En una embustera operación mediática, las dos televisoras privadas del país se han vuelto a unir para lanzar una andanada de desinformación sobre supuestos malos manejos de los recursos públicos en el Instituto Federal Electoral. Se trata de un embate político-mediático que busca debilitar a la autoridad electoral frente a decisiones que le son incómodas tanto a Enrique Peña Nieto como a las televisoras, donde esa campaña desplegó su mayor artillería.

La semana que hoy termina fue pródiga en notas que dieron cuenta de un supuesto subejercicio en el presupuesto del IFE. Tiene su base ni más ni menos que en señalamientos hechos por el contralor del propio IFE y en un informe de la Auditoría Superior de la Federación, espueleados desde la bancada priísta en la Cámara de Diputados con el propósito de colocarle tanto al IFE como a la Cámara de Diputados una presión adicional a las que ya se vienen generando para conseguir tres objetivos: 1.- Que el PRI proponga a dos candidatos de la lista de los 17 que fueron seleccionados por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para ocupar las vacantes de consejeros electorales que están pendientes desde octubre pasado (esto supone que el resto de los partidos propongan sólo uno); 2.- La remoción de algunos cargos importantes dentro del funcionariado del Instituto (particularmente el del secretario ejecutivo), y 3.- Colocar a uno de los suyos en la Dirección del Registro Nacional de Electores que hasta hace unos meses estuvo a cargo de Alberto Alonso y Coria, quien por más de quince años tuvo un manejo riguroso y confiable del padrón, pero fue depuesto por una presión del PRI por los mismos motivos, a los que cedió el doctor Leonardo Valdez Zurita, presidente del Consejo General del Instituto.

El PRI se ha propuesto descabezar al secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, a cuya área compete el desahogo del procedimiento especial sancionador, mismo que por fin le fue aplicado al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto en la ilegal campaña de promoción personal con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, para la que adquirió spots de televisión en cobertura nacional. Mismo procedimiento sancionador que le ha sido varias veces aplicado a las dos cadenas de televisión, declarándoles sanciones multimillonarias por violación sistemática y reiterada de la reforma electoral del 2007.

De ahí que PRI y televisoras estén juntos en este embate contra el IFE. Y todo lo contrario en el caso del penoso y patético Trife, al que la cobertura de la televisión tiene como un modelo de justicia electoral para el mundo. No podía ser de otra manera, pues ha sido este órgano jurisdiccional el que a base de sentencias les ha ido flexibilizando los criterios de prohibición que la legislación electoral produjo en materia de contratación de propaganda en radio y televisión, tanto para partidos, candidatos y particulares, y no se diga los descuentazos que les ha hecho a las multas señaladas por el IFE.

La campaña mediática ondea la bandera de la transparencia y el riguroso cuidado de los recursos del erario, y acusa al IFE de maladministrar los dineros a su disposición; en realidad se trata de una patraña que involucra, por un lado, a una institución muy relevante como lo es la ASF, y por otro al mismísimo contralor del organismo electoral, Gregorio Guerrero Pozas, quien ha sido la punta de lanza en acusaciones sin sustento pues, sin concluir ninguna de las auditorías de las que se desprenden varios de sus juicios y observaciones, tomó el sinuoso camino de las filtraciones periodísticas, como si en verdad estuviera revelando irregularidades, y una vez que empezó a desmentirse la información, no tuvo otra que salir a litigar las filtraciones en los medios. Esto es un auditor que, como lo escribió Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la

Transición Democrática, resolvió auditar al IFE a punta de periodicazos.

El contralor Guerrero Pozas no está de acuerdo en que el IFE haya logrado ahorrar 348.3 millones de pesos, con el que ha constituido un fondo de modernización inmobiliaria para aligerar uno de los gastos más absurdos que tiene, no sólo esta institución, sino muchas dependencias gubernamentales: las rentas de inmuebles, gasto que literalmente se va a fondo perdido.

El contralor desconoce o simula desconocer que esa es una atribución legal del IFE en su condición de órgano constitucional autónomo, y al hecho -gravísimo en su caso- de ignorar la diferencia entre lo que significa subejercicio y ahorro presupuestal, se añade que mete en un mismo cajón el ahorro con los ingresos propios que tiene el IFE derivado de los servicios que presta a las entidades en elecciones locales.

El artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define el subejercicio como "las disponibilidades presupuestarias que resultan con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución."

El artículo 2, fracción III de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define un ahorro presupuestario como "los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas."

Es claro que el IFE cumplió con todas y cada una de las metas contenidas en los programas del año 2010, y entonces se trata claramente de un ahorro presupuestario y no de un subejercicio de gasto.

Aunque ésta y otras precisiones las hizo el IFE oficialmente, resultó sorprendente que al dar a conocer el "Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009", la ASF se hiciera eco de esos señalamientos, toda vez que a su lista de observaciones el Instituto le respondió todas y cada una de ellas.

En realidad no se quiso sustanciar las observaciones antes de presentar el informe, pues la simple difusión de esa información, sin contextualizarla, provoca que se levante una estela de críticas y cuestionamientos que terminan lacerando la credibilidad y fuerza de la institución entre la ciudadanía. Parte precisamente del objetivo.

Lo más preocupante de esto es que, así como se filtró el supuesto subejercicio al que se dio en llamar "el cochinito del IFE", también el informe de la ASF estuvo en manos de las televisoras 5 días antes de que el auditor superior de la Federación nos lo diera a conocer a los diputados a través de la Comisión de Vigilancia. Esto es muy grave, y la Cámara de Diputados, debe atender de inmediato este asunto.

Era lógico que el informe pasara primero por las compañías televisoras para su revisión final pues, tanto el contralor Guerrero Pozas, como la ASF, centraron su prurito fiscalizador sobre el tema que más les preocupa a las teles, el monitoreo de radio y TV.

El contralor del IFE ha encabezado una auditoría excepcional, prolongada por alrededor de un año y medio, al corazón de la reforma electoral: la infraestructura para la administración de los tiempos en radio y televisión. Esta auditoría tuvo como origen una petición de un grupo de abogados (Consejo Nacional de la Abogacía "Ignacio L. Vallarta"), documentadamente ligados a TV Azteca.

Una de las rentas que más preocupa al contralor, la del inmueble del IFE ubicado en Avenida Tláhuac y referida en notas periodísticas, se trata, también, de una revisión a un aspecto central de la reforma electoral: el despliegue logístico y la disposición y adecuación del espacio necesario para recibir y probar la tecnología de punta adquirida para la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión.

La Auditoría Superior de la Federación hace lo mismo; en su informe detalla la revisión que realizó durante casi dos años sobre uno de los proyectos más importantes que el IFE construyó tras la reforma electoral de 2007 y que puso en marcha en el año 2009: el Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado (SIATE).

"El tema es de la mayor relevancia para la vida democrática de México pues el SIATE es el instrumento fundamental para la adecuada regulación de los tiempos de la radio y la televisión durante los procesos electorales de todo el país", alertó el IFE a la opinión pública en un comunicado de respuesta a la ASF, que por supuesto no mereció mayor cobertura de las televisoras. Transcribo parte de aquel: "Debemos subrayar que la cantidad auditada por la ASF asciende a 405.2 millones de pesos, el 100 por ciento de los recursos invertidos en la totalidad del SIATE, y que sus observaciones, sobre posibles irregularidades, radican en 87.1 millones de pesos. En otras palabras, el 79% de lo ejercido en este proyecto, es regular, legal y fue debidamente aplicado por el IFE, sin dudas ni controversia alguna".

"Los 87.1 millones observados, requieren una nueva ronda de explicaciones, y ahora mismo el IFE trabaja en su respuesta. Mientras tanto, solicita a la opinión pública colocar en su justa dimensión este procedimiento. Ahora bien, el 72 por ciento de esa cantidad (63.2 millones) corresponde a una sola observación: la ausencia de minutas de trabajo que comprueben la celebración de reuniones de seguimiento del proyecto durante 2009. Los 23.9 millones restantes radican en otras cuatro observaciones administrativas, capacitación de personal, tiempo de pago, tipo de cambio y exceso de erogaciones en obra pública".

No hay duda que a las televisoras el tema que más les sigue doliendo es la utilización exclusiva de los tiempos de Estado para la propaganda electoral en radio y televisión. Lo grotesco, lo verdaderamente alarmante, es que el PRI se sume al embate con el que se trata de lastimar la confianza ciudadana en esta institución. Un auténtico balazo en el pie.

Posdata: Cinco Grandes en Madrid. Este próximo miércoles 23 de febrero, se reunirán a debatir los cinco directores de los periódicos a los que Wikileaks confió una buena parte de los cientos de miles de cables del Departamento de Estado de los EU, en lo que constituye la mayor filtración de información oficial de toda la historia.

Se trata de los directores de The New York Times, Bill Keller; Alan Rusbridger, de The Guardian; Georg Mascolo, del semanario Der Spiegel; Sylvie Kauffman, de Le Monde, y Javier Moreno El País. Abordarán el nuevo escenario informativo que ha dejado Wikileaks, la explosión de las redes sociales y el impacto en la ola de protestas en el Norte de África y el Medio Oriente.

Gracias a la tecnología digital de transmisión en vivo, el streaming, podremos ver ese encuentro y participar en él, formulando preguntas, a partir de la emisión en directo en www.elpaís.com. Por supuesto a través de "La Nueva Alfombra Mágica" como denomina Raúl Trejo Delarbre a la red de Internet. La transmisión empezará a las 18:30, hora de Madrid; 9:30, horario de Chihuahua.