800 palabras
WASHINGTON D.C., 15 de junio.- La búsqueda de votos es un potente impulsor de políticas. Este viernes, a menos de cinco meses para las elecciones de Estados Unidos, el presidente, Barack Obama, ha anunciado que su Administración detendrá las deportaciones de menores de 30 años que entraron sin papeles en el país cuando tenían menos de 16 años, ofreciendo además permisos de trabajo, un paso que se calcula podrá beneficiar por lo menos a 800,000 inmigrantes.
El Presidente de Estados Unidos afirmó este viernes que no tiene sentido expulsar a cientos de miles de jóvenes "talentosos" que "son estadounidenses de corazón" y han hecho "contribuciones extraordinarias" al país, al defender una medida para suspender deportaciones decretada por su Gobierno. "Pónganse en sus zapatos", dijo Obama en una comparecencia en la Rosaleda de la Casa Blanca. (Foto White House)
Se trata, sin lugar a dudas, de un gesto del demócrata hacia el electorado hispano, que se identifica como uno de los más determinantes en los comicios del 6 de noviembre, especialmente en algunos de los estados bisagra que acabarán decidiendo el ganador como Florida, Colorado o Nevada. Y aunque los republicanos han atacado inmediatamente a Obama acusándole de dar el paso con fines electorales, lo cierto es que es el primer cambio significativo de la política de inmigración durante su mandato, en el que hasta ahora había desencantado a los grupos de activistas, no solo por su falta de acción sino por su récord en el número de deportaciones.
Obama se salta el Congreso, que con mayoría de los republicanos en la Cámara Baja desde enero del 2011, ha entrado en un brutal estancamiento, y usa el poder de una orden ejecutiva para implementar el cambio. Según éste, se aplicará un "aplazamiento" de las deportaciones de dos años, una congelación que después podrá ir extendiéndose.
La detención de la deportación de cientos de miles de estudiantes indocumentados, quienes podrán recibir además permisos temporales de trabajo, estará vigente por dos años y sujeta a renovación. El anuncio de la secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, significará un alivio para casi 800,000 jóvenes indocumentados que enfrentan el prospecto de la deportación y quienes habían centrado sus esperanzas en la iniciativa de Ley Dream, estancada en el Congreso.
"Las leyes de inmigración de nuestro país deben hacerse cumplir de una manera firme y sensata, pero no están diseñadas para hacerse cumplir ciegamente sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada caso”, dijo Napolitano en teleconferencia.
La funcionaria indicó que las leyes tampoco están diseñadas “para deportar a jóvenes productivos a países donde puede que no hayan vivido nunca o que ni siquiera hablen el idioma”.
La suspensión de las detenciones y deportaciones —mediante una medida administrativa conocida como sistema de acciones diferidas—, podría beneficiar hasta a millón y medio de hijos de indocumentados —casi un 70% de origen mexicano—, según cálculos divulgados ayer por el Pew Hispanic Center.
“En estos casos, el buen juicio, el cual se utiliza en tantas otras áreas, está especialmente justificado”, dijo explicando el razonamiento detrás de la orden ejecutiva del presidente Obama que hizo posible el cambio.
Esta medida beneficiará a jóvenes estudiantes que llegaron al país siendo niños, y quienes de acuerdo con el DHS, no presentan un riesgo para la seguridad nacional ni para la seguridad pública.
Empero, deberán cumplir con varios criterios clave a fin de ser considerados para ser protegidos ante la deportación o contra el inicio del proceso de deportación:
Deberán haber llegado a Estados Unidos siendo menores de 16 años de edad y haber residido ininterrumpidamente en Estados Unidos durante al menos cinco años antes de la fecha de esta orden ejecutiva y estar presente en Estados Unidos en esta fecha.
Deberán igualmente haberse graduado de enseñanza secundaria, obtenido un diploma de educación general, y continuar sus estudios superiores o estar sirviendo en las Fuerzas Armadas.
Deben estar exentos de antecedentes criminales y no ser mayores de 30 años de edad. (AFP / NTX)