Lisa Correnti advirtió sobre un nuevo kit de herramientas preparado por la Federación Internacional de Planificación Familiar que supuestamente ayudará a la gente a efectuar reclamos sobre derechos sexuales ante órganos de derechos humanos de la ONU.

Agrupaciones proabortistas publicaron un kit de herramientas para que los activistas presenten demandas de derechos humanos contra países en las Naciones Unidas. Las organizaciones International Planned Parenthood Federation (IPPF) y Sexual Rights Initiative (SRI), coalición que aboga por los derechos sexuales y reproductivos en la ONU, editaron el kit de herramientas de Derechos Humanos 2012 para alentar a los defensores del aborto a documentar abusos contra los derechos sexuales y reproductivos, y presentar informes ante la ONU a través de la Revisión Periódica Universal (RPU).

La IPPF y la SRI utilizaron la revisión periódica del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para presionar a los países a fin de que liberalicen las políticas que atañen a los derechos sexuales y reproductivos. El mecanismo de la RPU fue establecido en 2006 para examinar la condición de los derechos humanos en todos los estados miembros cada cuatro años.

El kit fue desarrollado para que organizaciones no gubernamentales y activistas de la sociedad civil elaboren informes sobre lo que consideran como violaciones a los derechos sexuales en sus países. Las presentaciones pueden proceder de cualquier actor de la sociedad civil digno de crédito, incluso de aquellos que no están reconocidos por la ONU.

Se les alienta a buscar países aliados que se ocupen de su causa en las Naciones Unidas. Posibles candidatos son los países de Escandinavia y del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), que cuentan con algunas de las legislaciones más liberales de derechos sexuales y reproductivos.

La IPPF y la SRI afirman que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos e intentan incluir aparentes abusos de los derechos sexuales en el sistema encargado de los derechos humanos. Creen que la transparencia de la RPU impulsará los derechos sexuales al proporcionar una mayor rendición de cuentas de los gobiernos frente a una audiencia mundial.

El criterio de los partidarios de los derechos sexuales para involucrarse en la RPU de sus países es el conocimiento o la vivencia de leyes y políticas que impiden que las personas tomen decisiones libres e informadas sobre todo asunto relacionado con la sexualidad, la reproducción y el género. La SRI ofrece compensación económica en forma de honorario a las organizaciones o a los individuos de países subdesarrollados específicos que presenten informes de abusos sexuales.

Asimismo, dentro del contexto de los derechos sexuales, la IPPF y la SRI promueven la educación sexual integral para menores basada en los derechos. Instando a los gobiernos a crear ambientes en los que los niños puedan alcanzar su aptitud óptima, propugnan que los jóvenes tomen sus propias decisiones en relación con la vida sexual y reproductiva, incluso cómo, dónde y con quién tener relaciones sexuales.

Durante los últimos años, la SRI utilizó con éxito el sistema de revisión periódica a fin de nombrar y avergonzar a los estados para que modifiquen la legislación relativa al aborto, a la homosexualidad y a otras cuestiones de identidad sexual y de género. El año pasado, las asociaciones SRI e IPPF de Tailandia presentaron un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que recomendaba la despenalización de la actividad de las meretrices para reducir el estigma asociado a la prostitución y para obtener servicios de atención sanitaria y educación sexual para las prostitutas y para sus clientes. Finlandia hizo la recomendación solícitamente. El pasado mes de octubre el gobierno irlandés fue presionado a legalizar el aborto mediante una recomendación presentada por Noruega.

Recientemente surgieron críticas contra el sistema de órganos de la ONU creados en virtud de tratados y demandas de reforma por los estados miembros debido a que estos órganos excedieron su mandato y presionaron a los estados para que modifiquen sus políticas en materia de aparentes derechos que no existen en tratados ni protocolos internacionales.