Tanto el PRI como el PRD se aprestan a presentar esta semana en el Senado de la República, sus iniciativas de reforma constitucional y legal en materia política.

Ello marca de entrada un compromiso de ambos partidos para entrar a discutir y complementar el conjunto de las iniciativas presentadas por el Presidente de la República que, en un primer momento, recibieron como respuesta una descalificación casi total, al menos del PRI.

El PAN ha hecho suya la propuesta presidencial en términos generales, de ahí que, al quedar formalizadas en el proceso legislativo la visión de los tres principales partidos sobre el rumbo y la dimensión que debe tener una reforma política en el país, es de esperarse que el debate se torne más riguroso y preciso sobre las propuestas especificas, en un marco de negociación abierto y transparente a la sociedad pues sería inadmisible suponer al sistema de partidos como actor exclusivo de tales transformaciones. El ciudadano es el sujeto esencial del sistema democrático, debiera ser por lo tanto el destinatario final del esfuerzo legislativo.

Si esta visión fuese realidad entre los actores políticos, es de esperarse que la coincidencia mayor de esta semana, sea la reelección consecutiva de legisladores. Sería un buen punto de partido para la búsqueda de acuerdos que rediseñen el entramado constitucional de la actual división de poderes, para una mejor colaboración y cooperación entre ellos. Sólo un poder legislativo fuerte, profesional e independiente puede colaborar con los demás poderes. Las cámaras débiles no son eficaces y por lo tanto, ni colaboran, ni funcionan, simplemente se congelan o se someten.

Soy un convencido de la reelección legislativa, a la que habrá de diferenciar con toda claridad de la reelección presidencial. Al Congreso corresponde hacer las leyes y al ejecutivo dirigir la administración pública y la administración pública gobierna en función de esas leyes.

El ejecutivo como suprema autoridad administrativa que propone ministros, dispone de la fuerza pública, dirige las operaciones bélicas, las relaciones exteriores, nombra al conjunto de los funcionarios de la administración pública federal, maneja la hacienda pública, recauda impuestos entre otras actividades, sí influye de manera más ostensible dentro de las diversas esferas de actividad del Estado, y ahí sí, puede generarse un mecanismo de perpetuación del poder. Por ello el estado de Derecho ha establecido diversos mecanismos de acotamiento del poder supremo administrativo, entre ellos la no reelección inmediata y/o indefinida.

La naturaleza de las funciones del poder legislativo es diferente, por lo que su reelección sería una consecuencia natural del principio de la soberanía popular. Es el ciudadano quien tiene o no el derecho de elegir a sus representantes.

La reelección del legislativo fortalecería el poder de la ciudadanía y le daría un mecanismo de sanción al desempeño de sus representantes. Tampoco se está inventando el hilo negro. Lo que el Presidente Calderón ha propuesto es reinsertar a la Constitución una figura que ya existía hasta 1933, la reelección consecutiva, sólo que limitándola hasta por 12 años.

En una extravagancia frente al mundo democrático, México y Costa Rica son los únicos países que no permiten a los legisladores ser reelectos de manera inmediata en sus cargos. En nuestro país esta condición tan excepcional tiene su origen en que se buscó fortalecer el poder del Presidente de la República quien acostumbraba a ser a su vez el jefe de partido y por tanto elector único de los candidatos a cargos electivos.

La reelección consecutiva favorecería la profesionalización y especialización de los legisladores, en la medida en que su permanencia en la Cámara les permitirá incrementar su conocimiento de las materias sobre las que legislan. Además, este sistema permite que los legisladores electos de manera consecutiva transmitan su experiencia legislativa a los nuevos representantes. Así habrá mayor calidad y eficiencia en el trabajo legislativo.

Pero la experiencia dicta que esta figura le daría un contrapeso también profesionalmente hablando al poder ejecutivo, independientemente del partido que gobierne las cámaras. Los legisladores deben ser influyentes no sólo frente a sus adversarios en el parlamento, tienen que ser también equilibrio dentro de sus propios partidos y frente a sus propios gobiernos. La reelección daría al ciudadano representantes de ellos y no de las clases dirigentes de los partidos políticos.

En tanto el poder legislativo es un poder fragmentado en diversas personas a diferencia del poder ejecutivo unipersonal, por ejemplo, la exposición comunicacional es menor y por ello tiene menor impacto en la conciencia ciudadana. Esto origina que se tenga la percepción de que los diputados y los senadores no sirven para nada o que simplemente no trabajan, aunque en realidad los asuntos más decisivos para la nación se discutan en el congreso. La reelección incentivaría la rendición de cuentas y por lo tanto propiciaría el fortalecimiento de la legitimidad del poder legislativo. Una percepción positiva es básica para el funcionamiento de la democracia representativa.

Habría mayor continuidad en los proyectos y podrían realizarse proyecciones que valoren más la calidad que la urgencia de la inmediatez. Existirían legisladores que serían un puente estable y continuo de comunicación con otros poderes, esto es muy valioso para la gobernabilidad en un contexto de gobiernos divididos.