La sociedad pregunta: ¿Existe justicia en México? ¿Podemos confiar en las autoridades que la imparten? ¿Por qué en el exterior México es sinónimo de violencia y delincuencia? ¿Realmente Yucatán es uno de los estados más seguros? ¿La justicia se aplica igual para todos?

Los cuestionamientos —presentes en todos los sectores— obtuvieron otra razón de ser el año pasado, al darse a conocer que México es una de las naciones con los peores sistemas de justicia, de acuerdo con el Índice sobre Aplicación de la Ley 2012 del Proyecto Mundial de Justicia (WJP).

Se evaluó a 97 países, colocando al nuestro  en el lugar 91, “principalmente por debilidades en los sistemas de investigación y adjudicación, discriminación rampante contra grupos vulnerables, corrupción entre jueces y procuradurías y violación de los derechos de debido proceso de los acusados”, explica el informe.

El índice se basó en cuestionarios a por lo menos 300 especialistas de cada país, reportes y datos de organismos internaciones y encuestas entre el público en general.

Este último aspecto, la opinión ciudadana, el más relevante. El buen funcionamiento de una sociedad se basa en la confianza en las instituciones y en el saber que cumpliendo con sus obligaciones para con ellas, estas le responderán de la misma manera. Sin embargo, el ideal se vuelve una utopía al saber que existen numerosas personas que claman justicia y que no la obtienen  a pesar de ofrecer pruebas irrefutables de que les asiste la razón.

¿Ejemplos? El sentir popular es que cada día aumenta el número de mexicanos a los que el sistema de justicia decepciona, pero llama más la atención que continúen ocurriendo episodios de esta índole en Yucatán, estado promovido por sus autoridades como “el más seguro”.

Recientemente, a un joven yucateco le tocó vivir un episodio que combina corrupción e influyentismo en estado. El 28 de octubre de 2012, asistió a un evento en el Club Campestre. En determinado momento, otro invitado, hijo de una persona con presencia política en Yucatán (precisamente en el partido que ahora está en el poder ejecutivo estatal y federal), empujó la silla de un acompañante del joven, casi tirándolo, a lo que este le pidió que tuviera más cuidado (los nombres se resguardan para no perjudicar el proceso judicial en curso).

Un par de horas después, el joven fue al baño y ahí fue abordado por el invitado y otro joven. El segundo lo sostuvo de los brazos para que el primero lo golpeara tres veces en el rostro. Entraron otras personas a separarlos y testigos de los hechos avisaron a sus acompañantes de lo sucedido. Los organizadores de la fiesta lo ayudan y le preguntan si llaman a una ambulancia, pero decide ir por sus propios medios al hospital.

Foto 1: Fotografía captada instantes después del ataque a joven yucateco, en la que se aprecian las heridas en el rostro

En el centro médico le suturan las heridas y más tarde acude a interponer la denuncia, presentando pruebas y fotografías, tanto de sus heridas como del estado en que quedó el baño después del ataque. Antes, le preguntó a los testigos si estaban dispuestos a declarar, a lo que le respondieron que sí.

Sin embargo, al llegar la cita para prestar declaraciones, el testigo principal le informó que no lo haría porque había recibido llamadas amenazándolo con perder su trabajo. Entonces, solo una persona testifica.

La contraparte entrega testimoniales del personal de limpieza del Club Campestre, en los que se afirmaba que no había pasado nada en el baño del lugar el 28 de octubre, a lo que el joven responde presentando, además las pruebas psicológicas y médicas, fotografías —tomadas por uno de los testigos— en las que se observa la sangre en el piso y lavabos.

Foto 2: Rastros de sangre en el baño del Club Campestre, poco después del ataque

En determinado momento, los demandados solicitaron el no ejercicio del caso y el director de averiguaciones previas lo acepta. El joven y su abogado envían un escrito a este funcionario, al Fiscal y al al Vicefiscal y al mismo para que liberen el expediente porque sí hay elementos para su consignación, lo que finalmente ocurre. Los procesos e investigaciones se llevan a cabo en el Juzgado Cuarto Penal de Mérida y la agencia 35 del ministerio público.

Ahora, la orden es muy clara y existe por parte de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, solicitando que el documento se integre lo más rápido posible y que se aporten las pruebas que están pendientes, entre ellas las testimoniales. Sin embargo, hay el temor de que con las actitudes intimidatorias a los testigos, estos no declaren, a pesar de que lo que se busca es que se presenten las pruebas del caso y las personas convocadas acudan a declarar, sin miedo a represalias, y que el proceso sea justo, que se castigue a quien resulte culpable.

Aquí, entra otro aspecto que es responsabilidad de los ciudadanos: la cultura de denuncia. El sentir popular de muchos mexicanos es que no recibirán justicia y que esta depende de cuánto dinero y poder se tiene, por lo que se prefiere callar. Así, el delito queda impune, enviando el mensaje a los que delinquen de que no importan sus acciones, saldrán librados.

La sociedad la formamos todos, instituciones, ciudadanos. Debemos exigir a las autoridades que cumplan con su deber, pero también tenemos que aceptar nuestra responsabilidad en la cadena de justicia y comprender que una acción delictiva perjudica a cada uno de los mexicanos, aunque pensemos que no.