742 palabras
Versiones contradictorias en torno a los arraigados en la PGJEY, acusados de formar un "grupo de choque" pro panista y posiblemente de haberle causado la rotura de brazo al diputado Ismael Peraza Valdez —priista disgustado con Ivonne Ortega Pacheco y su partido, el PRI— dejan entrever que definitivamente algo se está escondiendo.
El fortuito suceso de la desaparición del distinguido ciudadano mexicano, panista Diego Fernández de Cevallos, no podría haber surgido en un momento más favorable a Ivonne Ortega Pacheco que éste en que se está dando. Ha provocado un viraje de reflectores mediáticos que probablemente hagan "olvidar" al ciudadano medio yucateco —votante del día 16 de mayo— la realidad en la que está viviendo.
La madre de los arraigados expresó que sus hijos le habían pedido decir que "ellos se encuentran bien" para no complicarles su situación. Contra eso, un comunicado de la PGJEY declara que la madre expresó "confianza" en que sus hijos están bien y que han sido tratados correctamente.
Lo cierto al caso —lo incontrovertiblemente real— es que la PGJEY ha impedido a toda costa que personal calificado acuda a ver a los arraigados para dar fe de la condición real en que éstos se encuentran. Reportes de personas oficiosas afirman que los arraigados presentan lesiones evidentes, objeto de maltrato y/o tortura.
En un régimen de policía al servicio real de la comunidad —y no al servicio de algún político o partido— la Procuraduría actuaría con total transparencia. Claro, para empezar, los arraigados no lo estarían porque la siembra de "delitos" ¡no se habría dado! ¿Cuándo, durante el régimen 2001-2007 tuvimos los ciudadanos yucatecos ante nuestro juicio una situación como la que hoy se está dando? Ésa es, probablemente, la gran diferencia, misma que tienen obligación de comunicar y hacer ver a la ciudadanía, todos los medios responsables.
¿Por qué los detenidos de Komchén están incomunicados? Las leyes son muy claras con respecto a qué nivel de seriedad tendrán los delitos de sospechosos para que éstos sean "incomunicados". Pero ése no es el final: ellos tienen derecho a un abogado. Y allí no terminan sus derechos: también tienen los relativos a que sus casos, de así pedirlo organizaciones sociales, sean auditados por las comisiones de derechos humanos. Éstas son organismos que tienen un costo económico bastante significativo y evitar que hagan su trabajo tiene un doble percance, posiblemente delictivo, robo directo a los mexicanos y violación de los derechos humanos fundamentales.
El diputado Ismael Peraza Valdez tuvo expuestos a los arraigados de Komchén. ¿Esperaban que el diputado señalaría a alguno de ellos como sus verdugos? De haber sido así, quedaron muy contrariados los oficiosos de la PGJEY: Ismael Peraza negó haber visto alguna vez en su vida a los que le presentaron. Creemos que Peraza Valdez debe tener una imagen bastante clara de las facciones de quienes lo atacaron.
Por otra parte, la desaparición del panista Diego Fernández de Cevallos, que en estos momentos acapara a todos los medios nacionales —incluidos los de presencia en Internet— es un acontecimiento que está desviando la atención de los mexicanos de un suceso muy importante y muy delicado que se está llevando a cabo ahora en Yucatán. El mayor beneficio de esa desaparición será, sin duda alguna, para la mujer política de nombre "Ivonne Ortega Pacheco", hoy gobernadora de Yucatán —emanada del PRI. Ahora los reflectores dejarán de lado —esperemos que sólo temporalmente— el serio curso de acontecimientos electorales que se ha ido dando.