Pedro Espadas Cervantes principal beneficiario

Poco a poco se han ido deshilvanando las tranzas, los involucrados e intereses presentes en el "Gran Proyecto Ucú". El negocio multimillonario, que implica ganancias para repartir entre políticos —para enriquecerse y para ser utilizadas para financiar campañas del PRI— y desarrolladores de vivienda urbana, a costa de rematar las tierras de los campesinos —que implica utilidades por más de $3500 millones— comienza a desmoronarse.

La compra de tierras ejidales de Ucú fue un proyecto diseñado por el diputado federal Felipe Enríquez Hernández, para financiar las campañas del PRI de 2010 y 2012 e implementado por la candidata del PRI al gobierno de Mérida, Angélica Araujo Lara, con la complicidad y anuencia de Ivonne Ortega Pacheco.

Este modelo, para financiar las campañas del PRI —"modelo Peña Nieto"— fue utilizado por el mismo Enrique Peña Nieto para llegar en 2005 al gobierno del Estado de México y por Félix González Canto, en Quintana Roo.

Angélica Araujo Lara, artífice en el fraude de las tierras de Ucú

Senadores y diputados federales y estatales denuncian ante la Procuraduría

Senadores de la República y diputados federales y estatales, denunciaron formalmente a la gobernadora del estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco y a aquellos que resulten responsables —entre los que se encontraría Angélica Araujo Lara— por actos de prestación indebida o abandono de un servicio público y por peculado, al utilizar indebidamente fondos públicos, que pertenecen a todos los ciudadanos.

Angélica Araujo Lara, candidata del PRI a la alcaldía de Mérida, fue la responsable de realizar el "Gran Proyecto de Ucú". Durante su gestión al frente del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) se coordinó con el consejero jurídico del gobierno del Estado, Sergio Cuevas González, para imponer a un asesor jurídico —Luis Fernando Pérez Escalante— al grupo de ejidatarios y despojarlos, a ellos, de sus tierras por un mísera cantidad de dinero en comparación con las utilidades planeadas a recibir.

Entre los hechos de la denuncia está el de contratar un crédito de $360 millones para la compra de las tierras. Sin embargo, según una nota publicada en el Diario de Yucatán del 30 de abril de 2010, los campesinos aseguran que sólo han recibido entre todos un total de $293.2 millones en contraste con lo declarado por el gobierno que afirma ya se pagaron $343.3 millones, por lo que hay un faltante de más de $50 millones.

En la denuncia presentada por los legisladores federales, se hace hincapié en la participación directa de la Arq. Angélica Araujo en la elaboración y ejecución del "Gran Proyecto de Ucú", siendo ella la directora del IVEY durante el tiempo desde que se creó hasta su solicitud de licencia para competir por una diputación federal.

El hecho principal por el que se motivó la demanda fue que se ha dispuesto de un crédito de $343 millones y no se ha manifestado el destino del dinero ni se han exhibido los títulos de propiedad de las tierras de Ucú. Los títulos son, efectivamente, inexistentes ya que no han sido expedidos por la autoridad correspondiente, ni registrados en el Registro Público de la Propiedad.

Luis Fernando Pérez Escalante (izquierda), asesor jurídico impuesto por el Gobierno del Estado a los ejidatarios

La pareja sentimental de Angélica Araujo es el principal beneficiario

Pedro Espadas Cervantes, pareja sentimental de la Arq. Angélica Araujo, sería el principal beneficiario de concretarse el "Gran Proyecto de Ucú".

Desde la campaña a la gubernatura en 2007, Ivonne Ortega estrechó relaciones con la pareja Espadas-Araujo. Conformaron el grupo de los 10 que serían beneficiarios del proyecto de Ucú, liderado por el propio Espadas Cervantes.

"Los beneficiarios no los podemos establecer en concreto pero sí sabemos quién está a la cabeza de ese grupo: Pedro Espadas, constructor y empresario desarrollador de vivienda. Él es quien coordina al grupo de los 10, que son las empresas que finalmente van a participar", declaró el senador Hugo Laviada Molina, en rueda de prensa con los medios de comunicación.

Espadas Cervantes es padre de los hijos de la candidata del PRI a la alcaldía de Mérida, hecho que cobra relevancia ya que durante el periódo que fue directora del IVEY, se realizaron tráfico de influencias hacia los socios de Pedro Espadas, a quienes les vendieron 165 hectáreas en las cercanías de Caucel y fueron regularizadas por el IVEY.

Otro hecho que demuestra la corrupción que impera en el Gobierno del Estado, es que cuando Angélica Araujo solicitó licencia como funcionaria estatal para poder competir por la diputación federal por el tercer distrito, quedó en su lugar el que fungía como director de administración del IVEY, Antonio Humberto Gómez Mendoza, socio de Pedro Espadas en la Constructora Imperial.

Pedro Espadas fue nombrado el 28 de abril pasado como vicepresidente de la nueva directiva de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), encargado de la cartera de fondos públicos. Eso le daría mayor ventaja para disponer de los recursos federales destinados a la vivienda.