El pasado lunes en Ciudad Juárez, los cuatro legisladores federales panistas que tenemos arraigo en esa frontera, María Antonieta Pérez Reyes, Ramón Galindo Noriega, José Antonio Badía San Martín y quien esto escribe, anunciamos un mecanismo periódico entre los juarenses para compartir información y retroalimentarnos de su opinión sobre nuestra acción legislativa y parlamentaria en el Congreso de la Unión. Le hemos llamado "Legisladores por Juárez".

Nos hemos propuesto redoblar nuestra comunicación, coordinación y acción conjunta para impulsar los proyectos legislativos que son necesarios para el país, y de manera partícular los que tengan un impacto positivo para Ciudad Juárez, de manera destacada en el campo de la seguridad pública y para el combate a la delincuencia que lacera a los ciudadanos.

Varios proyectos están literalmente atorados en ambas cámaras, bajo diversas razones y otros bajo mezquinas resistencias, pretextos o chantajes que detienen reformas que traerían beneficios de ser aprobadas. Nos hemos propuesto empujar juntos a que salgan, ayudándonos en cada una de las cámaras a las que pertenecemos. También nos hemos propuesto denunciar abiertamente los intereses que se les oponen, como último recurso, exhibir a quienes se oponen o las detienen indebidamente. Que bueno seria que legisladores del PRI se sumaran a un esfuerzo como este; de hecho he planteado que debemos forzar a que, al menos en la camara de diputados, la mayoría priísta diga porqué sí, o porque no a ciertas reformas, pero que lo diga, que exprese su mayoría, no importa que nos ganen las votaciones. Pero queremos por lo menos discutir las iniciativas, toda vez que el actual periodo de sesiones y el siguiente de septiembre a diciembre de este año, aparecen como la última oportunidad para concretar reformas antes de que llegue en toda su magnitud la contienda presidencial del 2012.

En esa agenda de reformas pendientes está por supuesto el paquete de Reforma Política, de Reforma Hacendaria y las que faltan en materia de lavado de dinero, fuero militar, cédula de identidad, seguridad nacional y prevención social de la delincuencia para completar el paquete de reformas que constituye el Nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública y combate al crimen organizado.

En el acto de presentación que tuvimos con líderes de opinión en la frontera, anuncié que esta misma semana presentaría ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a diversas leyes para asegurar en México la Cedula de identidad, haciéndola compatible con la credencial para votar, esto es, evitar que el derecho a la identidad plena de las personas, no vaya en detrimento de la inscripción ciudadana en el padrón electoral. Que identidad y democracia vayan tomadas de la mano.

Para un estado como el nuestro, con los problemas de inseguridad que padece, en donde la suplantación de personas es el instrumento estratégico para la comisión de varios delitos, de manera partícular el de la extorsión y el secuestro, la Cédula de Identidad Personal es una herramienta fundamental para combatir a los delincuentes, con medidas de seguridad extremas que contará con datos que la harán única a nivel internacional. Con esta cédula se abatirán los delitos de fraude y robo de identidad, pero sobre todo contribuirá para prevenir la comisión de delitos como la adopción y sustracción ilegal de menores y la trata de personas.

Por supuesto tiene otros muchos beneficios, como el que el titular podrá verificar de manera electrónica su identidad para tener acceso a trámites y servicios electrónicos, se evitarán la discriminación y las duplicidades en el otorgamiento de los beneficios sociales a la población.
Cebe mencionar que el documento, cuyas medidas son similares a las de una credencial de elector, contará con elementos biométricos y diversas medidas de seguridad, como las 10 huellas dactilares, los datos de la Clave Única del Registro de Población (CURP) y el registro de iris de los ojos, el cual no existe en ningún otro documento oficial en el mundo. La expedición de esta cédula para menores de 18 años se inició el pasado 24 de enero en una primera etapa en los estados de Baja California, Colima, Chiapas, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco.

La Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) Susana Sottoli, respaldó el proyecto de la Cédula de Identidad Personal ya que representa una medida fundamental para reforzar la garantía de derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes.

A pesar de las bondades de este proyecto, ha surgido una resistencia a su implementación que ha dado pie a un exhorto de la Cámara de Diputados a la secretaría de Gobernación para que se suspenda. Los diputados del PAN votamos en contra de esa propuesta. No desconocemos que dentro de esa oposición puede haber preocupaciones genuinas, sobre todo aquellas que señalan que este levantamiento puede inhibir el propio del Registro Nacional de Electores. En eso coincidimos, pero no se soluciona paralizando un instrumento que debió haber nacido hace 20 años según la Constitución.

Para hacer que se logren los dos propósitos, y con el apoyo de los diputados Alejandro Encinas y Jesús Zambrano del PRD, asi como del Diputado Jaime Alvarez de Convergencia, presenté el pasado martes 22 de febrero la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la revisión de las normas jurídicas aplicables de la Constitución Política y de los esfuerzos institucionales que se han llevado a cabo a partir de abril de 1990 y hasta septiembre de 2010, tanto por el Poder Legislativo como por el Poder Ejecutivo Federal, para el establecimiento del Registro Nacional Ciudadano y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, después de 20 años con 6 meses, esta política pública no ha dado los resultados esperados, nunca se ha puesto en práctica. Si bien algunos legisladores han propuesto iniciativas de reforma a esta ley, lo cierto es que en 20 años no se ha legislado al respecto del diseño de una política materialmente posible que permita al Estado mexicano certificar de manera plena la identidad de las personas.

Existe la necesidad de impulsar la protección al derecho de la identidad de las personas, a través de un documento oficial. Sin embargo, el cumplimiento de esta obligación del Estado mexicano debe hacerse sin detrimento de la calidad de los instrumentos registrales, pilares de los procesos electorales y de la democracia mexicana.

