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Artículo de Scott Stewart publicado en Stratfor el 19 de abril
El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, hasta ahora favorito para la elección presidencial en julio, dijo a Reuters la semana pasada que, si resulta electo, aumentará la fuerza de la Policía Federal. Peña Nieto también expresó su deseo de crear una nueva gendarmería nacional, o una fuerza policía paramilitar, para sustituir al Ejército y la Marina, que actualmente combaten a los carteles criminales en los lugares más violentos de México. Según Peña Nieto, la nueva fuerza de gendarmería comprendería a unos 40,000 agentes.
Como ya lo ha señalado Stratfor, desplegar militares no es lo óptimo para aplicar la ley. Su utilización ha producido acusaciones de abusos de derechos humanos y ha traído críticas y presión política a la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, si la administración de Calderón aumentó considerablemente el uso de los militares en la lucha contra las drogas, no fue la primera administración en México en hacerlo. Ni siquiera el ex presidente Vicente Fox, quien declaró la guerra a los carteles en 2001, fue el primero en utilizar a los militares de esta manera. Hace más de un siglo que el gobierno mexicano se ha servido de los militares en operaciones antinarcóticos y para combatir criminales y bandidos en el México agreste del norte.
En los últimos años, México no ha tenido más remedio que desplegar al Ejército en la lucha contra el crimen organizado debido a la naturaleza violenta de los carteles y a la corrupción rampante en policías municipales y estatales. La creación de una nueva fuerza paramilitar proporcionaría al gobierno mexicano la opción de relevar a los militares en la tarea de aplicar la ley. Pero ese plan sería muy costoso y requeriría el consentimiento de las Cámaras de Diputados y de Senadores, lo que podría plantear obstáculos políticos. Pero quizás la tarea más difícil sea formar una nueva fuerza de policía que no adolezca de la corrupción que históricamente ha asolado a las fuerzas del orden mexicanas.
El concepto de una fuerza policial paramilitar no es nuevo. Han existido por años en Europa, ya sea como Carabinieri en Italia, la Guardia Civil en España y la Gendarmería Nacional de Francia. Como el nombre de la agencia de la policía paramilitar italiana implica, sus elementos, desplegados en zonas remotas, iban pertrechados con carabinas, más pesadas que las armas de los agentes de policía urbanos. De hecho, incluso los británicos, cuyos agentes van tradicionalmente desarmados, crearon agencias de policías paramilitares bien armados en sus posesiones coloniales remotas.
Algunas de estas organizaciones todavía existen, incluyendo la Policía de Frontera de Pakistán y los Fusileros del Assam en la India. En América Latina, los Carabineros de Chile tiene una larga y accidentada historia. En 2006, el gobierno de Colombia creó una moderna policía paramilitar, bajo la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, para enfrentar las amenazas planteadas por las Bandas emergentes ("Bacrim") y a los narcotraficantes.
Debido al éxito del gobierno colombiano en la lucha contra los narco-carteles y a su aptitud militar superior, los colombianos se han involucrado en la formación de personal para otros países en habilidades como inspecciones y ataques en helicóptero y el patrullaje en la selva. Esta formación colombiana es muy atractiva para países como México. Por esta razón, los sudamericanos han comenzado a ejercer una creciente influencia en la estrategia de México para combatir el narcotráfico. De hecho, las fiscalías de México y Colombia acaban de firmar un acuerdo, el 17 de abril, para compartir información relacionada con el contrabando de narcóticos. Debido a esta influencia, es probable que el modelo de los Carabineros colombianos haya sido considerado por los asesores de Peña Nieto para formar una policía paramilitar similar.
A diferencia de las tropas militares, los policías paramilitares son policías y reciben capacitación para policías, que es muy diferente de la formación militar. Pero los agentes paramilitares están normalmente más fuertemente armados que los policías regulares, y reciben entrenamiento complementario de tipo militar, que implica manejo en armas de fuego, maniobras y patrullaje. También tienen autoridad para imponer la ley, lo que significa que puede realizar investigaciones y arrestos. Aunque la policía paramilitar ha sido acusada de abuso contra los derechos humanos en algunos países, por lo general son más adecuados para tratar con civiles que los soldados, y tienden a crear menos tensión. Las tensiones derivadas de las acciones militares pueden ser significativas: en 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México recibió 2200 quejas contra el Ejército y la Marina-Armada de México.
Peña Nieto también pide que la Policía Federal pase de 40,000 a 50,000 elementos. En septiembre de 2008, Calderón envió al Congreso un plan de reforma de la para crear la actual Policía Federal. La reforma integral de Calderón fusionó las dos agencias federales del orden (la AFI y la PFP) en una organización llamada simplemente Policía Federal.
Además de la consolidación de la Policía Federal, Calderón también propuso que los agentes y reclutas fueran sometidos a escrutinio estricto y se les aumentara el sueldo. La idea era construir una fuerza más profesional y menos vulnerable a la corrupción. Asimismo, el plan de reforma de 2008 incluyó la unificación de las policías municipales (las instituciones más corruptas en México) bajo el mando de las policías estatales, con el propósito de que a los agentes se les exijan cuentas y se les controle mejor.
En un intento por mitigar los problemas creados por la interacción de la población con los militares, especialmente en las zonas urbanas, el gobierno de Calderón ha combinado a la Policía Federal y a los militares. Por ejemplo, en el Operativo Conjunto Chihuahua, la Policía Federal asumió todas las funciones de aplicación de la ley en las zonas urbanas del norte de Chihuahua, incluyendo patrullaje de la policía, investigación, operaciones de inteligencia, vigilancia, atención urgente y el funcionamiento del centro de llamadas de emergencia 066 para Juárez (equivalente al 911 de Estados Unidos). La Policía Federal también se encargó de operar en zonas de alto riesgo urbano para localizar y desmantelar la infraestructura de los narco-carteles aplicando la ley policialmente en vez de con el método militar.
