1993 palabras
La fabricación de pruebas y expedientes por parte de las autoridades judiciales del Estado, en contra de ciudadanos que se manifiestan disidentes del gobierno o que critican el desempeño de Ivonne Ortega Pacheco, no es más que el reflejo de un gobierno ineficaz y sin proyectos, que busca tender una "cortina de humo" para tratar de esconder actos de vandalismo e ilícitos de políticos y funcionarios del gabinete estatal.
La Procuraduría del Estado, en el afán de encubrir y tender una cortina de humo en el caso de los diputados Felipe Cervera Hernández —federal— y Elsa Sarabia Cruz —estatal—, y la candidata del PRI a la alcaldía de Hoctún, Flor Acosta Novelo —tres que fueron sorprendidos en la comisaría San José Oriente comprando credenciales de elector— ahora acusan a la diputada federal panista por el Distrito Federal, Silvia Pérez Ceballos y a Luis Montoya Martínez, integrantes del equipo de campaña de Beatriz Zavala Peniche, de contratar a 7 personas a las que, además, injustamente se les acusa de querer desestabilizar las próximas elecciones.
Inmediatamente después de que el diputado priista Ismael Peraza Valdez fuera brutalmente golpeado y que, como resultado, tuviera fractura expuesta de antebrazo, y que él acusara y responsabilizara de ese hecho a la policía política, dirigida por el secretario de seguridad pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, fueron detenidas 7 personas que no tienen vela en el entierro y obligadas a confesar su relación con el PAN. Ese mismo día se les "siembra" un juego de placas del estado de Campeche y fotografías del diputado Peraza Valdez y de su casa, con la intención de presentarlos como sus agresores.
Lo anterior fue desmentido inmediatamente por el diputado, quien, al ver las fotografías de los detenidos, declaró que a ninguno reconocía como su agresor y que la policía estaba buscando "chivos expiatorios".
Peraza Valdez, a su salida de la clínica donde convalecía, se presentó ante el Ministerio Público Federal para denunciar los hechos debido a que no confía en el Ministerio Público del Estado. La denuncia fue recibido por el licenciado Juan León León, encargado de la delegación de Yucatán.
De la misma forma, son muchos los casos en que se han buscado "chivos expiatorios" para encubrir delitos graves de funcionarios y autoridades estatales, como el caso del ingeniero Wafé Kuri Torre, quien es acusado de la muerte de su esposa, Rosa María Arceo Ochoa, y que él afirma que fueron policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, comandados por Luis Felipe Saidén Ojeda, quienes cometieron el artero crimen.
Si el índice delictivo del Estado está en primer lugar a nivel nacional como el más bajo, no es por la efectividad de nuestro sistema de justicia, sino porque Yucatán es habitado por personas pacíficas y hospitalarias.
La realidad es que existen muchas denuncias de abuso de autoridad y de robo cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Delitos que, por el contubernio con las autoridades de la Procuraduría del Estado, ¡no se castigan!
Por el contrario, cuando se trata de personas que no comulgan con las autoridades emanadas del PRI, el cuñado de la gobernadora y procurador del Estado, Héctor Cabrera Rivero, en contubernio con Luis Felipe Saidén Ojeda, no tienen empacho en fabricar y sembrar pruebas, como está ocurriendo con los jóvenes Víctor Manuel Canché y Steve Alejandro Rizos, que por vender camisetas con la leyenda: "Yo chiflé a Ibom" fueron arrestados por una supuesta denuncia de José Claudio Campos Pech, quien declaró que, al comprar una camiseta, le dieron como cambio un billete falso. No estando conformes con la detención de los jóvenes, la policía los torturó para que dieran el nombre de la persona que imprimía las camisetas y para intimidar a las personas que pretendieran venderlas de nuevo. Ya antes, la empresa Mayan Xic, comenzó a vender dichas camisetas y tras recibir amenazas del PRI-Gobierno dejaron de imprimirlas y venderlas.
Otro caso que por activismo político es objeto de represión de la policía y del "sembrado de pruebas" es el que vivió en carne propia Lorenzo González Peraza, dueño del local de La Casa de Todos, donde jóvenes estudiantes se reúnen para conversar y tomar café. Agentes de la policía llegaron y con lujo de violencia, de manera cruel y denigrante, fueron detenidos por la supuesta "posesión de drogas". Los jóvenes y el dueño del local fueron tirados al piso, los pisaron, los encañonaron y les robaron su dinero.
Luis Felipe Saidén Ojeda fue director de la Policía de Cancún. Fue implicado en las narco-ejecuciones registradas en ese centro turístico en 2004. Finalmente, por cuestiones de forma y no de fondo, fue absuelto por el Juzgado Colegiado de Circuito en Cancún, con relación al expediente PGR/SIEDO/UEICDCS/329/04. Durante el proceso, Saidén Ojeda se mantuvo prófugo de la justicia, ya que había una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Tercero de Distrito de esa misma ciudad, por presuntamente haber protegido a gente ligada a las drogas. Se dice que se refugió en alguna ciudad de los Estados Unidos.
"El Halcón", su nombre clave por radio durante su periodo como secretario de protección y vialidad en el gobierno encabezado por Víctor Cervera Pacheco, debe estar muy nervioso. Esto lo declaró a un medio local el senador Hugo Laviada, quien dijo: "Ahora mismo Saidén debe estar muy nervioso por lo que Mario Villanueva Madrid —acusado también de narcotráfico— declare en Nueva York. Hay que recordar que Villanueva vino a esconderse a Yucatán en el último año del gobierno de Víctor Cervera Pacheco. Es imposible que ese encubrimiento se haya dado sin la complicidad de su jefe policiaco, que era Saidén".
En esa misma entrevista, el senador dijo: "El procurador, al igual que Saidén, está más dedicado a hacer de policía política que a hacer su trabajo. En lugar de estar inventando organigramas y expedientes que vinculen artificialmente y de manera inverosímil a panistas con la golpiza a Ismael Peraza, yo le preguntaría "¿ya investigó con la misma celeridad quién firmó los cheques por $343 millones para la compra de tierras en Ucú?"
Las quejas de ciudadanos en contra de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública y de sus elementos, comandados por Luis Felipe Saidén Ojeda, han ido creciendo año a año.
A partir del primero de agosto de 2007 a la fecha las denuncias por abuso de autoridad y robo, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se han incrementado, según un reporte que la misma corporación proporcionó a un ciudadano que solicitó dicha información. De 2007 a 2008 hubo un incremento de más de 100%.
Durante 2008 se registraron 195 casos de ciudadanos que sufrieron abuso de autoridad, entre los que se encuentra la agresión física y 78 casos de robo que policías realizaron a ciudadanos que transitaban por las calles.
Ese mismo reporte indica que de 2008 a 2009 hubo un incremento de 77% en los casos de abuso de autoridad, con un total de 252 casos y de 15% de robo, con un total de 87 casos. Hay que imaginarse los casos no denunciados y los que la Secretaría no reportó.
Prueba de ello es la golpiza que recibieron los 7 detenidos y las declaraciones burdas y sin credibilidad que el procurador Héctor Cabrera realizó a los medios de comunicación con el fin de golpear al PAN y a su candidata Beatriz Zavala Peniche.
Los 7 detenidos fueron salvajemente golpeados para arrancarles las declaraciones que el procurador Cabrera Rivero requería. De la golpiza existe la fe ministerial realizada por el juez segundo de distrito federal. Legisladores federales exigen que se muestren a los detenidos ante la prensa para constatar el estado de salud de cada uno de ellos, cosa que la Procuraduría se niega a hacer para no quedar evidenciados.
Los 7 detenidos fueron salvajemente golpeados para arrancarles las declaraciones que el procurador Cabrera Rivero requería. Tienen lesiones graves en testículos y en varias partes del cuerpo. De la golpiza existe la fe ministerial realizada por el juez segundo de distrito federal. Legisladores federales exigen que se muestren a los detenidos ante la prensa para constatar el estado de salud de cada uno de ellos, cosa que la Procuraduría se niega a hacer para no quedar evidenciados. Organizaciones civiles de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya intervinieron para investigar y dar con los responsables.