Aunque el Padrón de Contratistas vigente incluye a más de 400 diferentes constructores, diez de ellos facturaron el 54% del total de recursos ejercidos por la SOP y la DGVT durante el 2008 y el 2009

Según datos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y de la Dirección General de Vías Terrestres (DGVT) que obran en la página electrónica del Gobierno del Estado, en su apartado de Evaluación Índice de Transparencia y Disponibilidad de Información 2010, durante los ejercicios 2008 y 2009, diez contratistas —de 442 que contiene actualmente el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado— ejercieron el 54% del total de recursos destinados por ambas dependencias a la realización de obras públicas, mientras que el restante 46% de la inversión fue dividida entre otros doscientos contratistas aproximadamente.

Tal y como puede apreciarse en la tabla que esta investigación periodística incluye, esos diez contratistas, entre cuyos propietarios sobresalen parientes cercanos de prominentes políticos priistas, líderes y ex-líderes de cámaras empresariales y otros personajes históricamente cercanos al poder,  suscribieron contratos de obra pública con la SOP y la DGVT por un monto cercano a los $634 millones, $462 de los cuales correspondieron al 2008 y $171 al 2009.

Este presunto favoritismo para con algunos contratistas pudiera ser motivo de una revisión de las autoridades fiscalizadoras por si mismo, pero si además recordamos que hasta mayo de 2009 el 88% del total de las obras no habían sido concursadas como legalmente procedía (edición 71 de Artículo 7 del 11 de octubre del año pasado), nos encontramos posiblemente ante la punta del iceberg de un cúmulo de presuntas irregularidades cometidas en la asignación de contratos de obra pública que ameritarían exhaustivas auditorías por dichas autoridades (inclusive de la Secretaría de la Función Pública federal y la Auditoría Superior de la Federación, por estar involucrados también recursos de origen federal).

Para que Usted, estimado lector, se forme una mejor opinión al respecto, a continuación detallamos mayor información sobre estos diez contratistas, así como de las obras y los procedimientos por los que las mismas les fueron adjudicadas por la SOP y la DGVT:

1.- Por mucho, el contratista que le facturó más a estas dependencias fue Serine Constructora, S.A. de C.V. con $122.3 millones, importe que significó más del 10% del total de la inversión en obra pública realizada por ambas durante el 2008 y el 2009.Esta empresa es representada por el Ing. Antonio Chay Solís, su director general, quien durante varios años se desempeñó como titular de la División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad.

Según diversas fuentes, entre los socios de esta empresa —que nunca antes había realizado proyecto alguno en Yucatán ni cuenta con registro en la delegación local de la CMIC, aunque el boletín respectivo del gobierno del Estado la llamó "empresa yucateca"— está el señor Alberto Lacarra, yerno del actual Secretario General de la CNOP, Emilio Gamboa Patrón, quien, casualmente, estuvo en la presentación de este proyecto para la iluminación del periférico de Mérida al lado de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, escasos días antes de publicarse la convocatoria para la licitación mediante la cual se adjudicaría la obra.

Como se recordará, dicha licitación fue impugnada por algunos de los participantes en la misma por presuntas irregularidades, entre las que sobresalían las siguientes: Tiempo de entrega de propuestas insuficiente para el extenso catálogo de conceptos solicitados, lo que sugiere que la proyectista se coludió con la empresa ganadora a fin de proporcionarles previamente a ésta dicho catálogo; las lámparas ofertadas por la ganadora no cumplían con los requerimientos de intensidad necesarios, lo que las hacía más económicas que las ofertadas por los demás licitantes ( a fin de cuentas, las lámparas instaladas no fueron las ofertadas originalmente por Serine, lo que incremenró el costo de la obra de menos de $100 millones a los $122.3 millones referidos); dudoso proceso de apertura de propuestas que impidió la verificación de la documentación por todos los participantes, a los cuales además se les negó copia del acta respectiva; no se respetaron los tiempos mínimos establecidos en las leyes para los diversos actos de la licitación, etc.

Como puede apreciarse en el comunicado de prensa en donde se dio a conocer la iluminación del periférico, la obra se anunció costaría $93 millones. Sin embargo, por subsanar diversas irregularidades cometidas en la licitación que se adjudicó a una empresa de la que presuntamente es socio el yerno del actual Secretario General de la CNOP, Emilio Gamboa Patrón, se terminó pagando a dicha empresa $122.3 millones, casi $30 millones de más.

2.- En segundo lugar, con más de $88.1 millones facturados, está Constructora Lusen, S.A. de C.V. , presidida por el Ing. José Enrique Canto Vivas, ex-presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en nuestro Estado (CMIC) y del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, entre otros importantes cargos. Las obras (carreteras) realizadas por esta constructora fueron adjudicadas mediante licitación pública.

3.- Sauja Constructora, S.A. de C.V. ocupa el tercer lugar. Esta constructora, dirigida por el Ing. Andrés Sauri Jairala, le facturó en los dos años anteriores a la SOP $86.5 millones, de los cuales más de $63 fueron por adjudicación directa  (Reclusorio Femenil, edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, remodelación del edificio de la Secretaría de Planeación y Presupuesto), $1.6 por invitación restringida ( remodelación del edificio de la Secretaría de Obras Públicas) y el resto por licitación pública (ampliación del edificio del Registro Civil y Hospital General de Segundo Nivel en Tekax).

