Las cooperativas o tiendas escolares, ingresos ilegales de más de $100 mil anuales

La Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán A.C. denuncia que la CODHEY es cómplice de los atropellos del gobierno del Estado contra los padres de familia

Rosca envinada para una junta de la dirección, la adquisición de tarjetas telefónicas, un desayuno en un restaurante para festejar el día del maestro o el pago de suplencias a docentes, son algunos de los gastos que mes a mes las escuelas públicas de Yucatán erogan de fondos ilegales provenientes de cuotas obligatorias a padres de familia y de las tiendas escolares, de los que obtienen más de $100 mil anuales.

La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán A.C., (AEPAF) Paula Lira Moguel, denunció que las cooperativas —las cuales de acuerdo a la Ley General de Educación en su Artículo 14 sólo son permitidas para que sean manejadas por los padres y su único fin es que al término del ciclo escolar el dinero recaudado por esa forma sea devuelto a los estudiantes en porcentajes iguales, ya que ellos son los socios de la cooperativa— son un verdadero negocio para directores y maestros.

—Aquí, la llamada "cooperativa" es una tienda manejada por los maestros y directivos, quienes se quedan con el dinero. Esto va en contra de lo que dice la ley.

Paula Lira Moguel, presidenta de AEPAF con el expediente e informes económicos de la escuela Primaria Estatal 48 "Ignacio Zaragoza".

Explicó que al dedicarse los maestros a la atención de las "tienditas escolares" violan la Ley de Educación del Estado de Yucatán en su artículo 34 al abandonar sus aulas para realizar comercio en la escuela, comercio que les está prohibido realizar de acuerdo al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal Estatal de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán en su artículo 59 inciso III.

—Un ejemplo de esta situación es la Escuela Primaria Estatal 48 "Ignacio Zaragoza" en la Cortés Sarmiento y cuyo director, José Alfredo Canché Rodríguez, utiliza la mayor parte de lo que recauda en la tienda escolar en convivios para él y los docentes, pago a supervisora de zona, pago a intendente para ir por la nómina, agua, tarjetas de celular para él y suplencias cuando faltan los docentes.

Relató que ante estas irregularidades, una madre de familia se atrevió a pedirle cuentas a la dirección: la respuesta no fue únicamente negarle la información sino aplicarle maltrato y declarar amenazas a los dos hijos suyos que estudiaban en esa escuela.

La afectada, a pesar de las amenazas, continuó con su investigación. Acudió a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY), pero ésta se limitó a emitir una carta de extrañamiento al director por las irregularidades denunciadas. José Alfredo Canché Rodríguez jamás devolvió el dinero.

Debido al nulo apoyo de la SEGEY, la madre de familia pidió a través del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP), información sobre los ingresos obtenidos por la escuela a través de la tienda escolar y los egresos.

Los documentos solicitados al INAIP arrojaron que el dinero obtenido por este medio, unos $100 mil al año, era para la compra de abarrotes, pago de ventas (empanadas y otro tipo de alimentos) a maestras, pago de suplencias, un desayuno para festejar el día del maestro, compra de rosca envinada para una junta en la dirección y la compra de artículos de limpieza, entre otros.

Informe económico de la primaria "Ignacio Zaragoza" correspondiente a mayo de 2009. Se aprecia que los ingresos se obtienen por la venta de alimentos y bebidas de la tienda escolar y que en los egresos aparece el pago de un convivio para los maestros, pago de suplencias y devolución de nómina y de teléfono.

Un botín de $300 millones anuales

La Sra. Lira Moguel destacó que esta situación en la Primaria Estatal 48 "Ignacio Zaragoza" —que derivo en la salida obligatoria de 20 alumnos ante el maltrato que sufrieron por parte de la escuela por cuestionar el uso del dinero— es sólo uno de los muchos ejemplos de lo que sucede en las escuelas públicas de todo el estado.

Estimó que por cada ciclo escolar, los directivos de las escuelas públicas —desde preescolar hasta telesecundarias, educación indígena y Centro de Atención Múltiple (CAMS) de todo el estado— recaudan de manera ilegal unos $300 millones, cuyo destino específico se desconoce, porque los directivos se niegan a dar cuentas de ese dinero.

Manifestó que cuando un padre de familia se acerca a la SEGEY para pedir el respeto a sus derechos —como que no se cobren cuotas de inscripción o que se les obligue a dar la supuesta aportación "voluntaria"— la dependencia les hace cocowash para que acepten hacer los pagos y para que firmen un documento en el que aseguran estar de acuerdo con el actuar de la escuela.

