CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto.- El presidente Felipe Calderón presentó ayer una nueva iniciativa de la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas, que este mismo día se enviará al Congreso de la Unión, la cual atiende las inconsistencias constitucionales que ponían en riesgo su efectividad.

En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario llamó al Congreso de la Unión para que esta propuesta se discuta con el sentido de importancia y urgencia que amerita, a fin de atender de manera efectiva a las víctimas de la violencia y del delito.

Acompañado por el consejero Jurídico del Ejecutivo, Miguel Alessio Robles, el Primer Mandatario planteó que se proteja adecuadamente la identidad de las personas agraviadas, su seguridad y sus datos personales.

Indicó que también será indispensable que el Poder Legislativo dictamine y apruebe la minuta de reforma pendiente al Artículo 73 constitucional, que responde a un proyecto previo que plantea dar facultades constitucionales al Congreso de expedir una ley general en materia de víctimas.

El mandatario sostuvo que sin dicha facultad, ninguna iniciativa de ley en materia de víctimas podría ser aprobada por el Congreso con apego a la Constitución y conllevaría siempre el riesgo de ser nulificada judicialmente.

Señaló que hoy fue entregada esta iniciativa de ley, a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, luego de realizar observaciones al decreto que el Congreso expidió de la Ley General de Víctimas que sigue en análisis por los legisladores.

Calderón Hinojosa explicó que después de una profunda revisión al proyecto, se encontraron inconsistencias de carácter constitucional que ponían en riesgo la efectividad de dicha ley, y “para subsanar lo anterior, mi gobierno elaboró la iniciativa que hoy anuncio y presento”, dijo.

Comentó que la iniciativa toma como referente el proyecto elaborado por la UNAM, algunos acuerdos alcanzados por el gobierno federal con legisladores, las demandas más sentidas de los ciudadanos, además de establecer los principios fundamentales en los que se debe sostener la reivindicación y el adecuado tratamiento de las víctimas.

Asimismo, resaltó que el proyecto fue concebido para llenar un vacío legal del sistema jurídico, especialmente porque es urgente un marco que proteja a las víctimas de los delitos en la ruta para la construcción de un México en paz y con justicia duradera.

Ante esa justa demanda de las víctimas para un acceso efectivo a la justicia y un tratamiento digno a ellas o sus familiares, el jefe del Ejecutivo federal presentó la iniciativa, sobre la cual destacó ocho puntos.

Entre ellos se señala que los delincuentes deben reparar de manera puntual el daño que hubieren ocasionado, y que la autoridad gubernamental repare el daño que derive de violaciones a los derechos humanos.

También prevé mecanismos de ayuda económica victimal que se otorgará independientemente de la reparación del daño, para lo cual se crearán 33 fondos de apoyo que se integrarán, entre otros, con los recursos asignados en los presupuestos federal y estatales, los de decomisos y de aportaciones de organismos públicos, privados y sociales. (CRÓNICA)