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A seis meses de la golpiza que recibieron por parte de porros identificados con el PRI y el Ayuntamiento de Mérida, ciudadanos y lesionados de la golpiza del 4 de julio aún siguen en espera de justicia, una, que al parecer nunca llegará.
De nada sirvieron fotos, videos, plantones, denuncias y solicitudes ciudadanas de justicia: el cabecilla de la agresión, Carlos Chalé Herrera alias Calín, empleado del Rastro del Ayuntamiento de Mérida, sigue sin pisar la cárcel, al igual que otros agresores identificados, como María Teresa Herrera Chalé, hermana del jefe de los porros, Felipe Díaz Novelo, Ramón Bacilio Pat Canul, Diego de la Rosa Rodríguez, Manuel Ché, y Carmen Campos Martínez, muy cercana a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y su familia, así como con la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, por mencionar a algunos.
Las autoridades estatales y municipales le han apostado al olvido de la sociedad, pero los agredidos y sus familias aún siguen luchando por mantener abierta esta herida, que es sinónimo de la falta de planeación, de la cerrazón, revancha y represión de los gobiernos de Ivonne Ortega y Angélica Araujo.
Hace seis meses, los ciudadanos se reunieron desde la madrugada para defender lo que les pertenece, o al menos se creía, era de los habitantes: la Prolongación del Paseo de Montejo, donde, la alcaldesa sin estudio de impacto ambiental, sin diálogo con los principales cámaras empresariales de la ciudad y colegio de arquitectos e ingenieros y mucho menos con la ciudadanía, decidió iniciar de manera furtiva la construcción del polémico paso deprimido.
Momentos angustiosos sufrieron el cónsul honorario de Holanda en Yucatán, José Enrique Gutiérrez López (de barba blanca) y el empresario Pablo Rivas, al tratar de defenderse del ataque de los porros.
Las agresiones se dieron desde esa misma madrugada del 4 de julio, pero nadie imaginó hasta dónde llegaría la revancha de las autoridades que en silencio preparaban a las hordas que irían a golpear y a amendentrar a mujeres, ancianos, estudiantes y ciudadanos que pacificamente se manifestaban en contra de la obra. Equivocadamente se sentían seguros, pues elementos de la Secretaría de la Seguridad Pública (SSP) custodiaban los alrededores. (Más tarde la gobernadora diría que estaban ahí únicamente para cuidar el tránsito y que tampoco intervinieron en auxilio de los ciudadanos para evitar males mayores).
Primero, empleados del Ayuntamiento de Mérida vestidos con camisetas blancas insultaban a los manifestantes y golpeaban con tubos a algunos reporteros. Luego, impidieron el paso de la Senadora Beatriz Zavala Peniche y de otros panistas que llegaron al lugar para conocer la situación que se estaba dando en ese entonces. Ni siquiera la orden del constructor de la obra, Raúl Ancona Riestra (fallecido hace 4 días), permitió el acceso a los funcionarios a la zona que los mismos empleados de la comuna, con o sin uniforme, habían cercado. De nada sirvió tampoco la promesa del Ing. Ancona Riestra de que nadie sería lastimado ni bajado a la fuerza de la maquinaria, pues cerca de las 2:30 de la tarde, la agresión comenzó.
Con palos, mesas, conos o con lo que encontraban a la mano, los porros comenzaron a golpear a la gente sin distinguir ni edad, ni sexo. Arrasaron con todos y hasta tiempo tuvieron de robar las pertenencias de sus víctimas. Todo sucedió ante la mirada complaciente de los elementos de la SSP, a quienes la gente pidió ayuda en innumerables ocasiones: nunca intervinieron.
Carlos Herrera Chalé, alias Calín, dando órdenes a los porros para golpear a los manifestantes. A pesar de fotos y videos que lo acusan como el cabecilla de la agresión, la Fiscalía del Estado no lo ha encarcelado.
Cuando los atacantes huyeron, la policía entró a resguardar el lugar. Ya "para qué", era demasiado tarde. La gente había sido golpeada, amedrentada y reprimida. No había nada qué hacer.
El cinismo de Angélica Araujo —negar en medios nacionales de comunicación la golpiza, asegurando que no hubo ningún herido y más tarde señalando que había sido una riña entre dos grupos— encendió los ánimos ciudadanos, que desde entonces, han pedido justicia en las calles y en las redes sociales. La caída política de Angélica Araujo había comenzado.
De acuerdo con los manifestantes en contra de la obra, el Paso deprimido se convirtió en la tumba política de Angélica Araujo.
Seis meses han pasado; se han realizado plantones, juicios políticos ciudadanos a los funcionarios involucrados en la paliza a los manifestantes y hasta un bautizo a la glorieta denominada por los agredidos como Glorieta 4 de julio, pero el movimiento no parará. Su lema es: 4 de julio, no se olvida.
Y las manifestaciones ciudadanas continuarán para que los meridanos y el mundo no olviden. L.I.