Desde finales de la década de los cincuenta, cuando el Presidente Adolfo López Mateos instituyó el libro de texto obligatorio y gratuito, un sector de la clase media (principalmente de extracción católica) luchó aguerridamente por la reivindicación de los padres de familia para escoger la educación de sus hijos, entonces se decía que la medida "era el primer paso para convertirnos en la Unión Soviética".

Poco a poco el propio devenir histórico fue reivindicando dichas causas, primero el texto dejó de ser obligatorio de facto (los inspectores se hacían a la vista gorda), después desapareció el llamado "socialismo real" y con él un espectro ideológico utilizado discursivamente como enemigo imaginario, posteriormente se reformó la constitución abriendo la posibilidad jurídica de la educación religiosa (un hecho innegable en la vida nacional) y finalmente el lunes pasado el Presidente Calderón firmó el decreto mediante el cual se pueden deducir las colegiaturas de las escuelas particulares desde preescolar hasta bachillerato.

En el pliego petitorio original de la Unión Nacional de Padres de Familia y recogido por el PAN en subsecuentes plataformas políticas, esta medida constituye el reconocimiento de las clases medias como susceptibles de ser objeto de beneficios estatales tradicionalmente reservados a los sectores populares. Desde siempre los gastos médicos y funerarios han formado parte de los rubros deducibles pero se trata de hechos fatales, en cambio la medida adoptada por Calderón otorga una normalidad meridiana que beneficia de manera cierta y cotidiana a tres millones de estudiantes y a sus familias que se han visto incentivadas a formar, o a reintegrarse, a la economía como un todo.

Por supuesto que no faltan las voces disidentes que lanzan epítetos al aire como queriendo adoptar una postura crítica sólo con argumentos discursivos: "medida electorera", "beneficio de clase para unos cuantos", etc, la realidad es que difícilmente uno puede oponerse a un acto (aunque provenga del gobierno) que repercutirá para bien en la vida diaria de amplias capas de la población y que si bien tardará en dar los frutos esperados, sienta el principio de una verdadera reforma educativa que eventualmente eleve los niveles académicos de las nuevas generaciones y, ¿porqué no?, de la población en general.

Poco se dice que el decreto también implica la consolidación de las escuelas particulares como entidades fiscales sujetas a un régimen de excepción pero régimen al fin. ¿Qué sentido tenía solicitar una factura si los pagos no eran deducibles? Claro que las escuelas privadas se pintan solas para obtener recursos de otros conceptos como útiles, uniformes, etc. Sin embargo es un buen comienzo de control hacendario y ese sería el segundo paso para regular, vía la Ley General de Educación y Ley Federal de Protección al Consumidor, tanto las llamadas "cooperaciones voluntarias" en las escuelas públicas, como los mercados cautivos que conforman los alumnos de las instituciones de educación particular. Francamente amo pensar en la mera posibilidad de que los centros de educación a cargo de los legionarios de Cristo puedan ser auditados por las autoridades fiscales.

Llama la atención a su vez que esta propuesta no haya tenido su origen en el Poder Legislativo, a pesar de que el PRI quiera adjudicarse la paternidad a toro pasado ¿Será que de veras ni en eso pudieron ponerse de acuerdo diputados y senadores?