Un mensaje en su celular condujo el aviso, texto íntegro como fue recibido:

"SERA MUY SENADOR DEJE DE ESTAR ACUSANDO AL JEFE O SU CABESA (SIC) VA A RODAR POR MERIDA IGUAL COMO RODO LA DEL JEFE DIEGO. SABEMOS DONDE VIVE Y SUS FAMILIARES NOSOTROS NO JUGAMOS PENDEJO".

Esta amenaza provino del teléfono celular número 999-102-3245, a las 5 horas con 57 minutos de la tarde del sábado 15 de mayo de 2010.

En esta manera ha comenzado una batalla que nadie en la sociedad habría querido vivir. A las 21 horas con 50 minutos el senador Hugo Laviada Molina se encuentra en la PGR (Procuraduría General de la República) para poner la denuncia correspondiente.

Hugo Laviada Molina había declarado en días pasados que "probablemente Saidén" estaría "nervioso" como resultado de la extradición de Mario Villanueva a los Estados Unidos. Ésta no se había dado porque los abogados de Villanueva utilizaron todos los recursos para impedirla.

Laviada Molina ha sido también incisivo en todas las declaraciones relacionados con los casos pre fabricados por el sistema policíaco de Yucatán y la PGJEY misma. Según el senador Laviada Molina, "ambas trabajan en contubernio" fabricando delitos y construyendo pruebas según las instrucciones de la misma gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

El caso más obvio es el representado por los sucesos en torno al diputado Ismael Peraza Valdez, de extracción priista, pero disgustado con su partido y con la gobernadora de Yucatán. Había sido seguido constantemente por judiciales que él mismo declaro "algunos eran bueno, otros malos". En entrevista con Artículo 7, el agredido diputado tuvo a bien explicarnos los hechos que él vivió.

La presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, declaró en Conkal que Ismael Peraza Valdez debería acudir a las instancias legales correspondientes para poner su denuncia. Esto ha sido hecho por Peraza —quien ha estado frecuentemente en contacto con el senador Laviada— y el resultado ha sido la detención de personas, en el poblado de Komchén, Yucatán, mismas de las cuales, inicialmente, la PGJE dijo: "se trata probablemente de los que atacaron al diputado Peraza... tienen placas de Campeche".

Conforme el caso ha avanzado, se ha llegado a saber que las placas fueron superpuestas, a las personas detenidas se les declaró "pertenecientes a un grupo de choque panista". Involucraron a otros panistas de la repúblicas, ajenos a Yucatán, quienes han negado sistemáticamente cualquier relación con esas personas o cualquier grupo de choque: "así no actuamos", han repetido uno tras otros los miembros de Acción Nacional a los cuales la policía yucateca y la PGJEY intentaron involucrar.

Los detenidos en Komchén se encuentran arraigados e incomunicados. La madre de los mismos declaró que "para no complicarles la situación" debería decir que "se encontraban bien y que no habían sido maltratados". Sin embargo, un actuario asignado a la investigación interna declaró haber visto que los arraigados muestran claros signos de tortura para provocar las declaraciones que el sistema policíaco yucateco "requiere".

Ha sido también pública y notoria la participación activa del senador Hugo Laviada Molina con otros legisladores de su partido, en la demanda interpuesta en contra del Gobierno del Estado de Yucatán por el caso del peculado consumado en el pago de terrenos ejidales de Ucú, pago sobre el cual el gobierno no cuenta con documento válido, fiscal, con el que pueda garantizar $340 millones según ellos mismos "ya pagados a los ejidatarios".

Los hechos están estableciendo una conexión muy peligrosa entre el grupo político del partido del presidente —entercado, como se esperaría, en combatir al crimen organizado— y cualquiera que sea el grupo al cual no le conviene la acción de limpieza nacional emprendida por el presidente, emanado del PAN, a todos los niveles.