Con los legalismos y formulismos que eran de esperarse y evidenciando su completa sumisión al ejecutivo estatal, la fracción del PRI mayoriteó tal y como se esperaba y rechazó considerándola improcedente la solicitud de juicio político encauzada por ciudadanos pertenecientes a diversos organismos cívicos, entablada contra Angélica Araujo por los lamentables hechos acaecidos en la fuente de prolongación de Paseo de Montejo.

Directiva de la comisión de puntos constitucionales y gobernación en la sesión en que se rechazó la demanda de juicio político a Angélica Araujo

La sesión de la comisión de puntos constitucionales presidida por el priista Víctor Caballero Durán, se convirtió en una defensa a ultranza de su correligionaria Araujo Lara y Caballero Durán, en vez de comportarse como el titular de una instancia revisora en materia procedimental, se convirtió en virtual abogado defensor de la política tixkokobense.

Los argumentos esgrimidos por Caballero Durán fueron completamente leguleyos, pues a su parecer no se configuraron las violaciones reiteradas, sistemáticas y generales  requeridas por la ley para que pudiera incoarse (iniciar) el juicio de procedencia a Angélica Araujo.

En contrapartida, descalificó los motivos esgrimidos por los legisladores panistas, tildándolos de subjetivos y considerando que no acreditaban los requisitos de forma necesarios para encauzar a la política tixkokobense, pues consideró no eran emitidos por autoridad jurisdiccional o institucional alguna y por ende, carecían de obligatoriedad.

Tal fue su discurrir en relación a la postura adoptada por el presidente del colegio de arquitectos local, Antonio Peniche Gallareta, cuando los panistas invocaron el parecer de éste, respecto a las violaciones reiteradas a diferentes ordenamientos, de distinto nivel, que la construcción del paso deprimido implicó.

Víctor Caballero recurrió a argumentos leguleyos para evidenciar su sumisión al ejecutivo estatal

La opinión de dicho profesionista, le pareció válida solo para efectos consultivos y carente de fuerza legal, al no integrar éste ninguna institución oficial, capaz de emitir posicionamientos susceptibles de no ser rechazados.

Asimismo, para Caballero Durán, las lesiones propinadas por integrantes de grupos de choque a ciudadanos pacíficos que ejercían su legítimo derecho a manifestarse, le parecieron hechos aislados y acaecidos entre particulares, susceptibles de sustanciarse por otras vías legales y administrativas. Caballero Durán enfatizó que el juicio político no era la vía idónea.

Sirvieron de comparsa a Caballero Durán, posturas de similar laya de parte de otros legisladores priistas como Martha Góngora y Adolfo Calderón, así como del diputado del partido verde, Omar Corzo Olán, que disputaron para proferir los argumentos más serviles, planteando a los priistas y a Araujo Lara como blancas palomas y a los ciudadanos partícipes en los acontecimientos, como seres perversos, ansiosos de destruir toda obra de beneficio social.

Los criterios aducidos por los legisladores panistas fueron sistemáticamente rechazados, por lo que los diputados Renán Barrera y Tito Sánchez, manifestaron que era evidente la posición de sus homólogos priistas de proteger a ultranza a su correligionaria de lo que suponían un atentado contra su investidura. La realidad es que únicamente evidenciaron su sumisión al ejecutivo estatal, coincidieron ambos legisladores de la fracción blanquiazul.

Finalmente, tras mayoritear la solicitud de juicio político, deberá convocarse a una sesión extraordinaria, para que el pleno ratifique lo decidido en comisiones y una vez más quede de manifiesto quienes están con el pueblo meridano y quienes están en su contra.