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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de agosto.- Los ciudadanos estadunidenses que fueron blanco de un ataque a balazos por policías federales la semana pasada, en inmediaciones de Tres Marías, Morelos, salieron del país sin rendir declaración ministerial y sin que fueran sometidos a las prácticas periciales del caso.
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, confirmó lo anterior y añadió que la salida del país en tales condiciones fue permitida por el gobierno federal debido a que “se privilegió su salud”.
La PGR solicitará, de ser necesario, apoyo técnico a otros países para “tener toda la potencia pericial”, a fin de esclarecer los hechos ocurridos en la carretera federal México-Cuernavaca, señaló la procuradora Marisela Morales Ibáñez. (NTX)
La funcionaria sostuvo que las circunstancias referidas no entorpecerán las investigaciones de la balacera contra el vehículo de la embajada de Estados Unidos que circulaba por la carretera federal México-Cuernavaca, cuando se dirigía a una visita a las instalaciones de la Armada, en el Cerro del Capulín, municipio de Xalatlaco.
Durante el ataque al vehículo –señaló la víspera un comunicado de la Secretaría de Marina—, “los impactos de arma de fuego lograron romper el blindaje, causando asimismo las heridas a los tripulantes norteamericanos, quienes viajaban en la parte delantera”.
A seis días de la agresión, la funcionaria aseguró que existe un adecuado nivel de colaboración del gobierno mexicano con las autoridades de Estados Unidos, con lo cual los agraviados podrán rendir su declaración “en cualquier momento”.
Morales Ibáñez fue entrevistada al término de la inauguración de la Plataforma Tecnológica de Educación a Distancia y Sala de Juicio Oral, evento en el cual se comprometió a que, al finalizar su gestión, dejará “una institución depurada y confiable”.
Este asunto de los diplomáticos entraña una investigación “compleja”, dijo la funcionaria, y agregó que se requerirá de diversas técnicas periciales, en las cuales se deberán aplicar diferentes especialidades científicas.
Destacó que la prioridad en todo momento será la de llegar a una conclusión científica, que permita dispersar cualquier eventual duda respecto al resultado que arroje la investigación que se realice.
De ahí que no se descarta la posibilidad de que la PGR pudiera solicitar a agencias investigadoras de otros países el apoyo necesario para poder realizar esos peritajes, “a fin de que no quede ninguna duda sobre los resultados”, abundó Morales Ibáñez.
Luego, indicó que una de las líneas de investigación que sigue la procuraduría es la correspondiente a una posible emboscada a los estadunidenses y al oficial de la Armada que viajaba con ellos.
Entretanto, el diario The New York Times aseguró ayer que los dos estadounidenses heridos en Tres Marías son empleados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y trabajaban en una misión antidrogas.
Autoridades estadunidenses declararon al Times bajo anonimato –asegura el diario— que no había pruebas aún de que los estadounidenses, cuya identidad se desconoce, hayan sido blanco del ataque por su pertenencia al servicio de inteligencia norteamericano.
De acuerdo con agencias de noticias internacionales, la CIA se negó a comentar el caso y a precisar el número de agentes que tiene desplegados en México.
Por otra parte, abogados de los 12 elementos de la Policía Federal relacionados con el ataque a la camioneta de la embajada estadunidense interpusieron amparos en contra del arraigo de 40 días decretado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Morelos en contra de sus defendidos.
Los litigantes Marco Aurelio González Robles, Enrique Rusty Mondragón y Humberto Ávila del Bosque informaron que los amparos fueron interpuestos ayer debido a que el arraigo es improcedente, pues el delito que se imputa a los policías no tiene relación con el crimen organizado.
Señalaron, asimismo, que ya promueven un incidente de incumplimiento contra la PGR, toda vez que el mismo Juzgado Séptimo de Distrito en Morelos había concedido una suspensión a los federales para que tuvieran contacto con sus abogados y acceso al expediente, pero esto les ha sido negado.
“Hasta el momento nos han dado un sinnúmero de pretextos para impedirlo, incluso no hemos podido ver a nuestros clientes desde que fueron detenidos, y ahora tampoco nos permiten ingresar a la casa de arraigo, con lo que están atentando contra sus derechos de defensa”, dijo a periodistas González Robles.
A esto se debe que la defensa prepara un incidente de incumplimiento, con la finalidad de que se decrete en desacato al Ministerio Público de la Federación, añadió el jurista. (CRÓNICA)