Es muy humano decir que todos por igual tienen derecho a participar y dar su voz y su voto. Así, las cosas que harán los gobiernos tendrán la aprobación de todos, porque entre todos habrán definido qué es una mayoría.

Así, hoy, en México, el gobierno de Felipe Calderón fue electo por la minoría mayor, que en nuestra Constitución define el “mandato de la mayoría”. Por lo tanto, se le entregó a Felipe Calderón, en forma conjunta, la confianza de hacer lo que habría de ser más conveniente para México. Si decidió que la inseguridad era el tema central, lo hizo —ha de haber sido— porque muchas encuestas indicaban que ése era el tema más importante para grandes mayorías.

Yucatán tiene hoy un extraño gobierno. Ha tenido la oportunidad de manejar el presupuesto más grande de toda la historia. No sólo han sido las participaciones federales las más jugosas, sino el mismo presupuesto estatal ha sido, también, el más grueso que jamás se haya dado. Y, sin embargo, ha recurrido, de nuevo, al endeudamiento multimillonario. Ya son varios miles de millones de pesos los “contratados” con la banca regular para cubrir su déficit.

Pero —se pregunta uno— ¿cómo que déficit? A ver: ¿ha hecho una gran cantidad de obra pública? ¿Están los pagos a proveedores al día? ¡No, qué va! En tanto que el gobierno estatal 2001-2007 en todo momento superó en pesos las obras e inversiones del gobierno federal en Yucatán, desde 2007 hasta hoy —tres años— la única obra pública que se está haciendo en Yucatán está financiada con dinero federal. En otras palabras, Yucatán perdió una gran oportunidad al “castigar” —el sabio electorado— a los xavieres y a las anarosas. Hoy tendríamos en Yucatán obra pública de más del doble de la que se está dando. Los patricios, xavieres y las anarosas y demás empanizados, además de pelearse entre sí, ¡hacían buenos gobiernos financiera y administrativamente! ¿No es el resultado más importante que las relaciones entre los políticos?

Eso que Yucatán se está perdiendo, ¿quién lo está ganando? Por desgracia, ¡no lo sabemos! ¿Lo deberíamos saber? ¡Desde luego que sí! Es obligación legal del gobierno el ser transparente. Pero podemos anticipar algo: todo parece indicar que lo está ganando un partido político, el de la gobernadora, porque algo está haciendo que el electorado, los ciudadanos, el pueblo —vaya, pues, las mayorías— crean que eso es lo que “más les conviene”.

¿Revisamos la democracia o revisamos a los responsables de informar al ciudadano? ¡Mucho cuidado!