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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de marzo.- Durante la actividad legislativa de la semana en el Senado, se aprobó una iniciativa en pos de proteger al consumidor al regular la figura de cobranza extrajudicial por parte de instituciones crediticias.
La reforma plantea eliminar las prácticas más comunes que utilizan algunos despachos con el fin de realizar la cobranza, como son: realizar llamadas a los hogares en horarios inapropiados como la madrugada, los fines de semana o enviando cartas intimidatorias y amenazantes donde en ocasiones se agrede verbalmente y de forma intimidatoria a los ciudadanos”, sostuvo el senador Ávila.
En la sesión ordinaria del jueves, los senadores de la LXII Legislatura conmemoraron por anticipado el día internacional de las féminas. En su intervención, el panista yucateco Daniel Ávila Ruiz dijo: “La mujer es parte esencial de nuestra sociedad. Su papel no debe recordarse una sola vez al año, ¡sino todos los días!”.
Así, la reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros planteada en esta iniciativa establece que la Procuraduría Federal del Consumidor sancionará de dos mil a cinco mil días de salario a las entidades comerciales que infrinjan cualquier disposición.
Esto asegura el respeto a la dignidad, tranquilidad e integridad psicológica de cerca de 5 millones de mexicanos, que según cifras del Buró de Crédito en México, presentan retrasos en sus pagos y son blancos de estos abusos.
Asimismo, el Senador por Yucatán se adhirió a una iniciativa presentada para fortalecer el servicio de telecomunicaciones en México.
“El objetivo central de esta iniciativa es facilitar el acceso para los usuarios y mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Finalmente esto se traduce en un esfuerzo por la reducción de tarifas” detalló Ávila Ruiz.
La propuesta introduce el concepto de servicio universal de telecomunicaciones, el cual deberá brindarse a todo usuario sin importar su localización, en condiciones de calidad y precio asequibles.
Para ello, se plantea otorgar a la Profeco de facultades que le permitan velar el cumplimiento de estos principios, al igual que el incremento de multas y sanciones cuando los concesionarios afecten los servicios de telecomunicaciones.
“En caso de que alguna empresa llegue a ser sancionada en más de dos ocasiones dentro de cinco años, la Cofetel podrá imponer una multa del uno al tres por ciento de los ingresos de esa empresa”, recalcó Daniel Ávila.