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CIUDAD DE MÉXICO, 6 de febrero.- Con cinco votos a favor y tres en contra, el Consejo General del IFE regresó el dictamen sobre gastos de campaña presidencial de todos los partidos a la Unidad de Fiscalización para que precise cómo fue que determinó los gastos atribuidos a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador, y le ordenó realizar un trabajo exhaustivo al respecto.
Los consejeros demandaron que Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad, defina los “criterios” bajo los cuales determinó qué campaña (presidencial, de senadores o diputados) fue “beneficiada” con espectaculares, videos, gorras, eventos y demás. En el caso del PRI, la mayoría de los gastos fueron considerados por la Unidad de Fiscalización como dinero utilizado por los candidatos al Congreso de la Unión y no por Enrique Peña Nieto.
En una votación dividida, el Consejo General del IFE regresó los dictámenes de ingresos y gastos de las campañas a la Unidad de Fiscalización.
En contraparte, para la candidatura de Andrés Manuel López Obrador computó la mayor parte del recursos al candidato presidencial, y no aceptó la respuesta de PRD, PT y MC de que tal dinero era mayoritariamente para candidatos a diputados y senadores.
La falta de claridad hizo que el consejero Lorenzo Córdova planteara desde el inicio el regreso del dictamen hasta en tanto la Unidad no definiera qué es lo que entiende por “campaña beneficiada” y con base a cuáles criterios tomó sus determinaciones.
Los consejeros que votaron en contra fueron el presidente Leonardo Valdés Zurita, Marco Baños y Francisco Guerrero. Quienes estuvieron argumentando para que se hiciera una revisión fueron Lorenzo Córdova, Benito Nacif, Alfredo Figueroa, María Marván y Macarita Elizondo.
El consejero Sergio García Ramírez se excusó de votar; casualmente tomó esta determinación una vez que Macarita Elizondo adelantó –y con ello sumó cinco votos futuros–, que estaría a favor de regresar el dictamen. Así, la consejera anuló la calidad definitoria del voto de García Ramírez, como sucedió con el caso Monex.
De manera inesperada, la discusión del dictamen sobre los topes de campaña presidencial llevó a los consejeros a aprobar por mayoría una nueva revisión sobre las empresas que participaron en la triangulación del caso Monex.
En esta sorpresiva votación, ganada por mayoría, ya no estuvo presente el consejero Sergio García Ramírez, quien hace 15 días logró con su sufragio la exoneración del PRI en el caso de la triangulación financiera, a pesar de que la Unidad de Fiscalización detectó la participación de 14 empresas, cinco bancos y la presencia de cuatro personas físicas en el entramado.
Este miércoles 6 de febrero, después de por lo menos cinco horas de discusión del dictamen de gastos de campaña, que finalmente fue rechazado y regresado a la Unidad de Fiscalización, el representante del PAN ante el Consejo General del IFE, Javier Corral, llamó la atención sobre parte del reporte de gastos del PRI.
Al argumentar en contra del dictamen, el senador panista dijo que la revisión no cumple con las mínimas reglas de auditoría y puso ejemplo: “Cómo es posible que el PRI reporte como proveedor a las empresas Koleos y Tiguan, y la Unidad de Fiscalización no diga nada al respecto, no los sancione.
Recordó que hace dos semanas, cuando se discutió el caso Monex, se reveló que la unidad detectó que dichas empresas, Koleos y Tiguan, había participado en la triangulación de recursos hacia el PRI.
Sin embargo, el PRI argumentó que no sabía que se habían usado; que él contrató un financiamiento con la empresa Alkino. “Se sostuvo que estas empresas no tuvieron relación comercial con el PRI y ahora resulta –en el análisis de un caso distinto–, que sí fueron sus proveedores”.
El PRI reportó en el dictamen que se discutió en la sesión de hoy, que le compró a Koleos poco más de 6 millones de pesos en espectaculares y a Tiguan le pagó 90 mil pesos por otros servicios.
Ante esta evidencia, añadió Javier Corral, “podemos decir que no hubo ninguna investigación de fondo, por oficio de la unidad de investigación, pues el PRI ya antes había negado cualquier relación con estas empresas y ahora aparecen como sus proveedoras”.
Por ello, dijo, “no sólo hay que analizar el prorrateo que utilizó el PRI para el cómputo de gastos de campaña a la Presidencia, sino también se debe investigar cómo actuaron estas empresas para que salga la pista de esa triangulación de dinero en la campaña de Peña Nieto y que se conoció como Monexgate”.
Los partidos PRD y MC se sumaron a la demanda del PAN. Y de manera inesperada, se sometió a votación que la Unidad de Fiscalización abra una investigación “por oficio” sobre estas empresas, por lo que de manera indirecta se reabrió el caso Monex.
Al final de la sesión, se le preguntó al consejero Alfredo Figueroa si tal votación implicaba abrir el caso Monex que fue votado 15 días atrás; y respondió que sí, “y a esta investigación por oficio se suma lo que en aquella ocasión se votó, y que es que la Unidad de Fiscalización revise el destino final del dinero, así se le ordenó a la unidad”.
En el apuro de las votaciones, se logró por mayoría de los consejeros y ya sin la presencia del consejero Sergio García Ramírez, la “investigación por oficio” u “oficiosa” como se dijo, del caso Monexgate. (Proceso)