Este viernes 13 de mayo venció el plazo que fijó el Poder Judicial de la Federación para que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio justifique su negativa a inscribir dos actas de Fundación Produce Yucatán, pero el Poder Ejecutivo local se declaró en desacato y mantuvo su postura de negarse a respetar la ley.

El abogado Diego Antonio Herrera Gurubel, director jurídico de la Fundación, informó que hasta las 14:30 horas del viernes, el Registro Público de la Propiedad mantuvo su negativa a inscribir las dos actas no obstante que ya rebasó por mucho el plazo que fija su propio reglamento (15 días hábiles, máximo) para inscribir documentos públicos.

Herrera Gurubel detalló que este desacato tiene la siguiente cronología:

1.- El 30 de marzo de 2011, la Fundación Produce presentó ante el Registro Público de la Propiedad las actas protocolizadas que contienen dos asambleas de la asociación civil. La asociación civil solicitó la inscripción de esos documentos.

2.- Con el paso de los días, esa dependencia que depende de la Consejería Jurídica a cargo de Sergio Cuevas González, se negó sistemáticamente a inscribir esas actas. Su registradora Lizbeth de los Ángeles Cruz Salazar primero dijo se había perdido el expediente y luego argumentó  que detectaron irregularidades en la notaría publica que protocolizó el acta, ajenas a este expediente. Una y otra vez, tanto Cruz Salazar como su superior, Fernando Sauri Sánchez, incumplieron las fechas que ellos mismos prometieron para cumplir con ese registro.

3) Como los funcionarios del Registro Público de la Propiedad se negaron a cumplir con la ley, el 28 de abril de 2011 la Fundación Produce ejerció su derecho constitucional de audiencia y mediante escrito, solicitó una explicación al desacato.

4) Pasó un tiempo prudente pero esa dependencia del ejecutivo declinó responder la solicitud de la Fundación, basada en el Artículo 8º. Constitucional, ante esa ilegalidad, el 4 de mayo Produce interpuso, mediante escrito, un amparo por denegación de justicia en contra del Registro Público de la Propiedad. Fundamentó las flagrantes violaciones a los artículos 22 y 23 del reglamento de esa institución, que establecen un plazo máximo de 15 días hábiles para inscribir las actas en sus libros.

5) El Poder Judicial de la Federación integró el expediente 660/2011 y asignó el caso a la Mesa Tercera del Juzgado Tercero de Distrito el 6 de mayo; ese mismo día notificó del expediente al Registro Público de la Propiedad y solicitó una respuesta a esa institución en un plazo que venció este 13 de mayo.

El abogado Herrera Gurubel anuncia que esta batalla jurídica seguirá hasta sus últimas consecuencias.