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Recientemente se hizo pública la noticia de que Yucatán ocupó un nada honroso décimonoveno lugar de 32 en el estudio Métrica de Transparencia 2010, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Esto no es de sorprender dado el grado de accesibilidad a la información pública que tenemos hoy en día los ciudadanos yucatecos. Verdaderamente es un calvario acceder a esa información a la que en teoría tenemos derecho por la ley en la materia: numerosas y extensas prórrogas autorizadas por la unidad de acceso a la información (UNAIPE) para las solicitudes tramitadas; inexistencia de información supuestamente "obligatoria" en los portales de transparencia; actualización a destiempo de la información fiscal-financiera que impide un seguimiento oportuno del ejercicio presupuestal; y un organismo (INAIPE), otrora garante de este derecho, maniatado y de alguna manera cómplice del referido calvario que sufrimos los ciudadanos, son sólo algunas trabas a las que nos enfrentamos consuetudinariamente los que pretendemos acceder a la información pública del gobierno del Estado.
Sin embargo, la posición obtenida en el referido estudio del CIDE pareciera ser muy generosa por la calidad de la información que el gobierno del Estado imprime a sus reportes anuales de gestión, los llamados "Informes de Gobierno", y las precisiones y ampliaciones que sobre los mismos proporcionan a nuestros representantes populares, los diputados, para sus respectivos análisis y "glosas" que deben por ley efectuar.
Este año no fue la excepción, y tanto el Tercer Informe de Gobierno, con cientos de páginas plagadas de adjetivos y muy pocas cifras objetivas que faciliten el análisis de la información, como su anexo de respuestas a las preguntas de los diputados, a veces cínico, a veces contradictorio y otras tantas omiso, fueron sólo el preludio de unas anunciadamente improductivas comparecencias de funcionarios públicos al Congreso y de una consecuente y lógica desinformación ciudadana al respecto.
A manera de ejemplo, a continuación revisaremos las respuestas que el gobierno estatal dio a algunas de las preguntas formuladas por diputados de oposición, específicamente del Partido Acción Nacional (PAN), que evidencian la "calidad" de la información a la que nos referimos:
Aunque en sus ambiguas respuestas el gobierno del Estado dijo que no hay plazas comisionadas en Salud, lo cierto es que la "ola roja" nos ha costado a los yucatecos cerca de 30 millones de pesos
En la pregunta 106 de la primera serie, los diputados panistas preguntaron cuál era el número de personas comisionadas en la Secretaría de Salud. Ahí se les repondió que eran 64, 34 de personal estatal y 30 de personal federal. Sin embargo, en la segunda serie, a la pregunta 40 de cuántas plazas estaban comisionadas en el área de salud, se les respondió que 106.
Como si un faltante o un sobrante de 42 personas no fuera suficientemente desconcertante, en las preguntas 42 y 43 de la segunda serie, que también inquirían sobre las plazas comisionadas, el gobierno del Estado respondió: "No se tienen plazas comisionadas en salud".
Para terminar de atender con cierta ironía dirían unos, cinismo dirían otros, la larga serie de preguntas sobre el tema de las plazas comisionadas, en la pregunta 47 de la segunda serie —¿A cuánto asciende el total de las erogaciones que su administración paga por comisiones?—, el gobierno estatal respondió: "El total de las erogaciones por comisiones bancarias del período del 1 de Octubre de 2009 al 30 de Septiembre de 2010 es por $16'354,600.39".
Quizás esa ironía o cinismo se debía a que ya en la pregunta 107 de la primera serie, había reconocido que la "Ola Roja" y su líder Álvar Rubio nos habían costado casi 30 millones de pesos a los yucatecos hasta la fecha del informe, lo que significa casi un millón de pesos mensuales.
En la pregunta 112 de la primera serie —En toda la administración pública estatal, ¿cuánto es el gasto en asesorías internas y externas? ¿Quiénes son los asesores?—, el gobierno del Estado respondió únicamente: "El monto total de erogaciones por concepto de asesorías es de $114,572,169.99", omitiendo relacionar a los asesores.
Posteriormente, en la segunda serie, los diputados panistas lanzaron las siguientes preguntas: 23.- ¿Cuántos contratos de asesorías se realizaron en el presente año en la administración pública estatal?, 25.- En relación a la pregunta anterior ¿Cuáles son los rubros del contrato de asesoría?, 26.- ¿Con respecto a los contratos de asesoría ¿Cuáles son los nombres de los prestadores?, 27.- En relación a las asesorías ¿Cuál es el servicio por concepto de asesoría? y 28.- ¿Cuáles son los montos y fechas de contrato que se relacionan con las asesorías?
