MÉRIDA, Yucatán, 3 de marzo.- Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Codhey, llamó a crear y leer a las personas al momento de su detención por orden judicial o presunta comisión de un delito, una cartilla de derechos, esto con el fin de que quede claro que las autoridades conocen y respetan las garantías individuales de los ciudadanos.

Aseguró que es más que necesario informar de los derechos a los ciudadanos al ser detenidos, para así garantizar que las autoridades entienden el lineamiento que representa el respeto a los derechos humanos y se esfuercen al máximo en cumplirlos en cada una de sus acciones.

Victoria Maldonado aseguró que cualquier avance para garantizar el pleno respeto a la persona que está dentro de un proceso, sin duda resultará en un beneficio para la sociedad.

Jorge Victoria Maldonado, titular de la CODHEY.

Destacó la importancia de que las autoridades conozcan, apliquen y den a conocer a las personas sus propios derechos.

El ombudsman yucateco explicó que esta práctica corresponde al cumplimiento de los derechos humanos y tienen que ser algo que no admite ningún tipo de interpretación, debe ser algo realmente estricto, y esta idea de la aplicación de la creación de una cartilla puede ser benéfico" para el Estado.

Cabe mencionar que la propuesta de Victoria Maldonado es virtualmente idéntica a la Advertencia Miranda de los Estados Unidos, que surgió a raíz del fallo de la Suprema Corte en el caso de Miranda contra Arizona.

El fallo sostiene que las declaraciones incriminatorias y exculpatorias realizadas durante un interrogatorio por un acusado bajo custodia policíaca son admisibles en un juicio únicamente si la fiscalía puede probar que el acusado fue informado antes de ser interrogado de lo que actualmente se conoce como advertencia Miranda que dice, con ligeras variaciones dependiendo de cada Estado, lo siguiente: 'Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga, puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado. Si no puede pagar un abogado, le será asignado uno a costas del Estado'.

En su informe de actividades, rendido en agosto de 2012 ante el Congreso del Estado de Yucatán, Victoria Maldonado señaló que los hechos violatorios más recurrentes cometidos por las autoridades estatales durante el periodo en cuestión, entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012, fueron los siguientes: violación al derecho a la integridad y seguridad personal, 222; detención arbitraria, 175; prestación indebida del servicio público, 173; violaciones al derecho a la legalidad y laseguridad jurídica, 71; allanamiento de morada, 63; violación a los derechos de los niños, 57; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 56; amenazas, 49; violaciones al derecho a la libertad, 36; violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad, 35; robo 33; retención ilegal, 14; entre otros.

Los quejosos señalaron 357 veces a varias autoridades como responsables de 1,142 hechos violatorios de sus derechos, aunque cabe señalar que en una queja puede haber más de una autoridad involucrada.

Durante dicho período, se emitieron 36 recomendaciones dirigidas a las siguientes autoridades: la Fiscalía General del Estado de Yucatán recibió 14; la Secretaría de Seguridad Pública, 12; la Secretaría de Educación, 4; Secretaría de Salud 2; presidentes municipales de Maxcanú y Mérida, 2 cada uno; una para cada presidente municipal de Progreso, Temax, Tzucacab; una para el Cabildo de Oxkutzcab; así como para el Director del Centro de Reinserción del Sur del Estado y el Director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado.