MEXICO, D.F., 12 de agosto.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDH) condenó la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) de aceptar la recomendación 28/2013, relacionada con errores cometidos en la entrega de cadáveres tras la explosión en la Torre B2 del complejo administrativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) el 31 de enero pasado que dejó 37 víctimas.

La Comisión de Derechos Humanos condenó la negativa de la PGR. Se trata de la primera vez desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto que una dependencia federal se niega a aceptar una recomendación de la CNDH. Abajo, rescate de heridos. En la foto superior, ofrenda a las víctimas.

Se trata de la primera vez desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, que una dependencia federal se niega a aceptar una recomendación de la CNDH.

En un comunicado, el organismo defensor de los Derechos Humanos recordó que la recomendación emitida a la PGR fue por la responsabilidad en que incurrieron algunos servidores públicos “por una serie de omisiones y falta de coordinación” al entregar los restos de dos de las víctimas, uno de los cuales, el de la señora María de la Cruz Canales, de 48 años, fue entregado por equivocación a otra familia que cremó el cuerpo.

La CNDH indicó que en un oficio, la PGR le hizo saber que “se encuentra imposibilitada” para dar cumplimiento a la recomendación, porque, entre otros aspectos, “no sabe qué Derechos Humanos se conculcaron con motivo de la entrega de un cadáver a una familia distinta”.

La dependencia federal argumentó que se trató de “una equivocación consecuencia de un error humano” que le atribuye a los parientes de la otra víctima pues fueron ellos quienes identificaron el cuerpo de Cruz Canales como el de su familiar. En todo caso, dijo la PGR, el error fue inducido por éstos.

En efecto, el cuerpo de la señora Cruz Canales fue entregado a otra familia que creyó que se trataba de su familiar, Margarita Falcón Luvín, de 50 años de edad.

Fue hasta la noche del 5 de febrero que las autoridades se dieron cuenta del error.

Tras hacer pruebas de ADN al único cuerpo que permanecía en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de desaparecida, y corroborar que no se trataba de los restos de Cruz Canales, la familia de Falcón Luvín volvió al SEMEFO y corroboró que se había llevado el cuerpo equivocado.

Ese día, el entonces subprocurador de la PGR, Alfredo Castillo, justificó el malentendido al señalar que “el MP es un órgano de buena fe y cuando el familiar dice ‘yo la reconozco’ se procede a la entrega del cuerpo”.

Sin embargo, el organismo que dirige Raúl Plascencia Villanueva inició una investigación para determinar qué fallas propiciaron que se entregaran erróneamente los cuerpos.

Consideró que en casos como el ocurrido es necesario que se realice una investigación precisa y que se sigan estándares que den certidumbre de las diligencias en los casos donde no haya plena certeza de la identificación; que se cotejen las huellas dactilares, dentales e incluso de ADN, para evitar errores que lastiman a los deudos.

Fue así que emitió su recomendación 28/2013 a la PGR, misma que fue rechazada.

Para la CNDH, esa respuesta además de revictimizar a las personas, se traduce en una “falta de compromiso con el cumplimiento y respeto a los derechos humanos; sobre todo, porque en el marco de la reforma constitucional promulgada en junio de 2011, todo servidor público debe promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos; y quien los vulnere, estará violando la Constitución”, subrayó en su comunicado.

El organismo destacó que desde marzo del 2012 la PGR había colaborado con la CNDH, aceptando sus recomendaciones y otras determinaciones emitidas en materia de respeto a los Derechos Hhumanos, por lo que consideró que su actual posicionamiento “resulta insensible hacia los familiares de las víctimas” y preocupa a la CNDH que “por su propia naturaleza tiene la obligación de preservar los derechos de las personas”.

Por ello hizo un llamado a las instituciones del Estado mexicano para que respeten los Derechos Humanos. (APRO)