70 municipios estarían demandados por empleados despedidos

Las demandas, una forma de revanchismo político

Manuel Lizarraga López durante la entrevista con Artículo 7

Agregó que lo que comenzó hace muchos años como un acto de revanchismo entre ex alcaldes -incluso del mismo partido- por despedir a la gente de confianza que el presidente municipal contrató durante su administración, se ha ido convirtiendo en una bola de nieve que amenaza las finanzas de los municipios.

Explicó que fueron los mismos alcaldes quienes, al dejar sus cargos, motivaron a la gente a que demandara a la administración en turno por el despido injustificado, pues el nuevo presidente municipal prefirió darle acomodo a su gente que conservar la que ya estaba contratada.

—Y es que cada vez que hay una contienda electoral, cada candidato se rodea de mucha gente, que en realidad, está ahi porque espera ser contratado si el candidato gana. Entonces, se hacen muchas promesas de trabajo que después tienen que cumplirse y es ahi donde viene el problema.

Destacó que aunque la gente del interior es muy noble, algunos políticos han sabido manipularlos para que demanden al municipio, además de que el demandar ya se está haciendo costumbre y se va "contagiando", poco a poco, de municipio en municipio.

—Lo verdaderamente lamentable de esta situación es que hay mucha gente que lleva años laborando ahí pero, sin prestaciones, como seguro social, crédito de vivienda y sin generar antigüedad.

Con el dinero con el que se pagarían las demandas se dejarían de hacer diversas obras.

Manifestó que pese a la gravedad del asunto ninguna autoridad legislativa, municipal o estatal, a través de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco ha hecho algo para regular esta situación que además de lesionar al trabajador y a sus familias, perjudica financieramente al municipio.

Señaló que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Estado y los Municipios de Yucatán ya fijó un plazo de tres meses a los alcaldes para que lleguen a un acuerdo con sus ex trabajadores, lo que significa el pago de indemnizaciones.

Advirtió que si no se logra un acuerdo, entonces los municipios tendrían que pagar la cantidad que la autoridad fije, que se estipula en unos $300 millones en total.

—El único rubro del que los alcaldes dispondrían para pagar ese dinero sería de las participaciones estatales, lo que significa que se dejarían de hacer obras o de ayudar a la gente para cumplir con ese compromiso que las administraciones van heredando.

Sin embargo, reconoció que aunque el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Estado y los Municipios de Yucatán, Edmundo Alzina Campos, ha declarado en la prensa local que de no cumplir los ediles con el plazo serán denunciados penalmente e inclusive solicitará que sean sometidos a juicio político. La realidad es que con las elecciones municipales a realizarse en todo el estado en mayo próximo, difícilmente los alcaldes actuales sean requeridos penal o politicamente.

—Alzina Campos lo sabe y por eso sus declaraciones son graciosas, ya que o no está considerando los tiempos que llevan esos procedimientos o sólo tiene tendencia a declarar algo aunque de antemano sabe que no se cumplirá.

—Lo que sí es posible que pase es que los candidatos que resulten electos para las alcaldías demandadas, como por ejemplo Tixkokob, Acanceh, Conkal o Tecoh, de donde soy, son los que arrastrarán sin deberla o temerla este problema.

—Como ejemplo, cito que en el municipio de Tecoh hay más de cien demandas contra el Ayuntamiento.

¡Aguas con los "asesores"!

Por otra parte, comentó que también hay gente que se aprovecha de la situación de los ex trabajadores y que supuestamente son "asesores" de los afectados, pues muchos de ellos no sólo se han vendido para darles largas a los demandantes, sino que también les piden dinero -a veces $25 pesos- por cada vuelta que tienen que dar para ver cómo va el procedimiento legal.

—La gente realmente cree que pronto se va a resolver el problema y le dan el dinero a esa persona sin imaginarse que los han engañado.

Lizarraga López opinó que la solución más viable -y que pudiera darse a corto plazo- es que los trabajadores afectados se incorporaran a un sindicato afin y que se creara una delegación en cada municipio o si las condiciones económicas lo permiten crear su propio sindicato para darles certidumbre y mejores condiciones laborales.

Ojala alguna autoridad se tome la molestia de buscar y encontrar una solución para este asunto. L.I.