—Claro que hay gente más cínica, como Roger Pinto Achach, director de las primarias de la SEGEY, que descaradamente te dice que no se les puede auditar a las escuelas por cobros ilegales, ya que ese dinero no proviene de recursos públicos.

Y si acudes al secretario estatal de Educación, Raúl Godoy Montañez, ni siquiera te atiende y te puede traer un año dando vueltas a su oficina, pero ni así te dará fecha de audiencia.

Señaló que si es verdad lo que dicen los directores y maestros de las escuelas de que el dinero de las tiendas escolares y de las cuotas de inscripción sirven para el mantenimiento de los planteles, entre otras cosas, el gobierno del Estado debe responder qué hace con los recursos que supuestamente destina a las escuelas.

La denuncia de la Sra. Lira Moguel sobre el negocio que representan las tiendas escolares para los directivos y docentes también se sustenta con la publicación hecha el 11 de julio por el periódico La Jornada que dio a conocer que la comercialización de alimentos y bebidas en más de 200 mil escuelas de educación básica en todo el país generá anualmente unos $40 mil millones.

De acuerdo con el periódico, la Secretaría de Educación Pública (SEP), es la más interesada en que no desaparezca este manejo ilegal de dinero, pues le permite evadir su responsabilidad en el mantenimiento y administración de los centros escolares.

¿Y la Secretaría de Educación Federal, Delegación Yucatán, que?

El evitar a los padres de familia el cobro ilegal de cuotas de inscripción, la obligatoriedad de las aportaciones "voluntarias", el maltrato a sus hijos de inconformarse con dichos pagos y el que puedan accesar a informes del manejo del dinero, la SEP ha convertido, según sus propias palabras, a Paula Lira, en enemiga de la SEP en Yucatán por exigir que se respete la ley.

Es asi que, para confundir a los padres y simular ante la opinión pública que todo marcha en perfecto estado, la SEGEY creó una asociación paralela de padres de familia denominada "Asociación de Padres de Familia de Yucatán (Asepafay)", presidida por una funcionaria de la Procuraduría General de la Justicia del Estado (PGJE) [Jesús María Hernández Cámara], quien representa y defiende los intereses de la dependencia estatal.

Ante esta situación, Artículo 7 intentó entrevistar al delegado en Yucatán de la Secretaría de Educación Pública, el panista Joaquín Díaz Mena, para conocer cuál de las dos asociaciones de padres de familia es reconocida por la dependencia a su cargo, pero el funcionario respondió, a través de su recepcionista, que "la SEP no tiene ninguna injerencia en lo relacionado con esas asociaciones y que sólo concedería entrevistas relacionadas con programas de su dependencia".

La SEP, Delegación Yucatán, también dejo en claro que tampoco tiene nada qué ver con los recursos enviados a la SEGEY, ya que eso corresponde a la Secretaría en México.

La CODHEY, un cómplice más al servicio del gobierno estatal

Pero los padres de familia, además de no contar con el apoyo ni de la SEGEY ni de la SEP federal, a través de la delegación en Yucatán también se han visto afectados por la instancia que, supuestamente, debe velar por sus derechos: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Al respecto, la Sra. Paula Lira aseguró que la CODHEY es cómplice del gobierno del Estado en los problemas que los padres tienen con las escuelas, ya que, cuando se les llama para que acudan y den fe de los maltratos —e incluso detenciones por medio de la policía, que se han dado en varias escuelas— los visitadores de esa instancia jamás se aparecen.

—Tardan mucho en darnos audiencia y cuando finalmente nos atienden, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, nunca nos da una respuesta.

Agregó que cuando ambas partes se juntan a dialogar, la CODHEY le da la razón a la SEGEY.

—Sabemos que también asesora a los directores y maestros para que infrinjan de una manera menos notoria la ley para justificar de esa manera su apoyo al gobierno estatal.

Destacó que el colmo es que la CODHEY no quiso entregar su reglamento interno a los padres de familia que lo solicitaron, por lo que tuvieron que pedirlo a tráves del INAIP.

—Desafortunadamente estas irregularidades y atropellos por parte de las autoridades continuarán hasta que los padres de familia se unan y comiencen a exigir el respeto de sus derechos. L.I.