Es por ello que, en esta propuesta de iniciativa de modificaciones legales, se define una nueva organización de las instituciones del estado Mexicano vinculadas con las actividades del registro de los ciudadanos mexicanos, respetando por un lado la responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal de administrar la política poblacional en todo el territorio nacional, recuperando el esfuerzo organizacional y presupuestal del Instituto Federal Electoral, realizado en los últimos 20 años en el registro de los ciudadanos mexicanos a través del Registro Federal de Electores.

Además esta iniciativa tiene la característica esencial de proteger los datos personales de los ciudadanos en posesión del Registro Federal de Electores, conforme a los derechos y principios para el tratamiento de datos personales.

La propuesta que se realiza establece el soporte normativo necesario para establecer una nueva política pública en materia del registro de los ciudadanos mexicanos, sumando el esfuerzo de todos las instituciones mexicanas vinculadas al registro poblacional; garantiza el derecho a la identidad de todos los ciudadanos mexicanos, conforme lo dispone la Constitución del país y revitaliza la emisión de un solo documento de identidad, así como la construcción de un solo registro de los ciudadanos mexicanos, a través del Registro Federal de Electores, de hecho lo que hacemos es incorporar el Registro Nacional de Ciudadanos en el Registro Federal de Electores, a cargo del IFE y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, en el mismo documento que emite dicho Instituto para el ejercicio del derecho al sufragio, la Credencial para Votar.

Si bien es cierto que la Credencial para Votar ha significado un avance sustancial para garantizar el derecho a la identidad, queda una asignatura pendiente: El Estado mexicano debe contar con la capacidad para certificar la identidad de las personas. Las restricciones establecidas en el COFIPE sobre la utilización de los datos contenidos en el Padrón Electoral han limitado el uso de esta base para poder llevar a cabo la verificación de identidad y/o la identificación de los ciudadanos, y de esta forma prevenir el daño social derivado de actividades ilegales como el uso de múltiples identidades o el robo de identidad.

En este contexto, los logros más importantes para una política de identidad en México han estado a cargo del órgano electoral federal. El avance más importante en el rubro de verificación de identidad e identificación de personas lo dio el propio IFE con la digitalización de biométricos y la adopción de tecnologías para la identificación automatizada.

El proyecto inició en 2000, como parte del programa de depuración correctiva del Padrón Electoral, que buscó dar de baja registros duplicados que venían del pasado, por lo cual en ese año se adquirió la herramienta de comparación de rostros y se usó por primera vez para comparar ocho millones de duplas; el universo era de fotografías captadas en formato Polaroid y en papel.

El uso de estas herramientas tecnológicas se vio fortalecido con la adquisición de la solución integral multibiométrica que adquirió el IFE entre 2005 y 2006, la cual utiliza como materia prima los vectores de la fotografía y de las dos huellas de los índices de los ciudadanos. Así, los trámites captados por el Instituto Federal Electoral desde octubre de 2001, cuentan con las imágenes de la huella dactilar de los dos dedos índices y la fotografía, en formato digital, de los ciudadanos, y en 2006 se realizó el primer ejercicio de depuración correctiva sobre un universo de poco más de 33 millones de pares de huellas dactilares.

Posteriormente, desde julio de 2007, se puso en práctica el programa de depuración preventiva, cuyo objetivo es evitar el ingreso de registros duplicados, mediante la base de datos de huellas dactilares digitalizadas y el Sistema de Identificación Automatizada de Huellas Dactilares (conocido por sus siglas en inglés como AFIS).

Actualmente, existen 78 millones 963 mil 238 credenciales para votar válidas, emitidas por el IFE, por medio de las cuales los ciudadano se identifican y además pueden ejercer su derecho al voto.

Hoy en día, el IFE cuenta con cerca de 60 millones de registros en la base de datos del Padrón Electoral con las imágenes de las huellas dactilares de los índices de ambas manos de los ciudadanos y con imagen vectorizada de rostro de la totalidad del Padrón Electoral. Esta cifra significa que aproximadamente el 75% de los registros en el Padrón Electoral son registros con dos datos biométricos. Se trata de la base de datos biométricos de uso civil más grande del mundo. Con ella, se ha logrado controlar el problema de registros duplicados en el Padrón Electoral y se ha reforzado significativamente la seguridad de la Credencial para Votar.

De hecho, la última generación de Credenciales para Votar cuenta con un código de barras con datos biométricos encriptados que permitirían usarla para verificar la identidad del portador. Conforme se complete la sustitución de las dos primeras generaciones de Credencial para Votar, esto es, Credenciales con terminaciones 03 y 09, el sistema operará de manera aún más eficaz, pues se contará con las huellas dactilares digitalizadas de todos los ciudadanos mexicanos.

No tengo la menor duda de que, al aprobarse esta iniciativa, aseguraríamos el crecimiento normal del padrón electoral, y el sistema de seguridad pública contaría con un enorme instrumento de combate a la delincuencia.

Posdata: Nueva Oficina de Enlace Ciudadano. Además de nuestro trabajo legislativo los cuatro legisladores federales del PAN nos hemos comprometido a reforzar nuestra presencia en Juárez para atender también demandas, peticiones y propuestas, así como gestionar ante el presupuesto federal las peticiones de recursos públicos para proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Con ese motivo desde esta semana tengo en Ciudad Juárez una extensión de mi oficina estatal de Enlace Legislativo que funciona en la capital. Se ubica en el Centro Comercial "Plaza Cuquita", localizado en Ave. Manuel Gómez Morín #7384, local 17. Teléfono (656) 3980932. Ahí contaremos fundamentalmente con tres áreas de apoyo a la ciudadanía y a organizaciones sociales: de asistencia jurídica, de gestión social y de información y documentación legislativa.