Comunicado firmado por Buenas Intenciones A.C, Círculo de la Diversidad Ricardo Zimbrón Levi, Colega O A.C. (Guadalajara, Jal), Comisión de Pueblos Indios en VIH/Sida, Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos Contra el SIDA A.C. (CHECCOS A.C. Guadalajara, Jal), Enlazados Frente al Sida (Estado de México), Grupo GAPES, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Kookay, Ciencia Social Alternativa, Magnitud Rosa, Oasis de San Juan de Dios A.C, Programa Compañeros (Ciudad Juárez, Chih), Red de Personas Afectadas por VIH A.C., Salud, Derechos y Justicia (Distrito Federal), Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C. y Yucatrans

El 4 de diciembre de 2010, cuatro personas que se identificaron como agentes de la Policía Judicial del estado de Yucatán, pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia, detuvieron arbitrariamente, incomunicaron y golpearon a José Ricardo Maldonado Arroyo, Director de la Red de Personas Afectadas por VIH AC (Repavih).

Los hechos sucedieron cuando agentes judiciales se apersonaron en una reunión privada realizada en un domicilio de la Colonia Miguel Alemán de la ciudad de Mérida para exigirle a Maldonado Arroyo información sobre una persona a la que la Policía buscaba. Los policías, uno de los cuales se identificó como Israel Pech, portaban chalecos con las siglas de la Procuraduría General de Justicia del estado y requirieron a Maldonado Arroyo que saliera del domicilio en cuestión.

Una vez fuera, y a pesar de no contar con documento alguno que justificara la detención, lo tiraron al suelo, lo esposaron y, con lujo de violencia, lo subieron a un automóvil. Una vez en el vehículo le taparon la cara con su propia camisa e iniciaron un recorrido, en el cual lo cambiaron cuando menos en 4 ocasiones de automóvil. Durante todo el trayecto, los policías interrogaron a Maldonado Arroyo sobre el paradero de una persona a la que él no conocía, así como sobre las actividades de Repavih. Ante la imposibilidad de Maldonado Arroyo de responder sobre el paradero de esa persona, los policías lo golpearon en rostro, espalda y estómago y lo amenazaron de distintas maneras, incluyendo amenazas de carácter sexual en clara alusión a la labor que realiza Repavih.

Posteriormente lo trasladaron a lo que parecían unas oficinas, en donde continuaron interrogándolo, amenazándolo y golpeándolo para que señalara el paradero de la citada persona, a pesar de insistir en que no la conocía.

Finalmente y después de más 5 horas de mantenerlo detenido arbitrariamente e incomunicado, lo dejaron frente a su domicilio, alrededor de las 3 de la mañana del día 5 de diciembre, no sin antes amenazarlo de que si denunciaba "iban a proceder en contra de él" "que ya lo tenían ubicado a él y a su familia" Cabe resaltar que los policías en cuestión le retuvieron su credencial para votar, y le sustrajeron dinero.

Los hechos anteriormente narrados fueron denunciados por Maldonado Arroyo la misma madrugada del día 05 de diciembre ante la agencia octava del Ministerio Público. De igual manera, se solicitó, desde el momento en que fue detenido e incomunicado, la intervención de la Comisión de derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), quien ya tiene conocimiento del caso.

La violenta y arbitraria detención, incomunicación y maltrato físico y psicológico sufrido por Maldonado Arroyo constituye una grave violación a derechos humanos en contra de una persona cuya labor en los últimos años ha consistido en defender los derechos de las personas afectadas por el VIH/Sida. La utilización de métodos ilegales por parte de la Policía Judicial del estado exhibe la incapacidad de la Procuraduría de Justicia para realizar investigaciones apegadas a derecho y la persistencia de prácticas que son incompatibles con un estado democrático de derecho. Además, y en este caso, implican un ataque directo a un defensor de derechos humanos y a la labor que realiza Repavih.

Por todos los hechos anteriormente descritos, hacemos responsables al Gobierno del Estado de Yucatán, y especialmente a la Procuraduría General de Justicia del estado de cualquier suceso que menoscabe la integridad y seguridad personales del C. José Ricardo Maldonado Arroyo, de su familia y de los otros integrantes de la Red de Personas Afectadas por VIH, en razón de que se ha denunciado oportunamente la situación de riesgo que se presentado.

Por lo anteriormente señalado, exigimos al Gobierno del estado de Yucatán:

PRIMERO. Una investigación seria, imparcial y expedita sobre los hechos, así como la sanción de los presuntos policías judiciales que incurrieron en esas conductas.

SEGUNDO. Se garantice la integridad física y psicológica de José Ricardo Maldonado Arroyo, de su familia, así como de los colaboradores y colaboradoras de la Red de Personas Afectadas por VIH