Mérida, Yucatán, 13 de julio de 2010.- El Dip. Pedro Couoh Suaste solicitó al Congreso cumplir de inmediato con su obligación de fiscalizar la cuenta pública de los municipios, a fin de verificar las irregularidades hechas públicas con el inicio de las nuevas administraciones y, de comprobarse, se finquen responsabilidades porque se trata de presuntos desvíos de recursos públicos. Advirtió de las repercusiones que tendrían en los habitantes de los respectivos municipios los presuntos desvíos, ya que corren el peligro de quedarse sin servicios.

El legislador por el Partido Acción Nacional pidió que se instale de inmediato la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública para que comience la revisión de las cuentas de los municipios.

Señaló que hay que actuar de inmediato sin importar colores partidistas, aunque advirtió que la actuación del Congreso no debe ser utilizada como arma para la represión política.

En su intervención en tribuna en el punto de asuntos generales durante la sesión de hoy, el legislador panista detalló las numerosas irregularidades que se han dado a conocer sobre presuntos malos manejos de los recursos públicos, entre los cuales destaca el ex alcalde de Tizimín, José Luis Peniche Bates, a quien se comprobó lo que el Dip. Couoh Suaste había denunciado desde el 3 de noviembre de 2009: una nómina secreta en la que el ex primer edil y sus familiares obtenían ingresos adicionales y que arrojan un egreso de cerca de $400,000 al mes. Aparte hay quejas de apicultores quienes pagaron y no les entregaron el azúcar que requieren, obras en mal estado, pago de supuestos retroactivos, de 2007 a 2010, a algunos empleados, desaparición de tres camiones compactadores de basura etc.

Este desastre en municipios ya dio pie a la primera denuncia penal: el alcalde de Teabo, Freddy Peraza Balam, denunció el jueves pasado a su antecesor en el cargo, Francisco Javier Calderón Yah, debido a la deuda que dejó por casi $1.4 millones y un faltante de $1.07 millones en la cuenta del Ramo 33.

El ex alcalde de Kanasín Carlos Canché Baas vació la tesorería, desapareció equipo y dejó como herencia una deuda de $6 millones a la CFE. Otras deudas con la paraestatal son de Acanceh con $3 millones; Valladolid con $1.7 millones; Celestún, $226,967.68 (más $90,000 a proveedores diversos), Tahmek, $146,000; Tinum, $380,000; Progreso, más de $1 millón (además de $300,000 a Setasa que administra el relleno sanitario de Mérida) y Peto, más de $700,000.

—No se vaya a pensar que en todos los casos se trata de alcaldes salientes y entrantes de diferentes partidos. En Oxkutzcab, el priista Gualberto Ayora Cámara se queja de que su antecesor y compañero de partido, Juan José Martín Briceño se llevó hasta las ollas en el DIF y dejó deudas por $1 millón a proveedores y más de medio millón de pesos a la CFE —añadió.

—Todo lo anterior es sólo la punta del iceberg que asoma en el aspecto administrativo y financiero de los municipios —subrayó. Por eso urge la intervención de este Congreso para que cumpla con lo que marca la Constitución de Yucatán en su fracción VII del artículo 30 que le otorga la facultad de revisar la cuenta pública para "evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajusta a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los respectivos programas".

—El Partido Acción Nacional pide el esclarecimiento de todas las irregularidades detectadas, sin importar colores —continuó. Estamos a favor de la aplicación de la ley y del orden administrativo, sobre todo en estos casos en los que se trata de recursos públicos.

La diputada priísta Martha Góngora Sánchez consideró que las irregularidades son "presunciones de actos de algunos o de otros" y pidió no desconcentrarse del trabajo principal del Congreso que es el de hacer leyes.

—No politicemos los asuntos que incluso pudieran ser de interés para la ciudadanía —expresó.

Pidió denunciar las irregularidades encontradas y las sustenten. Boletín del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado.