Como suele ocurrir en la gran mayoría de las discusiones en torno a temas polémicos, en la forma se pierde el fondo. Llevamos ya varias semanas inmersos en el debate en torno a si las parejas del mismo sexo deben adoptar o no pero en todo este tiempo, habiendo escuchado argumentos a favor y en contra, considero que se ha pasado por alto el asunto principal: cómo darle a más niños la posibilidad de vivir en familia.

Para la mayoría de los infantes que están a la espera de ser adoptados, este debate resulta irrelevante pues ni siquiera pueden ser considerados para esa posibilidad. El problema en nuestro país no es quiénes pueden y quiénes no adoptar, sino qué niños son sujetos de adopción. La gran mayoría de los que se encuentran en albergues, orfanatos, casas de asistencia y los DIF estatales y nacional, son niños que no tienen una situación jurídica resuelta, que en su mayoría fueron abandonados y, a la espera de que sus padres regresen, no pueden ser dados en adopción.

Los procesos de pérdida de patria potestad son los que generalmente retrasan los trámites para una adopción y los que en varias ocasiones la frustran, pues un infante puede estar institucionalizado varios años a la espera de que se libere su situación jurídica, tiempo en el que crece. Cuando llega a concluir el proceso, el niño tiene una edad en la que difícilmente será adoptado.

Si en este momento hay miles de niños a la espera de una familia no es porque no haya quienes quieran adoptarlos. La institución Vida y Familia A.C., por ejemplo, recibe al año aproximadamente 1800 llamadas de personas que quieren ingresar a su programa de adopción, de las cuales, sólo tiene la capacidad de atender a cerca de 100, es decir, poco más del 5%. Lamentablemente es mucha más la gente que quiere adoptar que los niños que en este momento son sujetos de adopción, pero es casi la misma cantidad de gente que los niños que, por no tener una situación jurídica resuelta, son excluidos de esa oportunidad.

Esto es lo que debe cambiar, los juicios de pérdida de patria potestad deben ser más ágiles, deben evolucionar hacia procedimientos más sencillos que no entorpezcan o cancelen el derecho de un niño a vivir en familia, con aquellas personas que, tal y como lo marca la ley, hayan demostrado ser aptos para proveerle todo lo que necesita para que se desarrolle y crezca en un ambiente sano.

El tema está en el centro de la atención. Es una oportunidad inmejorable para, con el objetivo principal de darles un mejor futuro y bienestar, quitar las barreras y verdaderamente entrar de lleno a su estudio, unificar criterios entre los estados (pues cada uno se rige por sus propias leyes), retomar iniciativas para crear una Ley General de Adopción y reformar lo que haga falta para, sin estridencias, darle cauce a uno de los actos más sensibles y nobles del ser humano: otorgarle una familia a aquél que no tuvo esa posibilidad.