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H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN.
El día de ayer se vivió en el Municipio de Mérida un ataque por parte de las autoridades municipales, a los derechos humanos de sus ciudadanos, quienes en ejercicio y uso de su derecho de expresión y asociación, se manifestaban pacíficamente en la llamada "Glorieta de la Paz".
Lo que voy a expresarles no me le contaron, ni me entere por terceras personas, ya que al acudir ante un llamado de mis representados, precisamente en el Distrito electoral que represento, lo viví en carne propia, como testigo presencial y directo de estos reprobables hechos.
Pero lo más reprobable y que me consta directamente, es que la autoridad municipal representada por la Arquitecta Angélica Araujo Lara, cometió graves delitos en contra de los ciudadanos indefensos, ya que subordinados de esa autoridad municipal, cumpliendo órdenes de sus superiores, agredieron a mansalva a los meridanos que ahí se encontraban pacíficamente concentrados, usando como armas los vehículos oficiales con logotipos del Ayuntamiento de Mérida, causando dichos ataques un estado de zozobra, indefensión, peligro de la vida y la integridad física de las personas, lesiones a ciudadanos, que dicha autoridad tiene la obligación constitucional de velar por su bienestar.
La ausencia de la autoridad y su omisión en su actuar generó un estado de anarquía y caos inconcebible en un estado constitucional y democrático de derecho.
Con esta actitud la Alcaldesa de Mérida violó gravemente todos los preceptos legales que como autoridad está obligada a cumplir y que hace poco menos de un año, juró ante la sociedad y públicamente acatar, pero que hoy demuestra con sus acciones precisamente lo contrario, un abierto y descarado desacato a todas las normas que la legitiman como autoridad y que ella misma, con su actuar violó grave y sistemáticamente.
Como Congreso tenemos la obligación constitucional de iniciar el juicio establecido en ley para fincarle responsabilidades a la Arquitecta Angélica Araujo Lara y concluir con la revocación de su cargo, mismo que ha deshonrado.
Nosotros los diputados como representantes de los ciudadanos y del pueblo, en quien reside la soberanía, tenemos el deber de velar porque se cumpla la ley y sancionar y remover a los malos funcionarios que atentan contra el pueblo meridano, para restituirle a la ciudadanía el pleno goce de sus derechos y garantías. Boletín del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado.