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Calderón hizo uso —diría que tímidamente— de su poder natural, legal, de expedir decretos. Es un decreto poderoso: le cuesta al fisco unos $13 mil millones.
Calderón tiene ahora 2 críticas: 1) Beltrones le dice que por qué gobernar con decretos y no mejor con leyes; que los decretos pueden ser cambiados por el próximo presidente. 2) Los perredistas le dicen que “tenía un guardadito”, es decir, dinero que podría ahorrarse —de hecho, de no ser así, el decreto le costaría $13 mil millones extra al fisco y algo tendría que dejar de hacerse o aumentar el déficit fiscal.
¿Es malo gobernar por decreto? Todo el mundo está molesto con Hugo Chávez porque hace poco hizo pasar una ley de acuerdo a la cual todo su gobierno sería por decreto. Es decir, el congreso en Venezuela, en tanto esta ley dándole a Chávez la facultad de gobernar por decreto esté vigente, ya no sirve para nada. Pueden ahorrarse el costo de la manutención de los legisladores.
En México son muy pocas las cosas que pueden hacerse por decreto. Ya sabemos que López Portillo, de un plumazo —un decreto— nacionalizó los bancos. También de un plumazo —un decreto— pasó todo el dinero del Infonavit a ser propiedad del gobierno federal —cuando se trataba de un fondo pagado por las empresas, a favor de los trabajadores.
El país continuó igual que siempre. Hubo aplausos en el congreso —por parte de los legisladores, priistas casi en su totalidad. ¿Será porque les habían ahorrado el trabajo de tener que estudiar las propuestas?
Es irracional que las colegiaturas no sean deducibles para las personas físicas que las pagan. No estamos seguros, pero todo parece indicar que la posibilidad de deducir colegiaturas es muy limitada, pero es importante. Se supone que es el estado mexicano el que tiene la obligación constitucional de proveer de educación primaria y secundaria a todos los mexicanos.
Lo hace, pero no con la calidad necesaria y suficiente. Por lo tanto, hay sectores que prefieren promover la existencia de escuelas de mayor calidad. Surgen así las escuelas privadas. El problema con éstas es que es necesario pagar altos costos —colegiaturas, inscripciones, libros, cuotas y demás— que una persona física, hasta antes del decreto, debía sacar de su bolsillo y entregar a la escuela, exactamente como lo hace al dar una gastada o limosna religiosa o propinas en los restaurantes. El recibo servía, fiscalmente, exactamente para nada.
Muchas cosas son históricamente inmorales en nuestro país. El que el pago de las colegiaturas no fuera deducible de impuestos fue, por muchos años, una inmoralidad histórica. Se mantuvo así porque era parte de la actitud anti clerical, dado que la gran mayoría de las escuelas y universidades privadas de México fueron, inicialmente, asunto de las órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas.
Eso ha cambiado y, hoy por hoy, miles de escuelas totalmente laicas han proliferado a lo largo y ancho de todo el país. Son, muchas de ellas, muy buenos negocios.
Todo parece indicar, sin embargo, que detrás del beneficio —bastante incompleto— para las personas físicas que pagan colegiaturas, hay un grave peligro por parte de las escuelas. Ahora quizás tengan que enterar al fisco aquello pagado que harán deducible las personas físicas involucradas. Habrá un “cruce”.
¿Se trata de un truco? ¿Será ese el “as bajo la manga” que tiene Calderón para comenzar a hacer que las escuelas paguen impuestos sobre ingresos superiores a ciertos límites —por ejemplo, sobre ingresos superiores a aquellos que sí serán deducibles?
A lo largo de mi vida he conocido a empresarios de la educación que han logrado hacer buenas fortunas —han lucrado— con sus operaciones empresariales educativas. Eso no se veía mal. ¿Se verá mal a partir de ahora? Cuando algo es deducible es porque no lo es para la otra parte. Los ingresos de las escuelas no estaban vigilados —pero sí los pagos de las escuelas a sus maestros y la retención del ISR. Ahora ya no los tendrán que vigilar: las declaraciones de los que pagan se encargarán de informarlo. El “cruce” informático del moderno fisco mexicano se encargará de tener un elemento más para analizar.
Lo cierto al caso es que el pagar una colegiatura por la educación de los dependientes no es una obligación, sino una opción, totalmente libre. Los educandos podrían siempre haber sido enviados a escuelas públicas, en las cuales no se paga un solo centavo ni de inscripción ni de colegiatura.
¿Qué pasaría si en México, en vez de promover la formación de escuelas privadas, se decretara que éstas quedan prohibidas? Como el país no alcanza a darles buena educación a todos según lo ordena la Constitución, entonces se prohibiría la educación para “privilegiados”. Esto provocaría que todos deban ser enviados a las mismas escuelas. ¿Serían iguales todas las escuelas públicas? Algo me indica que las cosas se hubiesen desarrollado por un camino totalmente diferente y quizás hoy el país sería mejor.
Muchos de los que fuimos enviados a escuelas privadas en los 50 y 60 jamás podremos olvidar el pánico generalizado que se formaba en la escuela al llegar a ésta un inspector. Se nos hacía comprar libros para aprender acerca de la religión católica, romana. Esos libros estaban totalmente prohibidos por la Constitución y todas las leyes que de ella emanaban. Había que esconderlos cuando llegaba “el inspector”. Los maristas nos contaban una y otra vez la historia del Padre Pro: un mártir de la persecución religiosa.
Esas persecuciones buscaban formar generaciones de niños y niñas educados, todos ellos, bajo los mismos preceptos. No se pudo. La gente se rebeló y el gobierno cedió. Finalmente, el último Tlatoani Totalitario, Carlos Salinas de Gortari, usó su poder para acabar formalmente con esos divorcios entre la ley y la idiosincracia nacional. Si Fox hubiese pretendido hacerlo, le hubieran gritado más horas “Juárez, Juárez, Juárez…” los diputados de la oposición priista —y algunos panistas— al momento de insinuarlo. Para esos cambios se necesitaba el poder totalitario. Si Salinas hubiese liquidado la CLFC, el SME se habría desbaratado en cosa de días, con todo mundo huyendo tras una persecución feroz de todos los “Esparzas”. Calderón recurrió al “decreto”: todo dentro de la ley y ya tenemos meses con gente pidiendo se haga su voluntad, aunque ésta le cueste al país varios miles de millones cada año.
La lógica mexicana tiene sus “encantos” equilibrantes. Se pretendió que la educación fuera igual para todos; con el artículo 41, se pretende que sólo los partidos pueden hablar públicamente de política; ¿se habrá intentado prohibir la medicina privada? Es una lógica socializante: “tú debes ser igual a los demás y los demás deben ser iguales a ti; no debes tener privilegios, aunque puedas”.
Con ese espíritu inmerso en el inconsciente del mexicano, ¿nos puede extrañar que tantos decidan dedicarse a formar ese estado dentro de otro estado llamado “narcotráfico”?
¿Te das cuenta, lector, de cómo todo está integralmente unido? No hay hechos aislados; todo lo que vemos y oímos cada día, tiene un origen muy concreto, común, que nos hace ser como somos.
Y ese origen común sólo puede combatirse con educación de calidad. ¿Nos lo permitirán los sindicatos de maestros?