La presunta adquisición de varios vehículos, que incluso ya están rotulados, sin licitación previa y que serían asignados a las comisarías de Mérida como unidades de traslados, sigue sin aclararse.

Aunque la autoridad lo niega, extraoficialmente, se sabe que en Nissan Altabrisa se compraron, al menos, 17 camionetas Urvan que servirán de "ambulancias" y que fueron pagadas de contado. Empleados del Ayuntamiento aseguran que los demás vehículos están guardados y que los choferes serán capacitados en primeros auxilios.

El pasado lunes 5, la presidenta municipal, Angélica Araujo Lara, entegó a los habitantes de Sierra Papacal una unidad de traslado —de 10 que forman parte de un plan piloto— con el fin de atender urgencias médicas y necesidades de transporte de personas con discapacidad o enfermos y dijo que ese beneficio se extendería a las 47 comisarías y subcomisarías de Mérida.

Sin embargo, ante la duda que plantearon los regidores panistas —quienes denunciaron que no se hizo licitación alguna para adquirir esos vehículos— el Ayuntamiento se apresuró a aclarar que la unidad de traslado de Sierra Papacal fue una excepción, para responder a una necesidad en materia de salud de esa comisaría.

Explicó que se convino con la empresa Nissan un arrendamiento por seis meses para la primera unidad de traslado, con un costo mensual de 10 mil pesos y que las otras 9 se adquirirían por medio de licitación pública a que se convocaría en los próximos días.

Hoy miércoles, en sesión extraordinaria de cabildo, la alcaldesa dijo que la unidad de traslado que se entregó en días pasados en Sierra Papacal fue el primer paso de un programa piloto que permita evaluar el impacto social de dotar a las comisarías de unidades de traslado para atender emergencias médicas.

—La unidad de traslado que opera en Sierra Papacal será adquirida "sí y sólo sí", las evaluaciones realizadas al programa piloto, prueban que el beneficio del programa es tangible, real y positivo —aclaró.

—Si el impacto del programa es positivo, se signará un convenio de arrendamiento financiero —anticipó.

—Sabemos que dicho convenio, así como cualquier otra obligación adquirida para la administración pública, de acuerdo con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, debe pasar por el Cabildo para su aprobación —reconoció.

Indicó que el mecanismo de adquisición dependerá exclusivamente del monto total de la operación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 160 y 161 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado.

La regidora panista Lisset Mimenza aclaró que no están en contra de esta medida que es beneficiosa para las comisarías, sino de la manera como se está haciendo. La "finalidad es buena, pero no hay una justificación legal para la adquisición sin licitación".

Señaló que este asunto tiene un trasfondo "demasiado político" porque el ayuntamiento tiene 90 días para elegir a sus comisarios y, como, al parecer, la alcaldesa quiere hacerlo de manera directa y no por elección, buscan la manera de cómo hacer que la gente los apoye.

Por su parte, Jorge Caamal Burgos, presidente de la Coparmex-Mérida, dijo que ellos están acostumbrados a la buena administración y transparencia y pidió que las actuales autoridades municipales sigan así.

Asimismo, pidió que si la alcaldesa tiene manera de demostrar que la adquisición de la ambulancia fue legal, que enseñe la documentación correspondiente.