El Ing. Víctor May Vera, director general de Cicisa Diseños y Construcciones, S.A. de C.V. y presidente de la delegación local de la CMIC, en una reunión de integrantes de esa agrupación con la candidata priista a la Alcaldía de Mérida, Angélica Araujo Lara. La empresa de May Vera le ha facturado a la SOP $85 millones en los dos últimos años.

4.- En el cuarto lugar se ubica Cicisa Diseños y Construcciones, S.A. de C.V. con una facturación de $85.2 millones entre el 2008 y el 2009. El Ing. Víctor Manuel May Vera,  actual presidente de la delegación local de la CMIC, la preside. Por adjudicación directa se le otorgaron contratos de obra que superan los $64 millones (rehabilitación del aeropuerto de Chichén Itzá, construcción del Centro Integral de Seguridad Pública en Valladolid y edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y trabajos complementarios en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida), $1.5 millones más le fueron adjudicados por invitación a tres (rehabilitación del edificio del Centro de Atención a Víctimas del Delito) y $19.6 millones le fueron adjudicados mediante licitación pública (rescate del Centro Histórico de Valladolid).

5.- Con una cifra cercana a los $71 millones facturados, el quinto lugar lo ocupa Construcciones y Electromecánica de Mulsay, S.A. de C.V., empresa dirigida por el Ing. Miguel Ángel Morales Bojórquez. Curiosamente esta empresa no aparece en el Padrón de Contratistas del gobierno del Estado, aunque por información pública se aprecia que le ha trabajado al gobierno estatal, al menos, desde la administración pasada. Según consta en el listado de contratos de obra pública, todos los contratos le han sido otorgados mediante licitación pública (construcción de diversas carreteras y "programa integral para la consolidación del Centro Histórico de Izamal").

6.- En sexto lugar se ubica Maxiconstructora Hidráulica y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. , empresa dirigida por el Ing. Raúl Alberto Aguilar Baqueiro, con una facturación en los dos años de $43.3 millones. Los contratos de obra le fueron asignados como sigue: $3.2 millones mediante invitación a tres concursantes (unidad deportiva en Progreso y construcción de banquetas y guarniciones en Mérida) y los restantes $40.1 millones mediante licitación publica (diversas carreteras y Hospital General de Segundo Nivel en Tekax).

7.- Constructora Regional Corporativa, S.A. de C.V., empresa encabezada por el C. Ricardo Javier Gamboa García y constituida según su registro federal de contribuyentes en septiembre del 2007, le facturó $38.3 millones a ambas dependencias estatales por contratos de obra pública, lo que la ubica en el lugar 7. De este monto, $11.7 millones aproximadamente le fueron adjudicados en forma directa (edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, parque recreativo y canchas de usos múltiples en Molas, calles en Kanasín) y el resto mediante licitación pública (construcción de banquetas y guarniciones en Mérida, conservación y modernización de carreteras, mejoramiento urbano en Progreso).

8.- En el lugar 8 aparece Asesoría Proser, S.A. de C.V., que durante el 2008 facturó $37.9 millones a la Dirección General de Vías Terrestres (en el 2009 no se le reporta ningún contrato de obra pública adjudicado) por la construcción del camino Muchucuxkah-Pocbichén, la construcción de un puente en el libramiento de Valladolid y obras complementarias en el puente de San Ignacio. Todas esas obras se reportan fueron licitadas. Esta empresa es propiedad de Raúl Ancona Riestra.

9.- Edificaciones Castro y Asociados, S.A. de C.V., empresa propiedad del Ing. José Eduardo Castro Castillo se ubicó en el noveno lugar al facturar $37.1 millones. De este importe, $17 millones se le adjudicaron en forma directa para la construcción del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y la ampliación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, $6 millones por invitación a tres para la construcción del Centro Paralímpico y el resto mediante licitación pública para la construcción de banquetas y guarniciones en Mérida y la construcción del Hospital de Segundo Nivel en Valladolid.

10.- El lugar 10 lo ocupa la contratista Alumher, S.A. de C.V., representada por el C. Alberto Manuel Peraza Cuevas, la cual facturó  $23.9 millones entre el 2008 y el 2009. A esta empresa le fueron otorgados por adjudicación directa dos contratos para mantenimiento al hangar del gobierno estatal en el aeropuerto de Mérida y a ciertas oficinas de la SOP, por un monto aproximado a los $370 mil por ambos; por invitación restringida realizó una ampliación y remodelación al edificio de la PGJE que tuvo un costo ligeramente superior a los $5.1 millones; y por licitación pública se adjudicó sendos contratos para la realización de canchas de usos múltiples en dos escuelas de la ciudad de Mérida que conjuntamente terminaron costando una cifra cercana a los $18.5 millones, cantidad que —como informamos en su oportunidad— superó por más del doble los presupuestos más holgados que para esas obras efectuaron algunos constructores a solicitud de Artículo 7.

¿Hay favoritismos en el otorgamiento de contratos de obra pública? ¿Hay contratistas beneficiados con procedimientos amañados o simulados y obras sobrepagadas? ¿Cuántos de estos contratistas que encabezan el top ten caen en esos supuestos? Usted, estimado lector, ya dispone de la información para responderse esas preguntas. JECM.