Los militares asumieron un papel de apoyo, patrullaje y vigilancia en las zonas desérticas y se ubicaron en retenes estratégicos para frenar el flujo de narcóticos, armas y narcos. Estos roles y áreas de operación reflejan las capacidades de cada fuerza. Mientras que la Policía Federal está diseñada para funcionar en un entorno urbano e interactuar con la población civil, el Ejército está entrenado y equipado para realizar operaciones más dinámicas en un entorno rural. La nueva agencia policial paramilitar que se propone, asumiría este papel rural y mayor movilidad.
La administración de Calderón ha sufrido varios reveses por los elementos corruptos. Tal vez uno de los mayores obstáculos se encontró de inmediato, en octubre de 2008, cuando se descubrió que el 'zar antidrogas', Noé Ramírez Mandujano, recibía 450,000 dólares al mes del Cartel de los Beltrán Leyva, en concepto de proporcionar información sobre los operativos contra el narcotráfico. Desde entonces, ha habido numerosos casos en que los policías federales y estatales "nuevos y mejorados" han sido detenidos por corrupción. El ejército no es inmune al problema. Se ha capturado a soldados protegiendo cargas de narcóticos, e incluso un miembro del Estado Mayor Presidencial fue arrestado en diciembre de 2008 por figurar en la nómina de un cartel.
Si Peña Nieto fuera elegido presidente, sería difícil para su administración crear una policía incorruptible. Ciertamente, el gobierno mexicano ha perseguido agresivamente la reforma policial desde hace muchos años, con muy poco éxito. De hecho, la falta de credibilidad en la aplicación de la ley fue, y sigue siendo, un factor importante en la decisión del gobierno de México para recurrir a los militares y así contrarrestar el poder de los carteles de la droga. Como se señaló anteriormente, esta falta de confianza en la aplicación de la ley ha llevado al gobierno de Calderón a insistir en la reforma policial.
Un examen de la corrupción de México revela que los males del país van mucho más allá de las instituciones de gobierno. La corrupción que se ve en las instituciones gubernamentales es en realidad un síntoma de problemas más profundos, sistémicos y culturales. En pocas palabras, a menos que estas patologías sociales más profundas se curen, la reforma de una institución o una nueva institución no dará lugar a ningún cambio significativo. De hecho, el entorno se asegurará de que las instituciones renovadas pronto se corrompan. Esta corrupción de las instituciones nuevas ha sucedido en varias ocasiones, en México y en otros lugares.
El Departamento de Operaciones Antinarcóticas (DOAN) de Guatemala proporciona un ejemplo excelente de cómo la corrupción en el entorno puede afectar a una institución totalmente nueva creada para ser inmune a la corrupción. Puesta en marcha en la década de 1990 en respuesta a la creciente corrupción en la policía guatemalteca, para el DOAN se seleccionó uno a uno a los reclutas, quienes recibieron una formación adecuada y salarios suficientes para mantener a sus familias. El gobierno de Guatemala recibió ayuda significativa de Estados Unidos vía la DEA y el INL, que ayudaron a los guatemaltecos a seleccionar, capacitar y equipar a los agentes del DOAN.
Por desgracia para el gobierno de Guatemala y sus benefactores de Estados Unidos, los agentes del DOAN, con entrenamiento de alto nivel, equipamiento moderno y salario digno, al comenzar a actuar en el ambiente corrupto del país centroamericano, en pocos años empezaron a torturar y matar a los narcotraficantes, y a continuación robaban y vendían sus alijos. El DOAN fue disuelto en 2002 porque se había convertido esencialmente en una organización de tráfico de drogas.
México también tiene una larga historia de fuerzas de seguridad disueltas y creación de otras nuevas debido a la corrupción. Por ejemplo, la Agencia Federal de Investigación (AFI) que Fox creó en 2001 fue un reemplazo de la Policía Judicial Federal, disuelta debido a la corrupción rampante. La AFI fue modelado a imagen del FBI y se estructuró para bloquear la corrupción de otros organismos. A pesar de estas salvaguardas, a finales de 2005 la Procuraduría informó que 1500 de los 7000 AFIs estaban bajo investigación por sospecha de actividad criminal y 457 enfrentaban cargos criminales. Debido a esto, Calderón eliminó la AFI y formó la Policía Federal, que empezó a trabajar a principios de 2009.
La AFI de México y el DOAN de Guatemala demuestran que una institución competente, con policías bien pagados y bien equipados, no puede funcionar sola en una cultura que no está preparada para apoyarla y ayudarla a mantener su integridad. Con el tiempo, una institución adquirirá las características de la sociedad que la rodea. Esto significa que la creación de una agencia paramilitar ayudaría a resolver algunos de los problemas que afectan a México, al replegar a los militares para que ya no asuman funciones de policías. Pero una policía paramilitar no es la respuesta a los problemas más profundos de México.
La solución requiere un enfoque holístico que llegue mucho más allá de las instituciones policiales y militares, que haga frente a los profundos problemas económicos, sociológicos y culturales. Tal cambio global no será fácil de lograr. Requiere una gran cantidad de tiempo, dinero, esfuerzo y -críticamente- liderazgo. El próximo presidente de México tendrá muchos problemas que resolver.