad y equilibrio necesario.