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Mérida, Yucatán, 14 de mayo de 2010.- "El Gobierno del Estado hace uso de la fuerza a través de la Procuraduría de Justicia para torturar a los detenidos en Komchén, comisaría de Mérida y no da la cara para responder sobre estas acusaciones", declararon legisladores panistas a los medios de comunicación en una improvisada rueda de prensa ofrecida en los corredores del Ministerio Público a donde fueron a presentar nuevas pruebas sobre el caso Ucú.
El Senador de la República, Hugo Laviada Molina advirtió que tiene información de que a estas personas se les fabricaron pruebas, fueron torturadas y brutalmente golpeadas.
Acompañado de los Diputados Patricia Gamboa Wong, Daniel Ávila Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; y Mary Yoly Valencia Vales, el Senador panista destacó que la Procuraduría del Estado no ha dado fe ministerial de que los detenidos se encuentran bien y sin golpes.
Obra en poder de los legisladores una constancia suscrita por la Actuaria Judicial del Juzgado Segundo de Distrito Federal; Margarita Alcocer Díaz, quien tuvo a la vista a los detenidos en la casa de arraigo de la PGJ.
"Nosotros tenemos el derecho de verlos en una presentación para asegurarnos de que estén bien y sin golpes. Sin embargo el Procurador no los presenta y tampoco da la cara para explicar este caso", afirmó.
Este mediodía los legisladores solicitaron sin exito entrevistarse con el Procurador.
Hace apenas unos días la Policía Política de Yucatán detuvo a unas personas por propinar una golpiza al Diputado Local Ismael Peraza, quien acusó directamente al Gobierno Estatal de haberlo agredido a través de la policía. Sin embargo el Gobierno insiste en que fueron panistas y se conoce con pruebas contundentes que a los detenidos los han torturado y golpeado ocasionándoles lesiones en los genitales para obligarlos a declarar.
"Venimos a exigir al Procurador que ponga a la vista a estas personas a quienes aparentemente les han arrancado a punta de golpes las declaraciones que se han dado a conocer a la prensa y que se les presente públicamente para que quede claro cómo la Procuraduría obtiene las confesiones y continúa con la fabricación de pruebas que buscan tender una cortina de humo al proceso electoral", expresó.
Los legisladores también hicieron entrega de pruebas complementarias a la denuncia que presentaron hace dos semanas por la venta ilegal de tierras en Ucú.
Tres documentos fueron las pruebas aportadas: el decreto 77 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 25 de abril de 2008, donde consta la autorización que aprobó el Ejecutivo del Estado para el endeudamiento de los 360 millones para la compra de las tierra del Ejido de Ucú.
El segundo es un documento donde la CONAFOR hace constar que las tierras de Ucú son forestales y por tanto no pueden destinarse para otro uso que no sea ese.
Y el tercer documento es una copia del Estado que guarda la deuda pública del Ejecutivo hasta el 30 de septiembre del 2009, en donde se acredita que el Gobierno del Estado ya ejerció 343 millones de los 360 con los que se endeudó. Boletín del Partido Acción Nacional.