A lo que el gobierno del Estado respondión lacónico: "La información solicitada en las preguntas 23, 25, 26, 27 y 28 tiene que ser recopilada de un significativo número de fuentes, verificada y procesada. Por ello no fue posible completar a tiempo la preparación de esta respuesta".
Esta "conveniente" imposibilidad para responder, posiblemente tenga que ver con el hecho de que las erogaciones por asesorías se han triplicado en relación con el 2007 (al pasar de $36.5 millones ese año a los $114 millones reportados para este) y con que diversas fuentes coinciden en que cada vez que un funcionario de mando superior sale por diversos motivos del "gobierno de la nueva mayoría", se incrementa la nómina de los asesores en un monto similar al último sueldo devengado por ese funcionario.
Si se cuenta con todos los documentos exigidos por la Ley, ¿por qué hasta la fecha no se han escriturado los terrenos del "Plan Maestro de Ucú"?
Aunque en algunas de estas preguntas el gobierno no responde exactamente lo preguntado, es perceptible claramente lo cuidado de sus respuestas para no incurrir en errores que pudieran después revertírsele, como en la 17 y en la 18 de la segunda serie, en donde se le pregunta si cuenta con títulos de propiedad y dictámen de vocación forestal o no forestal de los suelos, respectivamente, a lo que, el gobierno respondió: "Se cuenta con los instrumentos legales suficientes en los que se establecen la forma y plazos en que se escriturará dicho inmueble cuando concluya el procedimiento agrario correspondiente" y "se cuenta con todos los documentos legales exigidos por la Ley" (sic).
Sólo cabría preguntarnos entonces, si todo está en regla y se cuenta con todos los documentos exigidos por la Ley, ¿porqué aún no se perfecciona la compra-venta con las escrituras respectivas?
Sobre este tema tampoco le salen las cuentas al gobierno. Primero, en la respuesta a la pregunta 82 de la segunda serie, indica que el costo total de este evento ascendió a $5,409,960; sin embargo, en las preguntas 83, 84, 85, 86 y 87, los diputados panistas piden se desglose el monto pagado a artistas, publicidad, transporte, alimentos y bebidas y eventos artísticos, respectivamente, y el gobierno responde que esos conceptos importaron en total $8,999,713, es decir, casi $3.6 millones más que lo reportado en la respuesta inmediata anterior.
Para el gobierno del Estado, las numerosas obras cuya primeras piedras han sido anunciadas con bomba y platillo pero que aún no se terminan, como el "Parque Científico y Tecnológico de Yucatán", no son obras inconclusas
(94) "En el proceso de construcción de las obras públicas no hay referencia del término "primera piedra". El proceso se divide en planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y verificación" y (95) "No hay obras inconclusas. El proceso de construcción de las obras públicas se divide en planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y verificación".
Simplemente sin palabras.
El gobierno del Estado respondió a una de las preguntas de los diputados panistas que "Mi Stilo es Yucatán" no ha ejercido recursos, sin embargo no informó quién y cómo sufró los diversos eventos (pasarela incluida) que por el mismo se han llevado al cabo en esta ciudad y en el Distrito Federal
Con su primera respuesta, el gobierno estatal aparentemente buscaba deslindar a "Mi Stilo es Yucatán" de la empresa Ibónica (empresa propiedad de Adolfo Peniche Larrea, hijo del coordinador del Sifidey Adolfo Peniche Pérez) pero pasó por alto que hay pequeños artesanos y comerciantes —114 en total— que, confiando en el programa,se inscribieron en su primera etapa y que , así sean personas físicas o microempresas, sí tienen relación con el programa.
Y con respecto a la segunda respuesta, sólo hay que recordar la presentación del proyecto en la Capital del País y los diferentes eventos que el mismo ha tenido en esta ciudad —pasarela incluida en la Quinta Montes Molina— para desmentir dicha respuesta, pues ya sea que los pagos los haya realizado con cargo a su presupuesto el Despacho de la Gobernadora o la Secretaría de Fomento Económico o la que fuera, el caso es que se han erogado muchos recursos públicos por "Mi Stilo es Yucatán".
Como último ejemplo de la "calidad" de las respuestas del gobierno del Estado a los señores diputados panistas, está la ofrecida a la pregunta 1 de la tercera serie que cuestionaba el ampliamente difundido affaire por el incumplimiento de la aportación estatal a la Fundación Produce, A.C., después de que el secretario técnico y jefe de la oficina de gobernadora, Ulises Carrillo Cabrera, decretara como "letra muerta" el acuerdo respectivo. Transcribimos la pregunta y su respuesta literalmente, para que Usted, amable lector, aprecie de mejor manera su "calidad":
¿Cuáles son los motivos que dieron causa al incumplimiento de acuerdo firmado por parte del Ejecutivo del Estado y la Fundación Produce, A.C.?
"No aconteció ningún incumplimiento de acuerdo con esa Fundación". JECM