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(Reproducción de servicio de nota de "Reforma")
Los panistas acusaron la prestación indebida de servicio público y desvío de recursos
Pedro Diego Tzuc / Corresponsal
La tierras son para el llamado "Plan Maestro de Ucú", un proyecto inmobiliario que requirió la adquisición de parcelas de uso común en poder de 356 campesinos, 176 ejidatarios y 180 posesionarios.
El presidente y el tesorero del ejido, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, revelaron que recibieron en pago 293.2 millones de pesos por 3 mil 12 hectáreas pactadas en la compra oficial.
Además, habrían vendido de manera paralela otras 576 hectáreas a "un comprador de Monterrey" a través de Fernando Pérez Escalante, intermediario del Gobierno del estado.
Según el Gobierno del estado, el 19 de mayo de 2008 pagó 343 millones 374 mil 526 pesos por parte de los predios.
Sin embargo, entre la cantidad que dicen haber recibido los campesinos, y la reportada, hay una diferencia de 50 millones de pesos que se encuentran "desaparecidos".
Además, los predios mantienen todavía el estatus de ejidal y carecen del dictamen forestal necesario que se habría requerido para su presunta venta.
"Nos dejó de pagar el Gobierno del estado que porque no tenemos los títulos de propiedad. Hasta que salgan nos pagan el saldo que nos deben.
"Hay otra compraventa de 576 hectáreas que pidió un comprador de Monterrey. No lo conocemos, nunca lo hemos visto. El trato lo ve Fernando Pérez Escalante, el mismo que ve las 3 mil 12 hectáreas del Gobierno del Estado", explicó afirmó Euán Dzul.
"El 16 de marzo fue el último pago que nos dieron, fue de 39 mil pesos. Ya llevamos siete pagos desde 2008, cuando se firmó el convenio. La gente ya estaba inquieta y para calmarla nos dieron esa cantidad", dijo Chan Dzul.
Triangulaciones
El 1 de mayo pasado, legisladores federales panistas interpusieron una denuncia contra el Gobierno estatal y quienes resulten responsables por supuestos delitos de peculado, desviación de recursos y prestación indebida de un servicio público en la compra de tierras ejidales en Ucú.
El senador panista, Hugo Laviada Molina, afirmó que detrás de este caso existe una gran operación nacional dirigida por el Gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, y ejecutada por su agente financiero, Enríquez Hernández, como se ha documentado en Quintana Roo y Yucatán, y con antecedentes en Nuevo León, Estado de México e Hidalgo.
"Lo que está detrás de todo esto es un modelo nacional para financiar campañas del PRI, que consiste en trabajar junto con mafias agrarias. Es decir, con empresarios que se dedican a la especulación y tráfico de terrenos; él (Enríquez) es un experto en la materia, porque fue director del Fomerrey, que es el análogo del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán", acusó.
Laviada Molina, primo del ex Gobernador Patricio Patrón Laviada, explicó el esquema: se generan proyectos, que implican la regularización de grandes extensiones de terrenos, generalmente a través de recursos legales, pero algunos de los cuales prosperan y generan proyectos que se venden a futuro a inmobiliarios, es decir, a desarrolladores y constructores que aportan al PRI para sus campañas.
A cambio, agregó, los que aportan dinero a las campañas del PRI reciben la promesa de estos terrenos ya regularizados y con infraestructura del Gobierno del estado, que posteriormente pueden vender a precios muy superiores de los que originalmente se adquirieron a los campesinos.
El legislador aseveró que así se financió la campaña de Ivonne Ortega, en 2007, y la Félix González Canto utilizó en Quintana Roo.
"Expertos calculan que el proyecto de Ucú es un negocio de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, y que de ese tamaño es la cantidad de recursos que se pueden obtener; claro, no todo ese dinero se va a las campañas, sino porcentajes significativos", enfatizó.
El senador estimó que una parte de ese dinero se ha utilizado en la campaña actual del PRI en Yucatán y otra parte se destinará a campañas priistas en otros estados.
"Los beneficiarios no los podemos establecer en concreto; sí sabemos que quien lidera este grupo es Pedro Espadas, constructor, empresario desarrollador de vivienda inmobiliario, y que es él quien coordina ese holding de 10 empresas que son las que finalmente participan, eso sí lo puedo asegurar con certeza", indicó.
Desde el 1 de mayo, cuando se hizo público el caso, Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán, mantuvo notoria ausencia de los eventos proselitistas y de las actividades de campaña, y sólo reapareció en los cierres de campaña el pasado fin de semana.
Espadas, esposo de Angélica Araujo Lara, candidata del PRI a la Alcaldía de Mérida, tomó posesión el pasado 28 de abril como uno de los vicepresidentes de la nueva directiva en Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda.